En una decisión de trascendencia histórica para la política migratoria y el orden constitucional de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de la nación ratificó este martes 30 de junio que la ciudadanía por nacimiento (jus soli) se aplica de forma irrestricta a todas las personas nacidas en el territorio estadounidense, independientemente del estatus legal o temporal de sus progenitores.
Con este fallo, la máxima instancia judicial del país declaró formalmente ilegal e inconstitucional la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, la cual buscaba desmantelar este derecho automático.
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La histórica sentencia se definió por un estrecho margen de cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta corte, cerrando así uno de los capítulos jurídicos más intensos desde el inicio del segundo mandato del líder republicano.
El amparo constitucional: La Decimocuarta Enmienda es inalterable
El dictamen de la mayoría del tribunal fue contundente al señalar que el derecho a la ciudadanía automática se encuentra plenamente consagrado en la Carta Magna y no puede ser modificado de forma unilateral mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
«Los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de la nación por lo que son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda«, reza el texto del fallo judicial.
Con este veredicto, el Tribunal Supremo preserva una interpretación jurídica e institucional que ha regido el destino del país por más de 150 años. Bajo este precepto, casi cualquier persona nacida dentro de las fronteras de la Unión Americana es considerada legalmente estadounidense, manteniendo vigentes las únicas excepciones tradicionales que contempla la norma, como los hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros en ejercicio de sus funciones.
División en el bloque conservador de la Corte
El debate interno en el palacio de justicia de Washington reflejó la profunda polarización técnica sobre la materia. El bloque conservador de magistrados evidenció fisuras clave al momento de la votación final:
- El voto disidente de Brett Kavanaugh: El juez conservador Brett Kavanaugh disintió parcialmente de la mayoría al manifestar que no comparte la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía. No obstante, tampoco respaldó el decreto de Donald Trump, argumentando que la orden ejecutiva eliminaba de facto y de forma desproporcionada la tradición constitucional del país.
- La oposición radical: Los otros tres jueces del ala conservadora votaron en contra de la mayoría al rechazar la idea de que la ciudadanía por nacimiento deba operar de forma «totalmente» automática para familias sin estatus migratorio regular.
Adiós a una de las promesas bandera de Donald Trump
La anulación de la orden ejecutiva representa el mayor revés judicial para la agenda de la Casa Blanca en lo que va de su gestión. Limitar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes en situación irregular fue una de las promesas más agresivas de la campaña presidencial de Trump.
El mandatario la materializó a través de un decreto firmado el mismo 20 de enero de 2025, el día en que asumió su segundo mandato, inaugurando una era de estrictas y restrictivas políticas de control fronterizo y migratorio. Proyecciones demográficas estimaban que la medida gubernamental habría afectado de forma directa a unos 255.000 niños al año, quienes habrían quedado en una situación de limbo jurídico y apatridia dentro del territorio.
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Datos frente al discurso oficial
Donald Trump ha argumentado de manera reiterada ante la opinión pública que la Decimocuarta Enmienda —ratificada originalmente en 1868 tras la Guerra de Secesión— ha sido «malinterpretada» por los tribunales modernos. Asimismo, el mandatario ha afirmado en múltiples discursos que Estados Unidos es la única nación del planeta que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática por el solo hecho de nacer en su suelo.
Sin embargo, los datos internacionales contradicen la postura del Ejecutivo: una treintena de países en todo el mundo reconocen el principio del jus soli de forma irrestricta, incluyendo a potencias y naciones del hemisferio occidental como Canadá, México, Brasil y Argentina, consolidando una práctica jurídica global para la protección de la infancia.
