En una decisión que ha sacudido los cimientos del proceso judicial por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recobró su libertad este martes 7 de abril. La determinación, fundamentada en el vencimiento de términos, marca un hito crítico en uno de los escándalos de desviación de fondos públicos más mediáticos de los últimos años.
El fallo del Tribunal
La magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, dio luz verde a la solicitud presentada por la defensa de Bonilla, liderada por el abogado Alejandro Carranza. El argumento central fue la superación de los plazos legales que tiene el Estado para formalizar la acusación contra un procesado bajo medida de aseguramiento.
Te puede interesar: Choque de poderes en la «Paz Urbana»: Fiscalía reactiva capturas mientras el Gobierno defiende diálogos en Itagüí
Cabe recordar que Bonilla fue imputado en diciembre pasado por tres delitos graves que lo vinculan directamente con el entramado de corrupción:
- Concierto para delinquir agravado.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Cohecho por dar u ofrecer.
Una carrera contra el reloj: ¿Hecho superado?
La liberación de Bonilla no ha estado exenta de controversia técnica. La Fiscalía General de la Nación, junto con la Contraloría e Invías, presentaron un recurso de apelación inmediato basado en un detalle cronológico que podría anular la decisión.
Según el ente investigador, el escrito de acusación contra Bonilla y contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue radicado en la mañana de este mismo martes (07.04.2026). Al haberse radicado formalmente la acusación antes de que la magistrada emitiera su fallo por la tarde, la Fiscalía sostiene que el vencimiento de términos ya es un «hecho superado».
«El plazo se cumplió con la radicación matutina. Por ende, la causal de libertad ya no existía al momento de tomar la decisión judicial«, argumentó el ente acusador durante la audiencia.
La batalla por los plazos: 120 vs. 240 días
Uno de los puntos de fricción legal reside en la interpretación de los tiempos procesales. Bajo la normativa colombiana:
- Término estándar: 120 días para presentar el escrito de acusación tras la imputación.
- Término especial: Al tratarse de delitos contra la administración pública, la Fiscalía asegura contar con un plazo doble, es decir, 240 días.
Bajo este cálculo, el organismo tenía plazo hasta el 16 de abril para actuar. Sin embargo, la defensa de Bonilla logró convencer al tribunal de que los términos ordinarios ya habían expirado, permitiendo que el exjefe de la cartera de Hacienda enfrente el resto del proceso fuera de las rejas.
También puedes leer: Fiscalía imputará a alias ‘Calarcá’ por delitos de lesa humanidad cometidos durante la «Paz Total»
¿Qué sigue para el proceso UNGRD?
A pesar de recuperar su libertad, Ricardo Bonilla sigue vinculado formalmente a la investigación. La radicación del escrito de acusación significa que el juicio está próximo a iniciar. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior deberá resolver la apelación de la Fiscalía para determinar si la libertad fue concedida en debida forma o si hubo un error de procedimiento al ignorar la radicación del documento acusatorio horas antes del fallo.
Este episodio añade una nueva capa de complejidad a un caso que mantiene bajo la lupa la transparencia en la ejecución de recursos destinados a la atención de desastres en el país.
⚖️ El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro Ricardo Bonilla González al concluir que los términos legales se vencieron sin acusación oportuna. 🔽🔽 https://t.co/H90McW6DJ0 pic.twitter.com/xhNbvO3o8q
— Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) April 8, 2026
