La Jurisdicción Especial para la Paz imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc, 21 comparecientes de la Fuerza Pública y cinco terceros civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano entre 1986 y 2002.
La decisión, tomada en el Caso 04, es la primera en la que la Jurisdicción vincula de manera conjunta a los tres actores bajo su competencia: Farc, Fuerza Pública y civiles relacionados con proyectos de ganadería extensiva y agroindustria vinculados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC).
El auto reconoce que la región de Urabá fue un escenario donde confluyeron múltiples actores armados y funcionó como un espacio de experimentación de prácticas de guerra. La Sala de Reconocimiento identificó tres patrones macrocriminales: la eliminación por prejuicio enemigo; el vaciamiento del territorio para facilitar despojo y repoblamiento, en el que intervinieron fuerza pública, grupos paramilitares y civiles; y el control sociocultural mediante cooptación de estructuras comunitarias y restricciones a libertades individuales.
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La Sala también atribuyó responsabilidad a exintegrantes de las Farc por hechos de violencia basada en género y ataques contra mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas. Además, documentó el impacto diferenciado que estas violencias dejaron en los pueblos indígenas Emberá Dóbida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Guna Dule, Wounaan y Zenú, así como en el Pueblo Negro y Afrocolombiano de Urabá, el Bajo Atrato y el Darién.
Para la determinación de responsabilidades, la Sala contrastó 115 informes de organizaciones civiles, entidades estatales, pueblos indígenas, comunidades negras y organizaciones de víctimas; 287 expedientes judiciales; 32 testimonios; análisis de contexto elaborados por equipos técnicos; y observaciones de víctimas.
También se sumó la información aportada por 808 solicitantes de acreditación individual y por 131 sujetos colectivos que incluyen consejos comunitarios, organizaciones con pertenencia étnica negra, comunidades campesinas en zonas humanitarias y comunidades indígenas de los pueblos Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule.
La Sala realizó 56 diligencias dialógicas y ejercicios de coordinación intercultural, consolidando información proveniente de más de 53.800 personas acreditadas, para un total de 54.600 víctimas reconocidas en el Caso 04. En total, 157 comparecientes dieron versiones voluntarias en 254 sesiones, las cuales fueron sometidas a contrastación para identificar patrones criminales y sus impactos en el territorio.
Los imputados como máximos responsables:
Entre los Exintegrantes de las Farc fueron imputados Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias “Isaías Trujillo” o “El Viejo”; Jhover Man Sánchez Arroyave, alias “Rubén Cano” o “Manteco”; Rodolfo Restrepo Ruiz, alias “Víctor Tirado”; Martín Cruz Vega, alias “Rubín Morro”; José Milcíades Urrego Medina, alias “Rigoberto Lozada”; Elkin Hernando Zapata Vidal, alias “Malicia”; José Manuel Betancur Flórez, alias “Yarleison”; y Guillermo León Chancí Estrada, alias “Leonidas” o “Chupete”.
Entre los imputados de la Fuerza Pública se encuentran el general (r) Alejandro Miguel Navas Ramos; los mayores generales (r) Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez; el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas; además de coroneles, tenientes coroneles, mayores, un teniente, un subteniente y dos sargentos mayores. Algunos de ellos también enfrentan procesos por el genocidio de la Unión Patriótica y por nexos con grupos paramilitares.
Por su parte, la Sala imputó entre los civiles a exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba: Benito Osorio Villadiego, exgerente; Benito Molina Velarde, expresidente de la junta directiva; Luis Gonzalo Gallo Restrepo; Jaime García Exbrayat; y Carmelo Esquivia Guzmán, quien actuó como asesor jurídico.
Según la Sala, los terceros civiles investigados en el Caso 04 desempeñaron un papel central en el despojo y la apropiación ilegal de tierras en Urabá. Su actuación estuvo estrechamente ligada al FGC, entidad de economía mixta usada para facilitar la compra masiva de predios en contextos marcados por la violencia y el desplazamiento forzado.
Uno de los casos emblemáticos es el de la región de Tulapas (Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá), donde al menos 150 familias campesinas fueron expulsadas para consolidar una “reserva estratégica” destinada a proyectos agroindustriales y a una visión geoestratégica de desarrollo promovida por estos actores.
La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que la violencia prolongada en el Urabá dejó daños profundos e intangibles en la población: afectaciones emocionales, psicológicas, morales, físicas y graves rupturas en los proyectos de vida individuales y comunitarios.
Según la jurisdicción, miles de víctimas convivieron con un miedo permanente tras presenciar asesinatos atroces de familiares, vecinos y miembros de sus comunidades. Muchas fueron obligadas a ver cuerpos torturados exhibidos públicamente, padecieron masacres, amenazas, confinamientos y, en numerosos casos, el desplazamiento forzado de sus territorios.
La JEP enfocó su trabajo en hechos ocurridos entre 1986 y 2002 en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia; y en Acandí, Unguía, Riosucio y El Carmen del Darién, en Chocó. Luego amplió la investigación a Tierralta, Valencia y San Pedro de Urabá, y logró esclarecer hechos en otros municipios como Bojayá, El Carmen de Atrato y Juradó, además de localidades antioqueñas como Murindó, Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga, Cañasgordas, Uramita y Frontino.
Entre los hechos más graves documentados figura la masacre de Pueblo Bello, en Turbo, ocurrida el 14 de enero de 1990. La Sala pudo verificar la participación conjunta de estructuras paramilitares y miembros de los batallones Vélez y Junín del Ejército Nacional. En esa incursión, 43 campesinos, algunos pertenecientes a una misma familia, incluidos dos niños, fueron asesinados por 20 paramilitares conocidos como los Tangueros, quienes acusaban a las víctimas de colaborar en el robo de ganado a la hacienda Las Tangas, propiedad de la familia Castaño Gil.
El órgano judicial también documentó afectaciones socioculturales que comprometieron la autonomía, la integridad política y la organización de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, además de daños materiales, ambientales y territoriales. Según los hallazgos, las agresiones incluyeron la vulneración de creencias, prácticas sociales y modos de vida, ocasionadas por la prohibición de mantener relaciones y vínculos comunitarios esenciales.
Uno de los episodios más representativos de este impacto fue la tragedia de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando combatientes de las extintas Farc lanzaron cilindros bomba contra paramilitares en zonas pobladas. Uno de los artefactos cayó sobre la iglesia de Bellavista, donde se refugiaban civiles. La explosión dejó 98 muertos, en su mayoría afrodescendientes del Bajo y Medio Atrato, entre ellos 48 menores de edad.
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La Sala confirmó también daños diferenciados sufridos por mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas. Estas víctimas padecieron agresiones físicas, emocionales y psicológicas perpetradas por todos los actores armados, que emplearon la violencia sexual y otras formas de ataque como herramientas de terror, dominación y control social.
En comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, estas afectaciones tuvieron impactos colectivos, pues las mujeres desempeñan roles fundamentales en la cohesión social, la transmisión cultural y el equilibrio espiritual.
El papel del paramilitarismo
La información recopilada permitió establecer la actuación sistemática del paramilitarismo en Urabá desde mediados de los años ochenta y su articulación con miembros de la fuerza pública, sectores ganaderos, empresariales y liderazgos políticos que facilitaron su expansión mediante financiación, logística y coordinación operativa.
Desde 1988 se documentaron alianzas entre secciones de inteligencia de los batallones Voltígeros y Vélez con estructuras paramilitares para ejecutar operativos conjuntos, intercambiar información y permitir su movilidad en la región.
La Sala señaló que el general (r) Rito Alejo del Río tuvo un papel determinante en la consolidación y expansión territorial de estas estructuras. Las versiones aportadas ante la JEP por integrantes de la fuerza pública y exjefes paramilitares coinciden en que las autodefensas operaron como un actor del conflicto armado financiado por sectores empresariales, articulado con unidades militares y respaldado por redes políticas regionales.
La magistratura identificó como momentos clave de esa articulación los desplazamientos masivos de Turbo y Apartadó en 1996; las operaciones Génesis y Cacarica de 1997; y los desplazamientos en Riosucio en 2001. Estas acciones afectaron especialmente a comunidades negras, afrocolombianas e indígenas, que enfrentaron despojo, desplazamiento y reconfiguración territorial para dar paso a proyectos extractivos y agroindustriales.
Los 34 comparecientes imputados cuentan con 60 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y conductas atribuidos o, por el contrario, rechazar las imputaciones. Una vez recibas las respuestas y vencido el plazo, la JEP evaluará si existen reconocimientos y aportes plenos a la verdad. De ser así, la magistratura fijará la fecha para una audiencia pública de reconocimiento.
