La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves el cierre de la solicitud de medidas cautelares presentada por la defensa de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según el organismo, la petición no cumplió con los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable estipulados en su reglamento.
La decisión pone fin a una controversia internacional iniciada en octubre de 2025, cuando el abogado Víctor Mosquera, en representación de los allegados del líder político, denunció presuntas maniobras de desinformación y revictimización por parte de sectores afines al Gobierno nacional.
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El origen del conflicto: Declaraciones y «narrativas políticas»
El caso se remonta al 11 de octubre del año pasado, a raíz de unas declaraciones de Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro. En su momento, Carranza sugirió que el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay estaba siendo «instrumentalizado» para posicionar narrativas en contra del Ejecutivo.
«Hemos venido a advertir sobre una instrumentalización del sistema interamericano… vemos cómo precandidatos terminan atacando la unidad nacional«, afirmó Carranza en 2025 ante el organismo en Washington.
Estas palabras fueron calificadas por la familia Uribe Turbay como un intento de «relativizar un crimen de lesa humanidad», lo que motivó la solicitud formal de protección internacional bajo el amparo del Artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
El fallo de la CIDH: Falta de riesgo actual y concreto
Tras analizar los argumentos durante casi cuatro meses, la Comisión concluyó que no se demostró un escenario de peligro inminente que justifique la adopción de medidas cautelares. El documento oficial señala que no hubo pruebas de un «riesgo actual atribuible a un error concreto del Estado».
Puntos clave de la resolución:
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Seguimiento: Aunque se cerró la medida cautelar, la CIDH mantendrá un monitoreo de la situación bajo otros mecanismos institucionales.
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Obligaciones del Estado: El organismo recordó que el Estado colombiano mantiene la responsabilidad de proteger a cualquier ciudadano en situación de riesgo, independientemente de este fallo.
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Notificación: La Cancillería de la República ya notificó a las partes interesadas sobre el archivo del recurso.
El magnicidio en la justicia colombiana: Una deuda pendiente
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Mientras el debate internacional se centra en las medidas de protección, el proceso judicial por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay continúa estancado en la búsqueda de los determinadores.
A pesar de que las autoridades han logrado la captura de ocho personas vinculadas a la ejecución material del crimen, la justicia colombiana aún no ha dado respuesta a la pregunta central del caso: ¿quién dio la orden de asesinar al líder político? La familia del senador ha reiterado que el enfoque debe permanecer en el esclarecimiento de los hechos y la no repetición, evitando que el proceso judicial se convierta en un campo de batalla de retórica política.
