En un movimiento estratégico que marca el inicio de la agenda bilateral en Washington, el Gobierno de Colombia confirmó que este martes 3 de febrero de 2026 se llevará a cabo la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”. El máximo cabecilla de la organización criminal ‘La Inmaculada’ es requerido por una corte federal estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico a gran escala.
El anuncio fue realizado desde Estados Unidos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en el marco de la visita oficial del presidente Gustavo Petro, quien se reunirá mañana con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
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Los cargos que enfrenta en Estados Unidos
La justicia norteamericana vincula a Marín Silva con una red transnacional de tráfico de estupefacientes. El expediente judicial contempla tres cargos fundamentales:
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Conspiración para distribuir cocaína: Posesión y control de cargamentos con fines de distribución.
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Importación ilegal: Tráfico de droga con conocimiento de su ingreso a territorio estadounidense.
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Fabricación masiva: Producción y distribución de cargamentos superiores a los cinco kilogramos de clorhidrato de cocaína.
Según la Corte Suprema de Justicia, ‘La Inmaculada’ operaba laboratorios clandestinos en Colombia donde se procesaba y empaquetaba la droga antes de ser enviada a través de rutas internacionales hacia Norteamérica.
De la «Paz Total» a la extradición: El fin de una era criminal
La entrega de “Pipe Tuluá” cierra un capítulo de intentos fallidos por parte del capo para acogerse a beneficios judiciales. A pesar de encontrarse recluido desde 2024 en la cárcel La Picota —donde cumplía condenas por 39 homicidios y otros delitos de sangre—, las autoridades confirmaron que Marín Silva continuaba dirigiendo operaciones de extorsión y narcotráfico desde su celda.
En 2025, el jefe criminal intentó buscar un espacio en la política de «Paz Total» del Gobierno nacional, ofreciendo supuesta información sobre planes de atentados contra otros líderes criminales, como alias “Araña”. Sin embargo, la gravedad de sus nexos con el narcotráfico internacional y su persistencia delictiva llevaron al presidente Petro a firmar el aval definitivo para su envío a EE. UU. el pasado 26 de enero.
Tensión en el Valle del Cauca y seguridad nacional
La extradición de alias “Pipe Tuluá” no ha estado exenta de violencia. Tras conocerse los primeros avances del proceso en junio de 2025, la estructura de ‘La Inmaculada’ desató una crisis de seguridad en Tuluá y el Valle del Cauca, que incluyó ataques con explosivos a comercios e incendios de vehículos.
La inteligencia colombiana permanece en alerta máxima ante posibles represalias de la banda criminal en el suroccidente del país tras la salida de su máximo líder.
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Impacto en la cumbre Petro-Trump
Este anuncio se produce en un momento de alta relevancia diplomática. La lucha contra el narcotráfico es el eje central de la reunión que sostendrán Petro y Trump. Para los analistas, la extradición de «Pipe Tuluá» funciona como un gesto de compromiso por parte de Bogotá para estabilizar las relaciones internacionales, tras un año de tensiones en la cooperación antinarcóticos entre ambas naciones.
Con la salida de Marín Silva, el Gobierno colombiano envía un mensaje contundente sobre el límite de las negociaciones de paz con estructuras dedicadas exclusivamente al crimen organizado y el tráfico de drogas.
