La Misión de Observación Electoral (MOE) ha encendido las alarmas en su más reciente informe sobre violencia política en Colombia. Aunque las cifras brutas de agresiones muestran un descenso, el organismo advierte sobre una peligrosa «transformación estratégica» de los ataques. El ciclo electoral 2025-2026 ha quedado marcado por el fantasma del magnicidio tras el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que ha retrotraído al país a sus épocas más oscuras de hace tres décadas.
Un descenso en cifras que oculta ataques más letales
Según los datos recolectados entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026, se registraron 435 agresiones, lo que supone una reducción del 25,3% frente al ciclo de 2022 (582 hechos). Sin embargo, para la MOE, este dato no es sinónimo de progreso.
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“Esta disminución no implica una mejora sustancial. Hay una transformación en la dinámica de la violencia que se orienta hacia el control territorial y a modalidades de agresión más focalizadas”, explicó Alejandra Barrios, directora de la organización.
En la práctica, los ataques son menos frecuentes pero más deliberados. Los líderes políticos —concejales, alcaldes y gobernadores— concentran dos tercios de la violencia. Los concejales en ejercicio, situados en la «primera línea» de la democracia local, son los más vulnerables con 57 ataques documentados.
El alarmante repunte del secuestro político
Uno de los datos más escalofriantes del informe es el incremento exponencial del secuestro. Mientras que en el ciclo electoral de 2022 se registró un solo caso, en el actual periodo la cifra se disparó a 14 incidentes, representando un aumento del 1.300%. Este fenómeno sugiere que los grupos armados han retomado el secuestro como una herramienta sistemática de presión política.
Geografía del Riesgo: Los puntos críticos
La violencia no se distribuye de forma uniforme. El informe identifica tres departamentos como los epicentros de la tragedia:
- Cauca: El más afectado del país, liderando en asesinatos, secuestros y el uso de tácticas de guerra innovadoras, como el lanzamiento de explosivos desde drones.
- Antioquia: Fuerte presencia de actores armados disputando rutas de control.
- Norte de Santander: Especialmente en la región del Catatumbo, donde el conflicto entre el ELN y disidencias de las Farc ha generado una crisis humanitaria sin precedentes.
El fracaso de la protección en las zonas de paz
Un capítulo crítico analiza las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Estas zonas, creadas para dar voz a las víctimas del conflicto, concentraron más de la mitad de los asesinatos de líderes a nivel nacional. La paradoja es total: los escaños diseñados para integrar estas regiones a la democracia se han convertido en blancos móviles para los grupos ilegales.
Además, la MOE denunció que los esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) están siendo vulnerados. Los vehículos y armas de los escoltas son ahora objetivos de robo, y se reportaron secuestros de personas protegidas incluso cuando contaban con seguridad activa en el Cauca.
Violencia de género y violencia vicaria
Respecto a las lideresas, el informe celebra una baja general en las agresiones frente a 2022. No obstante, por primera vez se documentaron cuatro casos de violencia vicaria en el ámbito político (ataques contra seres queridos para dañar a la líder), una modalidad tipificada recientemente por la ley colombiana en 2025.
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Recomendaciones para las presidenciales del 31 de mayo
De cara a la contienda por la Casa de Nariño, donde candidatos como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda han denunciado amenazas directas, la MOE exige medidas urgentes:
- Rediseño de esquemas de la UNP: Hacer la protección menos predecible, cambiando rutas, uniformes y vehículos.
- Protagonismo regional: Que alcaldes y gobernadores asuman la seguridad de sus líderes y no dependan solo de Bogotá.
- Corredores seguros: Implementar protocolos de movilidad en vías críticas como la Panamericana para los desplazamientos de campaña.
El panorama para mayo es de «máxima alerta«. El país se enfrenta al reto de garantizar que el próximo presidente de Colombia surja de las urnas y no sea definido por el estruendo de la violencia estratégica.
