La crisis institucional en Colombia se ha profundizado drásticamente tras la escalada de declaraciones cruzadas entre el Ejecutivo saliente y el gobierno electo. El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, denunció formalmente que el mandatario en funciones, Gustavo Petro Urrego, y el excandidato presidencial de izquierda, el senador Iván Cepeda, están ejecutando un «plan B» para perpetuarse en el poder a través de un golpe de Estado.

La grave acusación se produce menos de 24 horas después de que el presidente Petro sacudiera el tablero político al manifestar públicamente que desconoce la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, argumentando un supuesto fraude cibernético y declarando de manera abierta que «el presidente de Colombia es Iván Cepeda».

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El «policía bueno» y el llamado a las Fuerzas Militares

A través de una alocución difundida en sus plataformas digitales oficiales, el mandatario electo para el periodo constitucional 2026-2030 desestimó los argumentos de la Casa de Nariño y arremetió contra la estrategia discursiva de la izquierda derrotada en las urnas. Según el líder de la derecha, el senador Cepeda estaría jugando tácticamente el rol de «policía bueno» al convocar jornadas de desobediencia civil pacífica con el único fin de encubrir la desarticulación del veredicto popular y el desconocimiento del orden legal.

Ante este panorama de inestabilidad institucional, De la Espriella emitió un mensaje vinculante dirigido directamente a la cúpula y las tropas de la Fuerza Pública, instándolas a actuar como los garantes finales de la carta constitucional:

“Les pido, como presidente electo, a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, aseveró con contundencia.

Asimismo, el próximo jefe de Estado elevó una solicitud de urgencia ante la comunidad internacional, los Gobiernos aliados de la región y los organismos multilaterales de la OEA para que activen misiones de observación especial en el país «hasta que haya cesado de manera definitiva este intento de golpe de Estado».

Fin al empalme presencial y directrices tecnológicas

La confrontación ha tenido un impacto colateral inmediato en la operatividad del Estado. De la Espriella ratificó y endureció las órdenes impartidas a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, de congelar y dar por terminadas todas las sesiones presenciales de las 22 mesas sectoriales de empalme con los ministros de la administración Petro.

El presidente electo enfatizó que, si bien la ley colombiana exige la transferencia de información pública entre gobiernos, esta no volverá a realizarse cara a cara con el equipo del ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila.

  • Vías alternativas: La recolección de inventarios, bases de datos y balances financieros se limitará al uso de canales digitales, cruces de bases de datos y plataformas en la nube.
  • Postura política: «No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas», argumentó De la Espriella, defendiendo el bloqueo técnico del proceso.

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La sombra de los regímenes totalitarios de la región

En el cierre de su intervención, el líder del proyecto de la autodenominada «Patria Milagro» trazó un paralelismo histórico e ideológico sobre las intenciones últimas que, según sus análisis de inteligencia, persigue el bloque del Pacto Histórico.

De la Espriella comparó las acciones del Ejecutivo colombiano con los procesos de consolidación del poder observados en otras latitudes de América Latina durante las últimas décadas:

“El plan de Petro siempre fue hacer exactamente lo mismo que hicieron los Castro en Cuba, lo que hizo su amigo Hugo Chávez en Venezuela, lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua y otros tiranos del populismo radical: quedarse en el poder para atornillarse”, concluyó el presidente electo.

La agudización de este conflicto político y jurídico se da en medio de un clima de máxima incertidumbre nacional, a tan solo un mes de la fecha estipulada para el relevo de mando presidencial el próximo 7 de agosto. Mientras las fuerzas políticas tradicionales y las cortes de justicia evalúan el alcance constitucional de los pronunciamientos, el país aguarda las declaraciones oficiales que emitirán la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de la Defensa frente a las directrices de desacato institucional emitidas desde ambas orillas del poder.