En un acto cargado de solemnidad y compromiso histórico, el Museo Casa de la Memoria de Medellín fue el escenario de una ceremonia de reconocimiento de responsabilidad sin precedentes. Un total de 85 integrantes de la Fuerza Pública comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para pedir perdón y reparar simbólicamente a las familias de 36 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, erróneamente denominadas «falsos positivos».
Los crímenes, perpetrados entre 2003 y 2008, dejaron una cicatriz profunda en el departamento de Antioquia. Según los registros de la JEP, entre las víctimas se encontraban siete menores de edad y dos mujeres, quienes fueron presentados falsamente como combatientes caídos en combate para inflar indicadores operativos.
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Unidades militares implicadas y la búsqueda del «resultado»
La investigación de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que los comparecientes pertenecían a cinco unidades militares estratégicas adscritas a la Cuarta Brigada. Estas unidades, bajo la presión de mostrar avances contra la insurgencia, tergiversaron la realidad para enviar un mensaje de victoria militar al país:
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Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrío’.
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Batallón de Artillería No. 4 ‘Coronel Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES).
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Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR 5).
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GAULA Antioquia y GAULA Rionegro.
«Montamos una mentira»: El crudo relato de los comparecientes
Durante el acto, al que asistieron más de 80 familiares, los militares no solo admitieron los crímenes, sino que detallaron la logística del engaño. Luis Fernando Toro Piedrahita, representante de los miembros del BAJES, fue enfático al reconocer la injusticia:
«Nosotros somos responsables de su dolor. Ellos debieron volver a casa y se los arrebatamos. Montamos una mentira, sus nombres fueron usados injustamente y los hicimos parte de un conflicto al que no pertenecían«, aseveró Toro Piedrahita.
Por su parte, el compareciente Andrés Cervantes Blanco subrayó la necesidad de limpiar el honor de las víctimas: «Queremos limpiar el buen nombre por la difamación y la estigmatización. Fallamos en proteger a los más vulnerables».
El camino hacia la resolución jurídica definitiva
Este acto de dignificación no es solo un gesto moral; es un requisito legal dentro del sistema de justicia transicional de Colombia. Los comparecientes que no son catalogados como «máximos responsables» pueden resolver su situación jurídica de forma definitiva mediante este proceso no sancionatorio, siempre que cumplan tres pilares fundamentales:
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Verdad Plena: Aportar detalles exhaustivos sobre la planificación y ejecución de los hechos.
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Reparación Simbólica: Acciones orientadas a la restitución del buen nombre de las víctimas.
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No Repetición: Asumir un compromiso verificable de que estos crímenes no volverán a ocurrir bajo ninguna circunstancia.
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La petición de las familias: «Limpiar el buen nombre»
Para los familiares de las víctimas, este evento fue el resultado de una lucha de casi dos décadas. Fueron ellos quienes solicitaron a la JEP que el acto se realizara de manera pública para desmentir oficialmente las acusaciones de que sus seres queridos eran delincuentes o guerrilleros.
La ceremonia marca un hito en el proceso de paz, recordándole a la sociedad que la construcción de la memoria histórica es esencial para cerrar las heridas de un conflicto que utilizó a ciudadanos inocentes como moneda de cambio para estadísticas de guerra.
