La crisis política en Nepal provocó la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli, tras dos días de protestas del movimiento autodenominado «Generación Z» (nacidos entre 1997 y 2012) contra la corrupción y el veto de redes sociales, en las que murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas, según comunicó el mandatario en una carta de renuncia.
«He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (…), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país», dijo Oli en la misiva.
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El primer ministro K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), lideraba el Gobierno de Nepal desde julio de 2024.
Anteriormente, había sido primer ministro de este país entre 2015 y 2016; y entre 2018 y 2021.
Incendio del Parlamento y cierre del aeropuerto
Este martes, las protestas adquirieron una nueva dimensión tras la muerte de una veintena de jóvenes en las protestas. Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellas la residencia privada de Oli en la localidad de Balkot.
Los reportes de prensa también confirmaron que los manifestantes incendiaron la casa del líder maoísta y ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y apedrearon la del ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung.
Además, «cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal», declaró el vocero, Ekram Giri.
El aeropuerto internacional de Katmandú quedó parcialmente cerrado debido a las violentas protestas, que afectaron sus operaciones, informó la autoridad de aviación del país.
Otras renuncias por «comportamiento dictatorial» del Gobierno
Anteriormente, hasta cinco ministros del Gobierno de Oli habían dimitido en las últimas 24 horas en protesta por la gestión de las protestas por parte del Ejecutivo nepalí. Aunque Katmandú había intentado calmar las manifestaciones levantando el veto a las plataformas de redes sociales que había entrado en vigor el pasado jueves.
Entre ellos, se contó la renuncia del titular de Suministro de Agua, Pradeep Yadav, la del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y la del ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien acusó al Gobierno de «comportamiento dictatorial».
«En lugar de aceptar que cuestionar y protestar pacíficamente en una democracia es un derecho natural de los ciudadanos, la represión generalizada, los asesinatos y el uso de la fuerza están conduciendo a un sistema dictatorial en lugar de a una democracia», dijo el ministro en un comunicado.
Adhikari añadió que renunció «porque no soportaba permanecer en el poder sin buscar respuestas sobre cómo una generación que debería haber colaborado para construir el país fue tratada como en una guerra».
La situación se tensó el lunes, cuando cientos de jóvenes de la denominada «Generación Z» se movilizaron en Katmandú y otras ciudades de Nepal protestando por el bloqueo de varias plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X, al no registrarse ante las autoridades como exigía una directiva del Gobierno que finalmente fue levantada la pasada madrugada tras una reunión urgente del Ejecutivo nepalí.
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Durante días, los jóvenes habían protestado en redes con etiquetas como «#NepoKid» y «#NepoBabies», con las que denunciaban el nepotismo, la práctica de favorecer a familiares o allegados en el acceso a cargos y empleos, y una cultura política en la que, según ellos, las oportunidades se heredan en lugar de ganarse por mérito.
La policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a la multitud. Posteriormente, las autoridades impusieron un toque de queda en la capital.
Condena de la UE
La Unión Europea condenó este martes la muerte de manifestantes en Nepal y pidió a las autoridades que «tomen todas las medidas necesarias para proteger vidas«.
La portavoz de Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, reclamó además que se investiguen las muertes «de forma independiente» y pidió un «diálogo entre todas las partes para resolver las diferencias y garantizar que se respeten todos los derechos fundamentales».