El caso de los presuntos títulos falsos en la Fundación Universitaria San José ha dado un giro determinante. La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, presentó pruebas documentales que demostrarían irregularidades financieras y académicas en la titulación de Juliana Guerrero, exaspirante al Viceministerio de la Juventud y funcionaria de la administración del presidente Gustavo Petro.
Pagos extemporáneos: El cartón antes que la matrícula
La denuncia se sustenta en tres facturas electrónicas registradas ante la DIAN, las cuales revelan una cronología de pagos altamente sospechosa. Según el equipo de la congresista, Guerrero recibió sus títulos como Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable el 1 de julio del año pasado; sin embargo, los pagos por dichos conceptos se realizaron semanas después de estar graduada.
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El desglose de los pagos electrónicos realizados a finales de julio arroja inconsistencias administrativas graves:
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28 de julio: Pago de $1.000.000 en efectivo por concepto de derechos de grado.
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29 de julio: Pago de $2.000.000 por la matrícula de Tecnología en Gestión Contable.
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29 de julio: Pago de $4.776.300 por la matrícula del programa de Contaduría Pública.
En total, la institución recibió cerca de 8 millones de pesos de forma directa, confirmando que la funcionaria canceló sus derechos de grado antes de haber pagado formalmente la matrícula de las carreras de las que ya se había graduado.
Un patrón de irregularidades en la administración pública
Este hallazgo se suma a la denuncia previa de la representante Catherine Juvinao, quien alertó sobre la existencia de otros 24 casos de diplomas presuntamente irregulares. Estos títulos habrían sido otorgados a contratistas del Gobierno Nacional que se desempeñan en 16 entidades distintas.
Entre los casos más insólitos bajo investigación, figura el de un funcionario que habría obtenido cuatro títulos académicos en un solo día, lo que refuerza las sospechas de una red de «compra de acreditaciones» para cumplir con requisitos de cargos públicos.
Críticas a la inacción del Ministerio de Educación
La representante Pedraza cuestionó duramente la labor de los entes de control, específicamente de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación. Para la congresista, es inaceptable que los equipos legislativos hallen pruebas de delitos informáticos y falsedad documental con mayor celeridad que las autoridades gubernamentales.
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«Han pasado seis meses desde que destapé este escándalo. Los delitos están y las responsabilidades son claras, pero la inacción del Estado es evidente», sentenció Pedraza a través de sus canales oficiales.
Próximos pasos y consecuencias legales
La revelación de estas facturas electrónicas ante la DIAN constituye una prueba física que podría derivar en investigaciones penales por falsedad en documento privado y fraude procesal. Mientras la Fundación Universitaria San José guarda silencio sobre estos registros, el debate sobre la integridad de los funcionarios de la actual administración vuelve al centro de la opinión pública.
