Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe denunciará a Salvatore Mancuso - Google

Álvaro Uribe denunciará a Salvatore Mancuso

El expresidente de la República y jefe natural del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez , negó los señalamientos hechos por Salvatore Mancuso, quien dijo que la organización paramilitar de las AUC asesinó al alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, cuando el Gobierno le quitó el esquema de seguridad.

En un video de más de diez minutos, el jefe natural del Centro Democrático recordó que fue él quien envió a los Estados Unidos a los cabecillas de las AUC para que respondieran por los delitos de narcotráfico, entre otros, luego de que fuera advertido por la Policía que desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí continuaban delinquiendo.

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“Nunca fue para ocultar la verdad. En cumplimiento de lo acordado con nuestro Gobierno, las autoridades de los Estados Unidos han facilitado que funcionarios, fiscales, jueces, políticos, hayan accedido a las cárceles de ese país a obtener informaciones. Incluso han acudido visitantes a ofrecer beneficios para acusar a mi persona”, señaló el expresidente.

En el escrito, Uribe fue claro en afirmar: “Por mi vinculación a Montería conocí al señor Mancuso, no fui amigo de él, pude serlo porque su familia era muy conocida, lo saludé dos o tres veces, nunca nos reunimos ni pasamos de un saludo”.

Uribe, además, indico que Mancuso ha dicho a algunos que tuvo dos reuniones con él, a otros que cuatro o que una. “Nunca entró a la Hacienda El Ubérrimo. El coronel Suárez, cuando era comandante de la Policía de Córdoba, fue a visitarme para preguntar por mi seguridad, así lo hacían los comandantes del Ejército y de Policía. El coronel Suárez negó haber ido a reunirse conmigo en compañía de Salvatore Mancuso, como este lo afirmó”, añadió.

Sobre los señalamientos hechos por Mancuso sobre el asesinato del exalcalde de El Roble, Sucre, Uribe fue enfático en indicar que a este nunca se le quitó el esquema de seguridad.

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“El General Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era director de la Policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente ‘que nadie le habría quitado la protección al alcalde’. En la misma conversación pedí al general que me ayudara con una investigación, la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el comandante de la Policía de Sucre era el coronel Norman León Arango, quien al alcalde de El Roble le tenía asignado un escolta de la Policía.

De acuerdo con la averiguación del general Teodoro Campo, el alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio; no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escoltas; y, con frecuencia, se evadía de ellos como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato”, agregó.

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El expresidente Uribe también se refirió a su relación con el exgobernador de Sucre Salvador Arana. Aseguró que el exdirigente político “aceptó haber sido autor intelectual del asesinato del alcalde”. “Lo conocí cuando llegué a la Presidencia por su condición de gobernador. No tuve amistad con él. Estuvo en un puesto diplomático porque denunció amenazas, como también se protegió de esa forma a familiares de guerrilleros. El retiro del cargo diplomático se dio por las acusaciones sobre el crimen”, indicó el exmandatario.

Ante los señalamientos hechos, el líder del Centro Democrático anuncio que “procederá a denunciar a Mancuso ante la justicia colombiana y ante la justicia de los Estados Unidos, donde vive” y que “tendrá que probar que le quitó los escoltas al alcalde de El Roble”.

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Comisión de la Verdad: Falsos positivos fueron “políticas de gobierno” entre 2002 y 2008

El comisionado Alejandro Valencia, de la Comisión de la Verdad, reveló en el marco del evento “Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha”, diez de los hallazgos que fundamentará el órgano transicional en su informe final, en el capítulo sobre falsos positivos.

Allí, el comisionado reveló como una de las conclusiones a las que llegó la Comisión, que los falsos positivos perpetrados entre los años 2002 y 2008, durante el gobierno Uribe, fueron crímenes de guerra que se perpetraron bajo una “política de gobierno”, la cual “tuvo apoyo de otras ramas del poder público” y esos crímenes tuvieron como fin publicitar la política de seguridad, es decir, la Seguridad Democrática.

“Los asesinatos y desapariciones forzadas, bajo la modalidad de combates simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en su periodo de exacerbación, año 2002 al 2008 fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno”, señaló Valencia.

El integrante de la Comisión de la Verdad manifestó que desde las mismas disposiciones legales y extralegales “nacidas desde el mismo gobierno” así como circulares y directivas de las Fuerzas Militares se generó el marco legal que implementó el sistema de “conteo de cuerpos” (a pesar de las alertas desde Estados Unidos). En el mismo sentido sentenció que la Red de Cooperantes del gobierno Uribe impulsó los vínculos entre integrantes del Ejército con grupos paramilitares.

“Se basó en acuerdos para que los paramilitares hicieran presencia impune en los territorios a cambio de señalar personas o entregar cuerpos de personas para presentarlos como bajas en combate, estuvo legitimado a través de la red de cooperantes creada por el gobierno nacional”, dijo el comisionado.

Además, con dureza el académico señaló que los principales responsables fueron el Ejército Nacional, que tuvo aliados en distintos funcionarios y sectores del poder público, por ejemplo, el Das, la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura y también multinacionales, paramilitares, entre otros.

Adicionalmente, el comisionado afirmó que desde “todos los rangos de la Fuerza” provinieron los esfuerzos y las acciones para tapar los crímenes que se estaban perpetrando año tras año, además indicó que » hubo malversación de fondos del estado, hubo uso inadecuado de dinero proveniente de gastos reservados el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa o indirectamente en estos hechos”.

Finalmente, el miembro de la Comisión de la Verdad señaló que la cifra de 6.402 falsos positivos recabada por la JEP es un número preliminar con un considerable “subregistro”, la cual puede ir en aumento. Asimismo, señaló que la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Colombia se presentó desde la década de los ochenta con militantes de izquierda, o personas señaladas de ser guerrilleros.

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