En un movimiento sin precedentes para blindar la integridad de los próximos comicios, el Gobierno Nacional de Colombia confirmó que ofrecerá incentivos económicos a los ciudadanos que ayuden a desarticular redes de corrupción electoral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este jueves que se destinará un presupuesto específico para el pago de recompensas a quienes denuncien la compra de votos.
Una estrategia conjunta entre Interior y Defensa
La iniciativa, trabajada en coordinación con el Ministerio de Defensa bajo la dirección de Pedro Sánchez, busca romper el silencio en los sectores donde históricamente ha operado el fraude. Según el jefe de la cartera política, se otorgarán hasta $50.000.000 (COP) a quienes logren identificar y ubicar a los responsables de esta práctica delictiva.
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“Es la primera vez que la administración destina presupuesto para pagar recompensas por este delito. En los barrios todo el mundo sabe quiénes compran votos, pero la Policía no siempre está enterada. Debemos motivar la denuncia”, enfatizó el ministro Benedetti.
El Caribe en la mira: Órdenes presidenciales
Este anuncio respalda la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha reiterado que la persecución de los compradores de votos es una prioridad nacional. El mandatario ha hecho especial énfasis en la región Caribe, donde ha vinculado esta conducta con estructuras de criminalidad organizada.
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Canales seguros: La Presidencia abrirá una línea directa para recepcionar información ciudadana de manera anónima.
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Prioridad policial: La Policía Nacional tiene la orden estricta de detener en flagrancia a cualquier individuo que intente negociar el sufragio.
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Garantías electorales: El Ejecutivo ha instado a la Registraduría a mantener abiertos todos los puestos de votación para asegurar el ejercicio libre del derecho al voto.
Consecuencias legales: Cárcel y multas millonarias
La normativa colombiana es severa frente a los delitos contra los mecanismos de participación democrática. De acuerdo con el Código Penal, tanto el que entrega el dinero o beneficio como el ciudadano que acepta la oferta son responsables ante la justicia.
Las sanciones establecidas incluyen:
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Prisión: Penas de cuatro (4) a ocho (8) años de cárcel.
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Multas económicas: Sanciones que oscilan entre los 200 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Inhabilidad: Pérdida de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
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El rol de la ciudadanía
El Gobierno insiste en que la «pureza de las elecciones» depende de la vigilancia activa de la población. Con la implementación de este fondo de recompensas, se espera que el costo político y judicial para las mafias electorales aumente drásticamente en la recta final de la campaña.
