La crisis entre el Gobierno Nacional y las regiones escaló este lunes tras el fracaso de una reunión clave de más de dos horas en la que se buscaba desactivar la llamada «rebelión de los gobernadores». A pesar de la presencia de los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, las partes no lograron un acuerdo sobre el Decreto de Emergencia Económica 1474 de 2025, dejando la disputa en manos de mesas técnicas y de la justicia constitucional.
Los mandatarios seccionales ratificaron su rechazo tajante al incremento de los impuestos al consumo de licores y cigarrillos, una medida que consideran un golpe mortal a las finanzas departamentales y un incentivo directo para el contrabando.
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Acción legal ante la Corte Constitucional
Ante la falta de soluciones concretas, la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que pasará a la ofensiva jurídica. En el transcurso de la semana, radicarán ante la Corte Constitucional una solicitud de suspensión provisional de los artículos del decreto que elevan el Impuesto al Consumo y el IVA para estos productos.
«Estamos defendiendo las rentas cedidas que garantizan la salud, la educación y el deporte en los territorios. Cualquier medida que contravenga la autonomía territorial debe ser objetada», afirmaron los gobernadores en un comunicado conjunto.
El impacto en cifras: El caso del Tolima
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, una de las voces más críticas en el encuentro, desglosó el impacto real de la medida en su territorio. Según Matiz, los incrementos en impuestos para vinos y licores oscilan entre el 50 % y el 100 %, lo que genera un efecto dominó devastador:
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Recorte inmediato: Reducción de más de $11.000 millones en el presupuesto departamental.
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Golpe a la industria local: Disminución del 30 % en las transferencias de la Fábrica de Licores del Tolima.
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Riesgo de mercado: Caída en las ventas por el desincentivo al consumo y el aumento desproporcionado de precios.
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«Reunión para la foto»
El escepticismo marcó la jornada. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, calificó el encuentro como una estrategia mediática del Ejecutivo. «No hubo acuerdo, solo humo. Esta fue una reunión para una foto que debió haberse tomado antes de decretar la emergencia», sentenció el mandatario antioqueño.
Por el momento, el Gobierno nacional mantiene la defensa de la emergencia económica, argumentando necesidades fiscales urgentes, mientras que 17 gobernadores se preparan para una batalla legal que pondrá a prueba el modelo de República unitaria y descentralizada consagrado en la Constitución.
