Presidente Petro ordenó realizar exámenes forenses a los chats de las disidencias que vincularían a dos funcionarios del Gobierno
El presidente Gustavo Petro presidió un nuevo consejo de ministros el 25 de noviembre, en medio de los ánimos revueltos tras conocerse que habría altos funcionarios que estarían vinculados con las disidencias de las Farc.
En detalle, este escándalo menciona al general Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmar Mejía, quien funge como director de Inteligencia en la DNI.
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En la reunión que sostuvo con el gabinete ministerial y otros altos funcionarios del Estado, el presidente expresó tener dudas sobre el informe que publicó Noticias Caracol y anunció las acciones que vendrán dentro del Gobierno.
«Sobre el tema que acaba de sacar Caracol tengo muchas dudas», manifestó en medio del escándalo que ha desatado varias reacciones e investigaciones en entidades por la posible infiltración de las disidencias.
Debido a eso, el mandatario ordenó que se practique un examen forense de informática a los chats que se encontrarían en los computadores confiscados a alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias.
«Esa información, que fue entregada por la Dijín a la Fiscalía en Antioquia, es clave para saber la verdad con ese procedimiento. De acuerdo con eso, tomaré decisiones, no antes. Debo tratar de que la verdad sea la que guíe mis decisiones», dijo.
La actitud del mandatario contrasta con lo que dijo el lunes, un día después de que se dieran a conocer los presuntos nexos de Mejía y Huertas con la estructura ilegal. Y es que, desde un inicio, Petro señaló en sus trinos que las acusaciones mencionadas por Noticias Caracol eran «falsas».
«Tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos, de entregar pruebas falsas a EE. UU. para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase ‘Petro es el jefe de los narcotraficantes‘», señaló en una de sus publicaciones.
Además, en ese momento dijo que podía «afirmar» que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmar eran «falsas«.
En esa misma línea de dudas y de la polémica por la presunta infiltración, instituciones como el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría anunciaron que emprenderán las investigaciones respectivas en contra de los dos altos funcionarios, cuyos nombres se encuentran en el ojo del huracán.
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El 23 de julio de 2024, una caravana que iba con siete jefes de las disidencias de las Farc (la cual iba custodiada por la Unidad Nacional de Protección) fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia. Allí, los uniformados se encontraron con que estos personajes llevaban armas, dineros y un menor de edad; lo que se configura como flagrancia.
Aunque la fiscal general Luz Adriana Camargo emitió un oficio en el que ordenó la libertad de la mayoría de los capturados, bajo el argumento de que eran “gestores de paz”, se les confiscó un centenar de dispositivos electrónicos que quedaron en poder de la Fiscalía. Allí fue donde se encontraron los documentos que reveló Caracol y dan muestra de unos correos donde se detalla el contacto permanente entre insurgentes y funcionarios estatales en cargos decisivos.
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