El proceso judicial sin precedentes contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, vivió este jueves 26 de marzo de 2026 una jornada de alta tensión técnica en la Corte del Distrito Este de Nueva York. El eje central del debate giró en torno a una interrogante jurídica de implicaciones geopolíticas: ¿Puede un mandatario detenido utilizar recursos del Estado sancionado para costear su defensa privada?
El dilema de los fondos: La OFAC en el centro del debate
Durante la sesión, el juez Alvin Hellerstein evitó fijar una fecha definitiva para resolver la solicitud de la defensa, que busca desbloquear activos venezolanos bajo control de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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El fiscal Kyle Wirshba presentó una postura inflexible, argumentando que no existe base legal para obligar al Tesoro estadounidense a emitir licencias que liberen capitales congelados. Según la fiscalía, acceder a esta petición «socavaría la eficacia» de la política de sanciones de Washington, la cual busca restringir el flujo de capitales vinculados a la administración de Maduro.
Por su parte, el abogado defensor Barry Pollack insistió en que las restricciones financieras vulneran el derecho a una defensa técnica adecuada. Sin embargo, el juez Hellerstein fue tajante al responder a una sugerencia de desestimar el caso por falta de recursos: “No voy a desestimar el caso”, sentenció el magistrado.
Contradicciones en la política exterior
Uno de los momentos más destacados de la audiencia ocurrió cuando el juez Hellerstein cuestionó la rigidez de la fiscalía, señalando la naturaleza cambiante de las relaciones entre ambos países.
“Estamos haciendo negocios con Venezuela”, observó el juez, sugiriendo una posible inconsistencia entre la flexibilidad comercial reciente y la negativa de permitir el acceso a fondos para el proceso judicial.
Pese a esta observación, el fiscal Wirshba mantuvo que Maduro posee recursos propios suficientes para financiar su equipo legal, una afirmación que el señalado ha negado reiteradamente, declarándose en una situación de «indefensión financiera«.
Maduro y Flores: Bajo custodia federal
El aspecto visual de la audiencia subrayó la gravedad de los cargos. Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores comparecieron vistiendo el uniforme reglamentario de reclusos y utilizaron auriculares para seguir la traducción simultánea de los procedimientos.
A diferencia de su imagen habitual en Caracas, el comportamiento de la pareja fue discreto. Al concluir la sesión, Maduro estrechó la mano de sus representantes legales y se despidió con un escueto “Hasta mañana”, antes de ser conducido fuera de la sala por agentes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals).
Impacto político y vacío de poder en Venezuela
Mientras el proceso avanza en Brooklyn, el panorama político en Venezuela continúa en una fase de transición incierta. Tras la detención de Maduro en enero de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró su “ausencia temporal”.
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Actualmente, Delcy Rodríguez ejerce como encargada del Ejecutivo por un periodo inicial de 90 días. La estabilidad de este interinato depende de la evolución del juicio en Nueva York y de las posibles prórrogas que deba avalar el cuerpo legislativo venezolano.
Próximos pasos procesales
Tras el cierre de la jornada, un impresionante convoy de seguridad —que incluyó unidades blindadas y apoyo médico— trasladó a los acusados de regreso al Centro de Detención de Brooklyn.
Se espera que en los próximos días el juez Hellerstein emita una resolución escrita sobre la disputa de los fondos y defina el cronograma de las audiencias de descubrimiento de pruebas. Este caso no solo decidirá el destino jurídico de Maduro, sino que sentará un precedente sobre cómo los tribunales estadounidenses manejan el derecho a la defensa frente a regímenes de sanciones internacionales.
