En un avance significativo para la justicia transicional y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, la Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra un oficial y tres soldados profesionales del Ejército Nacional. Los uniformados son señalados como presuntos responsables del asesinato de un campesino en zona rural del municipio de Arenal, departamento de Bolívar, en hechos ocurridos en abril de 2017.
El ente acusador sostiene que las víctimas del ataque eran civiles ajenos al conflicto, quienes fueron interceptados de manera irregular durante una operación militar dirigida contra la guerrilla del ELN.
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Los implicados: Un grupo de tiradores de alta precisión
La acusación recae sobre el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. Al momento de los hechos, los uniformados estaban adscritos al Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada, integrando un selecto grupo élite de tiradores de alta precisión.
De acuerdo con el expediente, la unidad militar se encontraba desplegada en la región con un objetivo específico: la ubicación y captura de un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conocido bajo el alias de ‘Cusi’.
Detalles del caso: Una orden letal y desproporcionada
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, reconstruyó los sucesos del 9 de abril de 2017. Según el pliego de cargos:
- La Intercepción: El teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subordinados detener a dos hombres que caminaban por la zona rural.
- La Reacción: Los civiles, presuntamente confundidos y atemorizados por el procedimiento, intentaron huir corriendo del lugar.
- El Ataque: Los militares abrieron fuego con sus armas de dotación para impedir la huida. El resultado fue la muerte inmediata de un campesino y la detención del otro civil.
«Los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran la orden de detenerse«, señala el comunicado oficial de la Fiscalía.
Víctimas ajenas al conflicto
La Fiscalía fue enfática al declarar que, tras el análisis de los elementos materiales probatorios, se confirmó que los campesinos atacados no tenían relación alguna con el objetivo militar. De hecho, el cabecilla alias ‘Cusi’ se encontraba en un punto geográfico apartado de donde ocurrió el incidente y fue capturado por otras unidades horas más tarde.
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Este hallazgo desvirtúa cualquier intento de presentar la baja como un «resultado operacional» legítimo, configurando lo que técnicamente se denomina en el derecho internacional humanitario como un ataque contra población civil.
Cargos por «Homicidio en Persona Protegida»
Debido a la naturaleza de los hechos y la condición de las víctimas, la justicia colombiana ha tipificado el delito como Homicidio en Persona Protegida. Este cargo es de especial gravedad, ya que implica la violación de las garantías mínimas que el Estado debe proveer a los no combatientes en medio del conflicto armado interno.
Con la acusación formal, se da inicio a la etapa de juicio donde se determinará la responsabilidad penal de los cuatro militares. Este caso se suma a la larga lista de investigaciones que buscan esclarecer las ejecuciones extrajudiciales y garantizar que las operaciones de las Fuerzas Militares se ciñan estrictamente a la Constitución y la ley.
