La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó este 6 de febrero su rendición de cuentas anual, consolidándose como la entidad más eficiente del sector justicia en Colombia durante el año 2025. Con un cumplimiento presupuestal del 99,3%, la justicia transicional no solo demostró solidez administrativa, sino que alcanzó sus hitos judiciales más esperados: las primeras sentencias contra antiguos mandos de las Farc y miembros del Ejército Nacional.
Según los informes del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, la JEP ejecutó casi la totalidad de los COP 777.069 millones asignados por el Presupuesto General de la Nación, superando en gestión a otros 32 sectores del Estado.
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Transparencia y Finanzas: ¿Cómo se invirtieron los recursos?
Del presupuesto total, que representó un incremento de COP 105.000 millones respecto al año anterior, la distribución fue estratégica para garantizar la operatividad y la reparación:
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Funcionamiento: COP 588.211 millones.
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Proyectos de Inversión: COP 188.858 millones.
La Contraloría General destacó que el uso del erario estuvo ajustado a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, sin hallazgos administrativos, fiscales o penales negativos.
Víctimas en el centro: Cifras de impacto social
La ejecución financiera se tradujo en resultados tangibles para los sobrevivientes del conflicto armado. Durante 2025, la JEP logró:
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Representación judicial: 6.555 víctimas beneficiadas.
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Acreditaciones: 2.063 víctimas individuales y 55 sujetos colectivos.
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Gestión judicial: 235 audiencias públicas, 518 diligencias y 338 versiones de comparecientes.
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Búsqueda de desaparecidos: 44 exhumaciones junto a la UBPD, permitiendo la entrega digna de los restos de 147 víctimas.
2025: El año de las sentencias hito
El aspecto más relevante de la gestión fue la transición de la fase de investigación a la de sanción. La JEP emitió sus primeras dos sentencias restaurativas, marcando un precedente mundial en justicia transicional.
1. El Secretariado de las Farc y el secuestro
El 16 de septiembre, el Tribunal para la Paz sancionó a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc. Fueron hallados responsables de más de 21.000 secuestros, imponiéndoles ocho años de restricción de derechos y la obligación de realizar trabajos restaurativos. Actualmente, la sentencia está en proceso de apelación.
2. Ejecuciones extrajudiciales en ‘La Popa’
Dos días después, el 18 de septiembre, 12 exmilitares del Batallón de Artillería La Popa (Valledupar) fueron sancionados por su responsabilidad en 135 casos de «falsos positivos». Las víctimas incluyeron comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de Cesar y La Guajira.
3. Condena ordinaria para el Coronel (r) Publio Hernán Mejía
En un hito procesal, el excomandante del Batallón La Popa fue condenado a 20 años de cárcel tras ser vencido en juicio por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), al no aceptar su responsabilidad en el asesinato de 72 civiles.
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Verdad y Reparación: El debate continúa
A pesar de las críticas de sectores de víctimas que consideran la verdad aportada como «insuficiente», la Contraloría certificó que la JEP ha alcanzado un 91,46% de reconocimiento de verdad. Con el análisis de 2,3 millones de hechos y la recepción de más de 2.000 versiones, la jurisdicción se consolida como el pilar fundamental del Acuerdo de Paz de 2016.
La entidad cerró su balance reafirmando que el presupuesto de 2025 fue el combustible necesario para «garantizar la participación de las víctimas y el desarrollo efectivo de los procesos judiciales» en un año que Colombia no olvidará en términos de justicia restaurativa.
