La defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, presentó una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación por la suspensión del alto funcionario por tres meses tras las posibles irregularidades en la licitación para la elaboración de las libretas de pasaportes en Colombia.
Varios son los argumentos que el abogado de Leyva expone para se deje sin efecto la decisión de la suspensión del alto funcionario. Así las cosas, aseguran que la actuación del Ministerio Público fue acelerada y prematura.
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“Por la manera como ha sido diseñada y como se ejerce en la práctica, se convierte en la “cuota inicial” de un fallo sancionatorio a un ritmo acelerado. Porque si llegare a absolverse al disciplinado habrá quedado en evidencia un actuar prematuro e injustificado de la administración, que al interior de una misma entidad, con estructura jerarquizada, difícilmente puede ser aceptada”, dice el documento de la tutela.
Sumado a esto, se agrega que se deben proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a que se analicen las diferencias sobre los actos administrativos por los cuales se tomaron decisiones para la suspensión.
La defensa del canciller @AlvaroLeyva interpuso una acción de tutela contra la @PGN_COL por vulneración de sus derechos al debido proceso al suspenderlo de su cargo. pic.twitter.com/xXJEc0Giyt
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 13, 2024
“De este modo se evidencia que la investigación disciplinaria seguida contra el doctor Álvaro Leyva está basada únicamente en discrepancias sobre la legalidad de los actos administrativos que él expidió, que de ninguna manera conllevan a la comisión de una falta disciplinaria y mucho menos es un fundamento válido para suspenderlo de su cargo, máxime cuando ningún juez de la República ha declarado su ilegalidad. Si bien la Procuraduría General tiene competencia para investigar al ministro de Relaciones Exteriores, lo hace respecto de su conducta, pero no sobre la presunción legal que revisten las decisiones que en ejercicio de sus funciones profiera”, agregan.
También, la defensa asegura que no hubo imparcialidad en los procesos por las declaraciones que dio la procuradora Margarita Cabello en los medios de comunicación que señalaron el actuar del canciller Leyva.
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“Este tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos. La arbitrariedad y el capricho no emanan del señor canciller, sino de quien debería ser uno de los principales garantes de los derechos de los ciudadanos: el Ministerio Público. Por ello, la intervención del juez de tutela resulta verdaderamente imprescindible”.