En un giro inesperado para la justicia transicional en Colombia, el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa, excomandante del Batallón de Infantería La Popa, ha decidido abandonar la vía del juicio adversarial para aceptar su responsabilidad como máximo responsable de 38 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como «falsos positivos».
La decisión, comunicada este 27 de enero de 2026, desactiva el proceso penal que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) adelantaba en su contra y modifica sustancialmente el futuro jurídico del exoficial, quien estuvo al frente de la unidad militar en Valledupar entre enero de 2004 y julio de 2005.
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El Subcaso Costa Caribe y la alianza con paramilitares
El expediente de Figueroa se enmarca en el Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cual investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate por agentes del Estado. Específicamente, el exmilitar está vinculado al subcaso Costa Caribe, que indaga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Las investigaciones de la JEP han revelado un patrón de criminalidad en el que integrantes del Batallón La Popa habrían establecido alianzas con estructuras paramilitares para identificar, retener y asesinar a civiles, con el fin de inflar los resultados operacionales de la unidad bajo el mando de Figueroa.
De 20 años de cárcel a una sentencia alternativa
Originalmente, el coronel (r) Figueroa se dirigía a un juicio oral y público tras haber negado inicialmente los cargos. De haber mantenido esa postura y ser hallado culpable, se enfrentaba a una pena de hasta 20 años de prisión ordinaria.
Sin embargo, su aceptación de cargos —aunque calificada como tardía por los términos procesales— le permite acceder ahora a los beneficios de la justicia restaurativa:
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Reconocimiento de verdad: El próximo 24 de marzo, a las 9:00 a.m., Figueroa deberá comparecer para detallar su rol en la política criminal de ejecuciones extrajudiciales.
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Pena alternativa: Tras la diligencia, la JEP podrá emitir una sentencia de entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, siempre que el aporte a la verdad sea pleno, detallado y exhaustivo.
El impacto en las víctimas de Valledupar
La audiencia preparatoria celebrada este martes en Valledupar (Cesar) sirvió como antesala para lo que será una de las diligencias más significativas del subcaso Costa Caribe. Las organizaciones de víctimas han señalado que la confesión de Figueroa es un paso necesario, aunque tardío, para conocer la cadena de mando que permitió estos crímenes.
«La aceptación de responsabilidad del coronel Figueroa no solo afecta su situación jurídica, sino que valida el dolor de las familias que durante dos décadas han denunciado que sus seres queridos no eran guerrilleros, sino civiles asesinados por el Estado», señalaron fuentes cercanas al proceso.
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Próximos pasos en la JEP
Con la cancelación del juicio adversarial que estaba previsto para marzo, la JEP se centrará ahora en la verificación del relato de Figueroa. El tribunal deberá determinar si su confesión aporta elementos nuevos sobre la participación de otros altos mandos o sobre la estructura de financiación de estas operaciones ilegales.
El país queda a la espera de la comparecencia del 24 de marzo, donde el excomandante del Batallón La Popa deberá mirar de frente a los familiares de las víctimas y explicar cómo se gestaron las 38 ejecuciones que hoy reconoce como parte de su responsabilidad de mando.
