En un giro sin precedentes para el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación anunció este lunes que radicará audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Rodríguez, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, deberá responder como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión en relación con el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Esta decisión convierte a Rodríguez en el primer alto cargo del actual Ejecutivo en ser procesado formalmente por los fallos de seguridad que rodearon el crimen que conmocionó al país el año pasado.
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Las claves de la imputación
Según el ente acusador, existen pruebas que sugieren que la UNP ignoró de forma sistemática las alertas sobre el riesgo que corría el líder del Centro Democrático.
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Falta de respuesta: La Fiscalía sostiene que Rodríguez «no habría atendido los llamados de protección ni la necesidad de mejorar el esquema de seguridad» del precandidato.
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Advertencias previas: El abogado de la familia de la víctima, Víctor Mosquera, denunció que se omitieron solicitudes de protección en más de 10 oportunidades.
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Fallo judicial previo: Un juez de la República ya había calificado como «mezquina» la gestión de la UNP frente a la seguridad de Uribe Turbay antes del atentado.
Crónica de un magnicidio anunciado
El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, al norte de Bogotá. Mientras Uribe Turbay lideraba un mitin político, un menor de 15 años le disparó a quemarropa con una pistola Glock 9 milímetros. Tras agonizar durante dos meses en la Fundación Santa Fe, el político de 39 años falleció el 11 de agosto.
La sombra de la «Segunda Marquetalia»
Mientras el presidente Petro sugirió inicialmente revisar el comportamiento de los escoltas el día del ataque, las investigaciones han tomado dos rumbos claros:
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Autores materiales: 10 personas han sido vinculadas al proceso, incluyendo al sicario y colaboradores de las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’.
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Responsabilidad administrativa: La imputación a Augusto Rodríguez apunta a que el Estado, a través de la UNP, facilitó el escenario para el crimen al no proporcionar los recursos de defensa necesarios.
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Perfil de un funcionario en la mira
Augusto Rodríguez, exmilitante del M-19 y mano derecha del presidente en temas de inteligencia y seguridad, ha sido una figura divisiva. Su gestión en la UNP ha estado marcada por denuncias de corrupción interna, pero también por fuertes críticas sobre la asignación de esquemas bajo criterios políticos. Su vinculación a este caso de magnicidio supone un duro golpe político para la Casa de Nariño.
La mayoría de los capturados materiales han buscado preacuerdos con la justicia, lo que mantiene abierto el debate sobre si estos beneficios procesales permitirán llegar a los determinadores intelectuales o si la verdad quedará sepultada tras rebajas de penas.
