En un giro histórico a su legislación penal, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, 26 de marzo de 2026, la aplicación de la prisión perpetua para menores de 18 años vinculados a delitos de homicidio, violación y terrorismo. La medida se produce en el marco del cuarto aniversario de la ofensiva contra las pandillas liderada por el presidente Nayib Bukele.
Con 58 votos a favor de los 60 escaños del Congreso unicameral, la reforma a la Ley Penal Juvenil elimina el «procedimiento especial juvenil» para crímenes de alta gravedad, integrando a los menores en el catálogo de penas máximas que anteriormente solo aplicaba a adultos bajo condiciones específicas.
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Detalles de la reforma: ¿Cómo funcionará la pena perpetua?
El nuevo marco legal establece que la reclusión de por vida será la sanción estándar para aquellos jóvenes identificados como pandilleros o responsables de crímenes atroces. Sin embargo, el texto contempla mecanismos de revisión para evaluar la rehabilitación de los internos.
- Revisión para menores: Los condenados podrán optar a una revisión obligatoria de su pena tras cumplir 25 años de prisión. Un tribunal determinará su nivel de riesgo antes de considerar un régimen de «libertad controlada».
- Revisión para adultos: En el caso de los mayores de edad, la evaluación de la condena perpetua se realizará únicamente cuando hayan purgado entre 30 y 40 años de cárcel.
- Competencia Exclusiva: Los procesos contra adultos y menores que enfrenten estas penas serán tramitados por juzgados de lo Criminal con competencia especializada.
«Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol«, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, tras la votación.
Cuatro años de régimen de excepción y guerra antipandillas
La aprobación de la cadena perpetua coincide con la prórroga número 48 del régimen de excepción, medida que este viernes cumple cuatro años de vigencia ininterrumpida. Con 57 votos, el Parlamento extendió por 30 días más la suspensión de garantías constitucionales que permite detenciones sin orden judicial.
Según cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno:
- 91.650 presuntos pandilleros han sido detenidos desde marzo de 2022.
- Aproximadamente 8.000 personas han sido liberadas tras demostrarse su inocencia.
- La legislación anterior limitaba la condena máxima a 60 años de prisión, con beneficios por buena conducta que ahora quedan restringidos bajo el nuevo esquema.
Críticas y denuncias por Derechos Humanos
A pesar del amplio respaldo legislativo, la reforma ha reavivado las alarmas entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y sectores de la oposición. Organismos internacionales han señalado anteriormente que algunas medidas de la «guerra» contra las pandillas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El diputado Francisco Lira, del partido Arena, manifestó su preocupación por el estado de derecho en el país:
«Miles de salvadoreños sin vínculo de pandillas siguen esperando un juicio justo. Es lamentable que gente buena esté pagando por algo que no hizo«, denunció durante la sesión plenaria.
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Diversas ONG insisten en que el endurecimiento de las penas para menores contraviene tratados internacionales de protección a la infancia y advierten que muchos ciudadanos inocentes permanecen recluidos en el sistema penitenciario sin debido proceso.
Entrada en vigencia
La reforma constitucional y legal entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, consolidando el modelo de seguridad de Bukele como uno de los más severos del hemisferio occidental.
