En una decisión trascendental para la jurisprudencia con enfoque de género en Colombia, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema ordenó desarchivar y reactivar la investigación penal contra Hollman Morris, actual gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC). El proceso, que se remonta a una denuncia interpuesta por la periodista y escritora María Antonia García, vuelve a curso tras admitirse graves fallas institucionales en el manejo del expediente.
Este giro jurídico ocurre en medio de un clima de denuncia social impulsado por movimientos como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que han puesto bajo la lupa las conductas de poder en los medios de comunicación y el sector público.
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El origen del caso: Un «laberinto judicial» desde 2011
Los hechos denunciados se remontan a 2011, en Madrid (España). Según el relato de García, el encuentro ocurrió en un bar del barrio Lavapiés, donde ella pretendía entrevistarlo sobre el documental Impunity. La periodista sostiene que Morris la sometió a tocamientos indebidos y un beso forzado sin su consentimiento.
A pesar de que la denuncia formal se presentó en 2019, el proceso enfrentó múltiples obstáculos:
- 2022: El caso fue archivado inicialmente bajo el argumento de falta de jurisdicción, al haber ocurrido los hechos en territorio español.
- 2023: Tras una solicitud de reapertura, la Fiscalía volvió a negar el avance del caso, reclasificando la conducta como un delito de menor gravedad.
El fallo de la Fiscalía: «Violencia institucional» y falta de enfoque de género
La reciente resolución del 20 de abril de 2026 marca un hito al reconocer que el Estado falló en su deber de proteger a la víctima. La Fiscalía determinó que hubo un error en la «adecuación típica» del delito, al intentar tramitarlo como una simple «injuria por vía de hecho» en lugar de mantener la investigación por acto sexual violento.
“Cuando el operador judicial ignora los elementos específicos del tipo penal y lo califica erróneamente, despoja a la conducta de su carga jurídica y simbólica. No se trata de un simple fallo técnico, sino de una forma de violencia”, se lee en el documento oficial al que se tuvo acceso.
Para la defensa de García, liderada por la abogada María Camila Correa, esta reclasificación errónea constituyó una revictimización institucional. Al invisibilizar la agresión sexual, no solo se acortaron los plazos de prescripción, sino que se envió un mensaje de impunidad al no nombrar el delito por su naturaleza real.
La defensa de Morris alega «relectura forzada»
Por otro lado, la defensa técnica de Hollman Morris, encabezada por la abogada Claudia Cristancho, ha manifestado su rotundo desacuerdo con la reapertura del proceso. Cristancho sostiene que la acción penal ya se encontraba extinguida y que la decisión actual desconoce el debido proceso.
Argumentos de la defensa:
- Presunción de inocencia: Insisten en que Morris no ha sido vencido en juicio y que la Fiscalía ya había concluido previamente que no hubo acto sexual.
- Irregularidad procesal: Califican la decisión como una «relectura forzada» del expediente motivada por presiones externas y no por hechos nuevos.
- Seguridad jurídica: Aseguran que el Estado ya había perdido la facultad para investigar estos hechos específicos.
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El camino hacia la verdad procesal
Con el desarchivo del caso, el ente acusador deberá ahora subsanar las fallas detectadas y proceder con una indagación que aplique estándares internacionales de protección a la mujer. La reapertura no solo pone en vilo la situación jurídica del gerente de RTVC, sino que se convierte en un caso testigo sobre cómo la justicia colombiana debe tramitar delitos sexuales cometidos por figuras de alto perfil.
El debate ahora se centra en si la aplicación del enfoque de género —exigida por la Corte Suprema y la Corte Constitucional— permitirá finalmente que el caso llegue a una etapa de juicio o si, por el contrario, los argumentos de prescripción de la defensa prevalecerán en las instancias superiores.
