La desaprobación del presidente Gustavo Petro se mantiene en 62 por ciento, según la encuesta Datexco publicada este lunes. No hubo ninguna variación con respecto a la medición anterior, la cual se llevó a cabo entre el 17 y 18 de agosto.
En cuanto a la aprobación, tampoco hubo cambios y sigue en 32 por ciento, señala la encuesta elaborara para W Radio.
En la región oriental, Caribe y en Bogotá es donde peor la va al jefe de Estado, ya que tiene una desaprobación del 77 por ciento, 65 por ciento y 63 por ciento, respectivamente.
La encuesta, que fue realizada a 700 personas vía telefónica, también preguntó por varios temas coyunturales, como sobre el inminente de regreso de Laura Sarabia, exjefa de Despacho del Gobierno, a la Casa de Nariño.
A los colombianos se les preguntó, a propósito del nombramiento de Laura Sarabia como nueva directora de Prosperidad Social -solo falta su posesión-: «¿Laura Sarabia, exjefa del gabinete del Presidente Petro, quien fue destituida con ocasión del escándalo con el embajador Benedetti y el haber sometido al polígrafo a su empleada doméstica, regresa a ocupar la dirección del departamento de prosperidad social? Ud. está de acuerdo o en desacuerdo».
Solo el 22 por ciento dijo estar de acuerdo, mientras que el 66 por ciento afirmó estar en desacuerdo con este nombramiento.
La encuesta, además, indagó por la opinión de los colombianos sobre la reforma de la salud, que está agendada para ser discutida en su segundo de cuatro debates este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes.
En esta nueva medición, el 50 por ciento de los encuestados dijo estar en desacuerdo y el 39 de acuerdo. Asimismo, se preguntó por el nombramiento de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, como gestor de paz. El 67 por ciento dijo estar en desacuerdo y el 21 está de acuerdo.
A través de la resolución 5865, el Consejo Nacional Electoral anunció un amplio listado de los nombres de personas que al parecer inscribieron de forma irregular su cédula. Dentro del listado compuesto por 987 personas aparece el nombre del hoy candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa Moncada.
Según el CNE, las cédulas de los ciudadanos mencionados quedan sin efecto y esto implicaría que no puedan votar en las próximas elecciones regionales del mes de octubre.
Es por eso que el Consejo ordena a la Registraduría de Santander con sede de Bucaramanga pide publicar el listado en un lugar visible y comunicar vía correo electrónico o mensaje de texto a las personas mencionadas que su cédula fue inscrita de forma irregular y queda sin efecto.
El candidato Horacio José Serpa, en diálogo con Caracol Radio, confirmó que sí fuera su nombre el que aparece en el listado del CNE y él respondió que, en efecto, sí es él.
Sobre la inscripción irregular, manifestó que “me enteré de la resolución, mañana mismo voy a interponer un recurso y espero que la situación quede subsanada esta misma semana. La verdad no había hecho el cambio de Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a Bucaramanga porque los niños seguían en calendario escolar y proteger la salud de mis hijos era la prioridad, por eso vamos a entregar la documentación que se requiera y espero que quede todo subsanado pronto”, dijo Serpa Moncada.
El candidato y las demás 986 personas que aparecen con inscripción irregular de sus cédulas puede interponer un recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o de lo contrario no podrán votar en las elecciones de octubre.
En las últimas horas trascendió un video de lo que parece ser el registro de una molestia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por la presencia de los medios de comunicación en medio del desarrollo de la Comisión de Garantías Electorales donde también se encontraba el registrador Alexander Vega y quien quería entregar unas cifras antes de la rueda de prensa programada.
Sin embargo, el ministro Velasco desmintió que hubiese algún tipo de inconveniente, sino que por el contrario estaba haciendo respetar los tiempos que ya estaban establecidos.
“Con el mayor respeto no es molestia, es un acuerdo definido en un espacio interinstitucional en donde desde el principio se pactó una rueda de prensa para las conclusiones de este espacio, y no las declaraciones de alguien en particular”, dijo Velasco.
En ese mismo sentido, el alto funcionario solicitó en ese momento a los asistentes de la Comisión que fueran prudentes con las declaraciones que se pudieran dar a los medios de comunicación, ya que lo que se está buscando y acordando en la reunión es tener garantías electorales en el marco de la democracia.
En medio del XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en Bucaramanga el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que señalan que tuvo una mala elección de integrantes que conforman su terna a fiscal.
“Ahora que presenté una terna, de personas que no conozco personalmente porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial. Me dicen que soy un tonto porque debí hacer una terna de amigos muy cercanos, porque ese es el poder. Porque el fiscal tiene más poder: el poder de otorgar o quitar la libertad. Eso no lo tiene un presidente”, señaló el mandatario.
Dijo también el presidente que “¿A quién podría yo apresar si el fiscal es mi amigo? La justicia dejaría de ser justicia, se convertiría en venganza. En un país así nadie podría estar seguro porque algunos irían al poder casi arrodillado para no perder la libertad”.
Sin embargo, cabe recordar que, aunque defendió su independencia, el mandatario en la entrevista exclusiva que dio a revista Cambio y W Radio confirmó que existe la posibilidad de modificar esa terna y que está en todo su derecho.
La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de la antropóloga Diana Marcela Gómez Correal como nueva viceministra de Mujeres, dependencia adscrita el Ministerio de Igualdad que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez.
Se trata del primer nombramiento de los cinco viceministerios que tendrá esta cartera que liderará la Vicepresidenta, de acuerdo al organigrama de esta. Gómez Correal es antropóloga de la Universidad Nacional con maestría en Historia de la misma institución. Asimismo, fue docente en la Universidad de Los Andes y en la Javeriana. En más de una ocasión hizo parte de la Secretaría de la Mujer en Bogotá, donde fue reconocida por elaborar políticas públicas para las mujeres.
A nivel académico, Gómez fue galardonada en 2016 con el premio Martin Diskin Dissertation Award de LASA y Oxfam que se entrega a académicos y académicas junior.
Ahora, Correal será la encargada de velar por los derechos del género femenino. Además del viceministerio de Mujeres, el Ministerio de la Igualdad tendrá un viceministerio de la Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Territorios Excluidos y Diversidades.
De esta manera se va conformando el equipo que acompañará a Márquez en su nuevo cargo, luego de que se hicieran los primeros nombramientos administrativos cuando se conoció el decreto de nombramiento de Patricia González Vasco, que será la secretaria general del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, según queda consignado en el decreto 1372, firmado el 21 de agosto.
Además, se han publicado las hojas de vida de Harly Rafael Leudo y Óscar Ismael Sánchez, que tendrían cargos administrativos como la subdirección técnica de contratación y la jefatura de la oficina de planeación de la nueva cartera, respectivamente.
A través de una carta, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, extendió la invitación a cuatro candidatos a ocupar el cargo de alcalde en Bogotá, para que se conforme una alianza para dejar por fuera a Gustavo Bolívar en la segunda vuelta y hacerle frente al Gobierno nacional.
De acuerdo con Uribe, el candidato del Pacto Histórico sacaría provecho de su relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro para —posiblemente— influenciar en el proceso electoral en la ciudad por medio de la burocracia.
“Es evidente que Gustavo Bolívar recibirá el apoyo del Gobierno nacional, quien probablemente buscará influenciar el resultado electoral a través de la burocracia y los subsidios. Solo dejando al candidato por fuera de la segunda vuelta podemos garantizar que Gustavo Petro no interfiera en el resultado”, aseguró Uribe.
De esta manera, plantea que a través de la realización de una encuesta en la que participen los candidatos Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Diego Molano, y el general (r) Jorge Luis Vargas, se elija un candidato único que represente la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones.
Así mismo, según lo señaló Uribe, esta alianza debe ser el resultado de un acuerdo programático para enfrentar la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad.
🚨 Alianza por Bogotá:
Propongo una unión para hacerle frente al gobierno nacional y dejar por fuera a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta para la alcaldía.
Es necesario un alcalde que enfrente la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad.
“El próximo alcalde de Bogotá deberá enfrentar la inseguridad, hoy desbordada, combatir la corrupción y garantizar un modelo de gerencia eficiente y defender el Estado de Derecho”, afirmó el senador.
“Este acuerdo debe garantizar una propuesta de seguridad sin improvisaciones, de apoyo a la fuerza pública sin timidez, y oponerse contundentemente al pago a los bandidos propuesto por el gobierno de Petro. Gustavo Bolívar ha demostrado estar de lado de los criminales de la primera línea, necesitamos un alcalde que proteja a los ciudadanos” insistió.
“Hace 4 años propuse una alianza que otro candidato desechó. Sin duda, la unidad hoy vuelve a ser la respuesta para defender los intereses de los bogotanos”, concluyó Uribe.
Como se vaticinó días atrás, Adriana Córdoba Alvarado, exsecretaria de planeación de Bogotá y esposa del exalcalde Antanas Mockus, fue designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro como embajadora de Colombia en Dinamarca.
La designación de Adriana Córdoba fue realizada mediante el Decreto 1427 del 30 de agosto de 2023, firmado por el canciller Álvaro Leyva Durán.
“Mediante comunicación del 25 de mayo de 2023, el Gobierno del Reino Unido de Dinamarca otorgó beneplácito para la designación de la señora Adriana Córdoba Alvarado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en ese país”, dice el documento.
Aunque el decreto con el que se designó a Adriana Córdoba como embajadora se conoció este jueves, ya se había dado por sentado. Desde la semana pasada, su hoja de vida estaba publicada en la página de Aspirantes de la Presidencia de la República, paso previo al nombramiento.
#Política | La esposa del exalcalde Antanas Mockus, Adriana Córdoba, es la nueva embajadora de Colombia en Dinamarca. pic.twitter.com/l1dErP2iOD
Córdoba Alvarado es trabajadora social con especialización y maestría en planeación del desarrollo, urbana y regional. Tiene más de 23 años de experiencia laboral y ha ocupado varios cargos en el sector público.
Fue veedora distrital en la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, secretaria distrital de Planeación en la administración de Claudia López. Es actualmente miembro de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, y del Grupo Vanti.
Recientemente, fue nombrada miembro principal de la junta directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
El primer político en el que pensó el Gobierno para desempeñarse en este cargo fue el excongresista Germán Navas Talero. Sin embargo, debido a las polémicas que protagonizó, por su machismo y clasismo contra la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, fue descartada su designación como diplomático.
Debido a ello, Duván Ocampo continuó siendo embajador encargado de negocios en el país europeo. Pero, después de casi un año de interinidad, el Gobierno se decidió por la esposa del exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial.
A menos de dos meses para que se realicen las elecciones regionales, los riesgos electorales presentes en diferentes regiones del país se han convertido en un tema de preocupación central en las entidades encargadas de organizar y supervisar el proceso.
Este jueves, en la Comisión de Seguimiento Electoral que se realizó en Bogotá, el registrador Alexander Vega informó que a esta fecha son 100 los municipios con mayores alertas de trashumancia. Estos municipios se encuentran en La Guajira, Boyacá, Cauca, Putumayo, Nariño y Santander.
La lista la encabeza La Jagua del Pilar, La Guajira, con una variación en el número de trámites de inscripción de ciudadanos del 214 por ciento. En 2019 se inscribieron 283 cédulas y este año fueron 1.204.
Le sigue Tununguá, Boyacá, donde en 2019 hubo 83 cédulas inscritas y en 2023 hay 247, lo que representa una variación del 197 por ciento. Y en el tercer lugar aparece El Tambo, Cauca, donde de cara a las regionales pasadas fueron inscritas 2.028 cédulas y para los comicios de este año la Registraduría contabilizó 6.012 ciudadanos, para una variación de 196 por ciento.
Además de estas posibles alertas por trashumancia que el Consejo Nacional Electoral deberá supervisar para confirmar este delito, la Misión de Observación Electoral (MOE) también ha enviado señales de alarma por un total de 81 agresiones dirigidas a precandidatos y candidatos a las elecciones locales, 44 ocurridas en el último mes de agosto que incluyen 7 asesinatos y 6 atentados que constituyen el registro de violencia letal más elevado en los 10 meses monitoreados por la veeduría.
“En comparación con el 2019, la violencia contra este tipo de liderazgos se incrementó en un 80 por ciento, con el agravante de que también se han recrudecido los hechos letales pasando de 45 (26 asesinatos y 19 atentados) a 69 (35 asesinatos y 34 atentados) para un incremento del 76 por ciento”, dijo la entidad en un informe.
El ministro del interior Luis Fernando Velasco se refirió a esa situación y descartó que desde el Gobierno se esté evaluando la posibilidad de aplazar las elecciones en determinados municipios, como hace unas semanas lo señaló el registrador nacional Alexander Vega.
«Nosotros no estamos evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ningún lugar de Colombia», señaló. Además, manifestó que el gobernador del Cauca -uno de los departamentos más afectados por la violencia– pidió que no se analizara esa posibilidad.
Puesto de votación en riesgo
Los riesgos también están localizados en las veredas donde hacen fuerte presencia grupos armados ilegales. En total son 266 puestos de votación considerados prioritarios por temas de seguridad según la MOE y en su mayoría están localizados en municipios en Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Sur de Bolívar ya que concentran el 55 por ciento de estos puestos.
“Estos puestos de votación requieren de la mayor atención y de una planificación sobre las condiciones de seguridad para evitar cualquier tipo de hechos de violencia el día de la elección y constreñimientos contra la población”, manifiesta la veeduría.
Además, se habla también de posibles anomalías electorales «provenientes de Venezuela en el departamento de Arauca por los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita; así como en el departamento del Amazonas por el municipio de Puerto Nariño proveniente de Perú”.
La Defensoría del Pueblo señaló que al menos 380 municipios están en riesgo electoral, aunque el presidente Petro ha controvertido esas cifras.
«Yo vengo de elecciones donde tres candidatos presidenciales fueron asesinados, de elecciones en donde en decenas de municipios no hubo elección (…) Plantear que se hace un proceso electoral sin que haya amenazas, desafortunadamente, no es cierto», dijo el ministro Velasco.
Indicó que al menos 700 candidatos han solicitado medidas de seguridad y 500 ya cuentan con algún esquema. También manifestó que el Gobierno «asume con seriedad» esta situación, pero fue tajante al aclarar que aplazar o suspender las elecciones no es una opción.
Por su parte, Vega Rocha anunció que habrá apoyo helicoportado de la fuerza pública para 260 puestos de votación en 81 municipios de 22 departamentos del país y que el certamen electoral contará con plan de auditoría al software, asistencia técnica internacional y Misión de Observación Internacional.
Miguel Abraham Polo Polo seguirá en el Congreso. Así lo determinó el Consejo de Estado, que rechazó las demandas presentadas que pedían anular su elección como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente para el período 2022-2026.
Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que -tras evaluar las pruebas documentales- no se puede inferir que Polo Polo hubiera incurrido en doble militancia política. En el fallo de 32 páginas se revela que se cumplió con todo el trámite legal para su inscripción en las llamadas listas afro.
Los demandantes advertían que Polo Polo no cumple con los requisitos para ser representante de las comunidades afro, debido a que, en documentos oficiales del Ministerio del Interior, era representante de una comunidad indígena. Sin embargo, para las elecciones del 2022, había recibido otro apoyo diferente al de su comunidad, lo que se traducía en doble militancia.
“En este sentido, aun si en gracia de discusión la doble militancia tuviera aplicabilidad, esto es la referida a que ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político, en el presente asunto, el señor Polo Polo renunció al partido político Colombia Justa Libres el 2 de diciembre de 2021, y se postuló por las comunidades afrodescendientes, avalado por el consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo el 13 del mismo mes y año, es decir, después de que el demandado había presentado su dimisión a la citada colectividad, por lo que tampoco se hubiera configurado la citada prohibición”, resalta el Consejo de Estado.
En el debate jurídico, que se extendió por más de ocho meses, la Sección Quinta aseguró que la ley es muy clara cuando fija los lineamientos y exigencias para obtener una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente. Entre estas se encontraban: ser ciudadano en ejercicio y mayor de 25 años; ser miembro de la respectiva comunidad y estar avalado por una organización inscrita en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
En el caso de Polo Polo, se verificó que el representante a la Cámara fue avalado y es miembro de la comunidad afrodescendiente “Fernando Ríos Hidalgo”, de conformidad con el certificado del 10 de abril de 2022, proferido por el representante legal y la certificación del 7 de octubre de 2021 del Ministerio del Interior, que acreditó el autorreconocimiento del demandado como miembro de la comunidad afrodescendiente y que, de acuerdo con la Resolución 199 del 16 de agosto de 2019, esta organización está inscrita en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
Igualmente, las normas aplicables a la comunidad afrodescendiente en contiendas electorales, o en sus espacios propios, no consagran ningún tipo de prohibición a los miembros de la etnia afro para que, simultáneamente, puedan ser o haber sido parte de una comunidad indígena.
500 millones de pesos que fueron donados por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, para la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, no aparecen reportados en las cuentas oficiales.
Directivos del sindicato confirmaron que la entrega del dinero fue acordada con el gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
Según explicó Nelson Alarcón, quien para entonces era el tesorero de Fecode y quien fue delegado por el Comité Ejecutivo del sindicato para hacer la donación, los recursos tenían como fin apoyar gastos relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
“Si la dimos (la plata) para la finalidad de la campaña presidencial… Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña”, detalló Alarcón.
Debido a que la ley prohíbe que personas jurídicas (empresas, corporaciones, federaciones, fundaciones y similares) aporten a las campañas presidenciales, el dinero fue entregado por Fecode a la Colombia Humana, el partido del presidente Petro.
Esa triangulación permitía que la plata de la federación sindical, cuyo respaldo a Petro fue oficialmente declarado, entrara a las arcas de la campaña sin vulnerar la ley.
“El cheque tuvo que anularse varias veces y volverlo a hacer para donar a la Colombia Humana”, agregó Alarcón.
Que la plata entró a la Colombia Humana y tenía el propósito de financiar la campaña, también fue declarado por el mismo partido al CNE.
La de Fecode fue la segunda donación más alta que recibió la Colombia Humana, detrás de la de Negocios Varvill, la empresa de Santiago Vargas, el misterioso financiador del partido de Petro que regaló 650 millones no reportados en sus cuentas y que hoy tiene a un hermano contratado en el gobierno, como reveló la investigación de La Silla Vacía. La empresa de Vargas, según aseguraron varias fuentes a La Silla Vacía, fue vehículo para donaciones de terceros.
Pero la donación de Fecode no aparece en las cuentas de la campaña de Gustavo Petro. Ni en la contabilidad de primera vuelta ni en la de segunda vuelta hay un registro de aportes de la Colombia Humana, que debió haber transferido a la campaña el dinero donado por Fecode.
De hecho, las pocas veces que el gerente de la campaña, Ricardo Roa, ha salido a hablar sobre la plata que financió la aspiración, se ha mantenido en que la única fuente fueron los bancos y cooperativas que le prestaron.
“Los recursos con los que se financió la campaña fueron adquiridos en los bancos y en las cooperativas. Casi 50 mil millones que yo gestione de créditos en las tres fases de la campaña: en la consulta, primera y segunda vuelta. De ahí es que se derivan los recursos que se registraron e ingresaron debidamente a la campaña”, aseguró Roa en una entrevista a Blu Radio a inicios de agosto.
La campaña del presidente Petro estuvo a 151 millones de pasar el tope de primera vuelta (después de correcciones contables) y a 147 millones de superar el de segunda vuelta. Si se suma la plata que donó Fecode, en ambos casos la aspiración presidencial queda por fuera del límite legal.
