En una decisión sin precedentes para el sudeste asiático, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció oficialmente este jueves 23 de abril de 2026 que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, será sometido a juicio. El exmandatario es señalado como el principal responsable de una campaña sistemática de ejecuciones extrajudiciales durante su controvertida política de seguridad nacional.
Unanimidad en los cargos contra el exmandatario filipino
La Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal con sede en La Haya fue contundente en su dictamen. Según el comunicado oficial del organismo, los jueces de instrucción «confirmaron por unanimidad todos los cargos de la fiscalía contra Rodrigo Roa Duterte y lo remitieron a juicio«.
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Esta decisión marca el final de una larga fase de investigación y ratifica que existen pruebas suficientes para procesar al político de 81 años, quien gobernó Filipinas entre 2016 y 2022 bajo una retórica de «mano dura».
Los cargos: Crímenes de lesa humanidad y ejecuciones sistemáticas
La fiscalía de la CPI ha estructurado su caso en torno a tres cargos principales de crímenes de lesa humanidad. La acusación se centra en la presunta implicación directa o instigación de Duterte en:
- Asesinatos selectivos: La fiscalía ha documentado inicialmente 76 asesinatos específicos directamente vinculados a operativos policiales y escuadrones de la muerte.
- Persecución: Acciones sistemáticas contra sectores de la población civil bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos.
- Otros actos inhumanos: Maltratos y abusos derivados de la política estatal de seguridad.
Una «fracción emblemática» de una tragedia mayor
Si bien los cargos formales se concentran en 76 casos, los fiscales de la CPI subrayan que estos representan apenas una «fracción emblemática» de la violencia desatada en el archipiélago.
Mientras las cifras oficiales del gobierno de Duterte reconocieron en su momento poco más de 6.000 muertes en operativos policiales, diversas organizaciones de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, estiman que la cifra real de víctimas fatales podría elevarse a decenas de miles, incluyendo civiles inocentes y menores de edad.
El desafío de la jurisdicción y la justicia internacional
El juicio contra Duterte plantea un desafío jurídico relevante. Cabe recordar que Filipinas se retiró de la CPI en 2019 por orden del propio exmandatario; sin embargo, el tribunal sostiene su jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país aún era Estado parte del Estatuto de Roma.
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¿Qué sigue para Duterte?
Con la remisión a juicio, se espera que la CPI emita las órdenes necesarias para garantizar la comparecencia del expresidente. Este proceso es observado de cerca por la comunidad internacional, ya que representa uno de los intentos más significativos de la justicia global por hacer rendir cuentas a un exjefe de Estado por abusos cometidos en el ejercicio de su cargo en el siglo XXI.
El actual gobierno de Filipinas no ha emitido una declaración oficial inmediata tras el anuncio de este jueves, pero el veredicto de la CPI intensifica la presión diplomática sobre Manila respecto a su cooperación con el tribunal internacional.
La Chambre préliminaire I de la #CPI confirme toutes les charges à l’encontre de Rodrigo Roa #Duterte et le renvoie en procès. En savoir plus ➡️ https://t.co/Ucl9JVCFzg pic.twitter.com/2Rs9cVyKlq
— CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) April 23, 2026
