En medio del XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en Bucaramanga el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que señalan que tuvo una mala elección de integrantes que conforman su terna a fiscal.
“Ahora que presenté una terna, de personas que no conozco personalmente porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial. Me dicen que soy un tonto porque debí hacer una terna de amigos muy cercanos, porque ese es el poder. Porque el fiscal tiene más poder: el poder de otorgar o quitar la libertad. Eso no lo tiene un presidente”, señaló el mandatario.
Dijo también el presidente que “¿A quién podría yo apresar si el fiscal es mi amigo? La justicia dejaría de ser justicia, se convertiría en venganza. En un país así nadie podría estar seguro porque algunos irían al poder casi arrodillado para no perder la libertad”.
Sin embargo, cabe recordar que, aunque defendió su independencia, el mandatario en la entrevista exclusiva que dio a revista Cambio y W Radio confirmó que existe la posibilidad de modificar esa terna y que está en todo su derecho.
La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de la antropóloga Diana Marcela Gómez Correal como nueva viceministra de Mujeres, dependencia adscrita el Ministerio de Igualdad que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez.
Se trata del primer nombramiento de los cinco viceministerios que tendrá esta cartera que liderará la Vicepresidenta, de acuerdo al organigrama de esta. Gómez Correal es antropóloga de la Universidad Nacional con maestría en Historia de la misma institución. Asimismo, fue docente en la Universidad de Los Andes y en la Javeriana. En más de una ocasión hizo parte de la Secretaría de la Mujer en Bogotá, donde fue reconocida por elaborar políticas públicas para las mujeres.
A nivel académico, Gómez fue galardonada en 2016 con el premio Martin Diskin Dissertation Award de LASA y Oxfam que se entrega a académicos y académicas junior.
Ahora, Correal será la encargada de velar por los derechos del género femenino. Además del viceministerio de Mujeres, el Ministerio de la Igualdad tendrá un viceministerio de la Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Territorios Excluidos y Diversidades.
De esta manera se va conformando el equipo que acompañará a Márquez en su nuevo cargo, luego de que se hicieran los primeros nombramientos administrativos cuando se conoció el decreto de nombramiento de Patricia González Vasco, que será la secretaria general del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, según queda consignado en el decreto 1372, firmado el 21 de agosto.
Además, se han publicado las hojas de vida de Harly Rafael Leudo y Óscar Ismael Sánchez, que tendrían cargos administrativos como la subdirección técnica de contratación y la jefatura de la oficina de planeación de la nueva cartera, respectivamente.
A través de una carta, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, extendió la invitación a cuatro candidatos a ocupar el cargo de alcalde en Bogotá, para que se conforme una alianza para dejar por fuera a Gustavo Bolívar en la segunda vuelta y hacerle frente al Gobierno nacional.
De acuerdo con Uribe, el candidato del Pacto Histórico sacaría provecho de su relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro para —posiblemente— influenciar en el proceso electoral en la ciudad por medio de la burocracia.
“Es evidente que Gustavo Bolívar recibirá el apoyo del Gobierno nacional, quien probablemente buscará influenciar el resultado electoral a través de la burocracia y los subsidios. Solo dejando al candidato por fuera de la segunda vuelta podemos garantizar que Gustavo Petro no interfiera en el resultado”, aseguró Uribe.
De esta manera, plantea que a través de la realización de una encuesta en la que participen los candidatos Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Diego Molano, y el general (r) Jorge Luis Vargas, se elija un candidato único que represente la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones.
Así mismo, según lo señaló Uribe, esta alianza debe ser el resultado de un acuerdo programático para enfrentar la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad.
🚨 Alianza por Bogotá:
Propongo una unión para hacerle frente al gobierno nacional y dejar por fuera a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta para la alcaldía.
Es necesario un alcalde que enfrente la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad.
“El próximo alcalde de Bogotá deberá enfrentar la inseguridad, hoy desbordada, combatir la corrupción y garantizar un modelo de gerencia eficiente y defender el Estado de Derecho”, afirmó el senador.
“Este acuerdo debe garantizar una propuesta de seguridad sin improvisaciones, de apoyo a la fuerza pública sin timidez, y oponerse contundentemente al pago a los bandidos propuesto por el gobierno de Petro. Gustavo Bolívar ha demostrado estar de lado de los criminales de la primera línea, necesitamos un alcalde que proteja a los ciudadanos” insistió.
“Hace 4 años propuse una alianza que otro candidato desechó. Sin duda, la unidad hoy vuelve a ser la respuesta para defender los intereses de los bogotanos”, concluyó Uribe.
Como se vaticinó días atrás, Adriana Córdoba Alvarado, exsecretaria de planeación de Bogotá y esposa del exalcalde Antanas Mockus, fue designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro como embajadora de Colombia en Dinamarca.
La designación de Adriana Córdoba fue realizada mediante el Decreto 1427 del 30 de agosto de 2023, firmado por el canciller Álvaro Leyva Durán.
“Mediante comunicación del 25 de mayo de 2023, el Gobierno del Reino Unido de Dinamarca otorgó beneplácito para la designación de la señora Adriana Córdoba Alvarado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en ese país”, dice el documento.
Aunque el decreto con el que se designó a Adriana Córdoba como embajadora se conoció este jueves, ya se había dado por sentado. Desde la semana pasada, su hoja de vida estaba publicada en la página de Aspirantes de la Presidencia de la República, paso previo al nombramiento.
#Política | La esposa del exalcalde Antanas Mockus, Adriana Córdoba, es la nueva embajadora de Colombia en Dinamarca. pic.twitter.com/l1dErP2iOD
Córdoba Alvarado es trabajadora social con especialización y maestría en planeación del desarrollo, urbana y regional. Tiene más de 23 años de experiencia laboral y ha ocupado varios cargos en el sector público.
Fue veedora distrital en la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, secretaria distrital de Planeación en la administración de Claudia López. Es actualmente miembro de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, y del Grupo Vanti.
Recientemente, fue nombrada miembro principal de la junta directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
El primer político en el que pensó el Gobierno para desempeñarse en este cargo fue el excongresista Germán Navas Talero. Sin embargo, debido a las polémicas que protagonizó, por su machismo y clasismo contra la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, fue descartada su designación como diplomático.
Debido a ello, Duván Ocampo continuó siendo embajador encargado de negocios en el país europeo. Pero, después de casi un año de interinidad, el Gobierno se decidió por la esposa del exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial.
A menos de dos meses para que se realicen las elecciones regionales, los riesgos electorales presentes en diferentes regiones del país se han convertido en un tema de preocupación central en las entidades encargadas de organizar y supervisar el proceso.
Este jueves, en la Comisión de Seguimiento Electoral que se realizó en Bogotá, el registrador Alexander Vega informó que a esta fecha son 100 los municipios con mayores alertas de trashumancia. Estos municipios se encuentran en La Guajira, Boyacá, Cauca, Putumayo, Nariño y Santander.
La lista la encabeza La Jagua del Pilar, La Guajira, con una variación en el número de trámites de inscripción de ciudadanos del 214 por ciento. En 2019 se inscribieron 283 cédulas y este año fueron 1.204.
Le sigue Tununguá, Boyacá, donde en 2019 hubo 83 cédulas inscritas y en 2023 hay 247, lo que representa una variación del 197 por ciento. Y en el tercer lugar aparece El Tambo, Cauca, donde de cara a las regionales pasadas fueron inscritas 2.028 cédulas y para los comicios de este año la Registraduría contabilizó 6.012 ciudadanos, para una variación de 196 por ciento.
Además de estas posibles alertas por trashumancia que el Consejo Nacional Electoral deberá supervisar para confirmar este delito, la Misión de Observación Electoral (MOE) también ha enviado señales de alarma por un total de 81 agresiones dirigidas a precandidatos y candidatos a las elecciones locales, 44 ocurridas en el último mes de agosto que incluyen 7 asesinatos y 6 atentados que constituyen el registro de violencia letal más elevado en los 10 meses monitoreados por la veeduría.
“En comparación con el 2019, la violencia contra este tipo de liderazgos se incrementó en un 80 por ciento, con el agravante de que también se han recrudecido los hechos letales pasando de 45 (26 asesinatos y 19 atentados) a 69 (35 asesinatos y 34 atentados) para un incremento del 76 por ciento”, dijo la entidad en un informe.
El ministro del interior Luis Fernando Velasco se refirió a esa situación y descartó que desde el Gobierno se esté evaluando la posibilidad de aplazar las elecciones en determinados municipios, como hace unas semanas lo señaló el registrador nacional Alexander Vega.
«Nosotros no estamos evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ningún lugar de Colombia», señaló. Además, manifestó que el gobernador del Cauca -uno de los departamentos más afectados por la violencia– pidió que no se analizara esa posibilidad.
Puesto de votación en riesgo
Los riesgos también están localizados en las veredas donde hacen fuerte presencia grupos armados ilegales. En total son 266 puestos de votación considerados prioritarios por temas de seguridad según la MOE y en su mayoría están localizados en municipios en Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Sur de Bolívar ya que concentran el 55 por ciento de estos puestos.
“Estos puestos de votación requieren de la mayor atención y de una planificación sobre las condiciones de seguridad para evitar cualquier tipo de hechos de violencia el día de la elección y constreñimientos contra la población”, manifiesta la veeduría.
Además, se habla también de posibles anomalías electorales «provenientes de Venezuela en el departamento de Arauca por los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita; así como en el departamento del Amazonas por el municipio de Puerto Nariño proveniente de Perú”.
La Defensoría del Pueblo señaló que al menos 380 municipios están en riesgo electoral, aunque el presidente Petro ha controvertido esas cifras.
«Yo vengo de elecciones donde tres candidatos presidenciales fueron asesinados, de elecciones en donde en decenas de municipios no hubo elección (…) Plantear que se hace un proceso electoral sin que haya amenazas, desafortunadamente, no es cierto», dijo el ministro Velasco.
Indicó que al menos 700 candidatos han solicitado medidas de seguridad y 500 ya cuentan con algún esquema. También manifestó que el Gobierno «asume con seriedad» esta situación, pero fue tajante al aclarar que aplazar o suspender las elecciones no es una opción.
Por su parte, Vega Rocha anunció que habrá apoyo helicoportado de la fuerza pública para 260 puestos de votación en 81 municipios de 22 departamentos del país y que el certamen electoral contará con plan de auditoría al software, asistencia técnica internacional y Misión de Observación Internacional.
Miguel Abraham Polo Polo seguirá en el Congreso. Así lo determinó el Consejo de Estado, que rechazó las demandas presentadas que pedían anular su elección como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente para el período 2022-2026.
Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que -tras evaluar las pruebas documentales- no se puede inferir que Polo Polo hubiera incurrido en doble militancia política. En el fallo de 32 páginas se revela que se cumplió con todo el trámite legal para su inscripción en las llamadas listas afro.
Los demandantes advertían que Polo Polo no cumple con los requisitos para ser representante de las comunidades afro, debido a que, en documentos oficiales del Ministerio del Interior, era representante de una comunidad indígena. Sin embargo, para las elecciones del 2022, había recibido otro apoyo diferente al de su comunidad, lo que se traducía en doble militancia.
“En este sentido, aun si en gracia de discusión la doble militancia tuviera aplicabilidad, esto es la referida a que ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político, en el presente asunto, el señor Polo Polo renunció al partido político Colombia Justa Libres el 2 de diciembre de 2021, y se postuló por las comunidades afrodescendientes, avalado por el consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo el 13 del mismo mes y año, es decir, después de que el demandado había presentado su dimisión a la citada colectividad, por lo que tampoco se hubiera configurado la citada prohibición”, resalta el Consejo de Estado.
En el debate jurídico, que se extendió por más de ocho meses, la Sección Quinta aseguró que la ley es muy clara cuando fija los lineamientos y exigencias para obtener una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente. Entre estas se encontraban: ser ciudadano en ejercicio y mayor de 25 años; ser miembro de la respectiva comunidad y estar avalado por una organización inscrita en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
En el caso de Polo Polo, se verificó que el representante a la Cámara fue avalado y es miembro de la comunidad afrodescendiente “Fernando Ríos Hidalgo”, de conformidad con el certificado del 10 de abril de 2022, proferido por el representante legal y la certificación del 7 de octubre de 2021 del Ministerio del Interior, que acreditó el autorreconocimiento del demandado como miembro de la comunidad afrodescendiente y que, de acuerdo con la Resolución 199 del 16 de agosto de 2019, esta organización está inscrita en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
Igualmente, las normas aplicables a la comunidad afrodescendiente en contiendas electorales, o en sus espacios propios, no consagran ningún tipo de prohibición a los miembros de la etnia afro para que, simultáneamente, puedan ser o haber sido parte de una comunidad indígena.
500 millones de pesos que fueron donados por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, para la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, no aparecen reportados en las cuentas oficiales.
Directivos del sindicato confirmaron que la entrega del dinero fue acordada con el gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
Según explicó Nelson Alarcón, quien para entonces era el tesorero de Fecode y quien fue delegado por el Comité Ejecutivo del sindicato para hacer la donación, los recursos tenían como fin apoyar gastos relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
“Si la dimos (la plata) para la finalidad de la campaña presidencial… Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña”, detalló Alarcón.
Debido a que la ley prohíbe que personas jurídicas (empresas, corporaciones, federaciones, fundaciones y similares) aporten a las campañas presidenciales, el dinero fue entregado por Fecode a la Colombia Humana, el partido del presidente Petro.
Esa triangulación permitía que la plata de la federación sindical, cuyo respaldo a Petro fue oficialmente declarado, entrara a las arcas de la campaña sin vulnerar la ley.
“El cheque tuvo que anularse varias veces y volverlo a hacer para donar a la Colombia Humana”, agregó Alarcón.
Que la plata entró a la Colombia Humana y tenía el propósito de financiar la campaña, también fue declarado por el mismo partido al CNE.
La de Fecode fue la segunda donación más alta que recibió la Colombia Humana, detrás de la de Negocios Varvill, la empresa de Santiago Vargas, el misterioso financiador del partido de Petro que regaló 650 millones no reportados en sus cuentas y que hoy tiene a un hermano contratado en el gobierno, como reveló la investigación de La Silla Vacía. La empresa de Vargas, según aseguraron varias fuentes a La Silla Vacía, fue vehículo para donaciones de terceros.
Pero la donación de Fecode no aparece en las cuentas de la campaña de Gustavo Petro. Ni en la contabilidad de primera vuelta ni en la de segunda vuelta hay un registro de aportes de la Colombia Humana, que debió haber transferido a la campaña el dinero donado por Fecode.
De hecho, las pocas veces que el gerente de la campaña, Ricardo Roa, ha salido a hablar sobre la plata que financió la aspiración, se ha mantenido en que la única fuente fueron los bancos y cooperativas que le prestaron.
“Los recursos con los que se financió la campaña fueron adquiridos en los bancos y en las cooperativas. Casi 50 mil millones que yo gestione de créditos en las tres fases de la campaña: en la consulta, primera y segunda vuelta. De ahí es que se derivan los recursos que se registraron e ingresaron debidamente a la campaña”, aseguró Roa en una entrevista a Blu Radio a inicios de agosto.
La campaña del presidente Petro estuvo a 151 millones de pasar el tope de primera vuelta (después de correcciones contables) y a 147 millones de superar el de segunda vuelta. Si se suma la plata que donó Fecode, en ambos casos la aspiración presidencial queda por fuera del límite legal.
La disputa por la Alcaldía de Medellín tiene actualmente una fotografía que, de mantenerse de aquí al 29 de octubre, implica que ya está prácticamente definido quién será el reemplazo del polémico Daniel Quintero en el tradicional edificio de La Alpujarra.
De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer sobre intención de voto en las cinco principales ciudades de Colombia, la pelea por comandar la administración medellinense la va ganando, y con una diferencia muy amplia, el exalcalde y excandidato presidencial Federico Fico Gutiérrez.
Según la medición, realizada entre el 22 y el 27 de agosto pasados –con una muestra nacional de 3.000 encuestas, de las cuales 600 se hicieron en esta ciudad con un margen de error del 4 %–, Gutiérrez tiene una intención de voto del 63.3 por ciento.
Luego de Fico aparecen, en su orden, Juan Carlos Upegui (11.2 %) y Albert Corredor (6 %). Estos dos últimos candidatos son muy cercanos a la administración Quintero y han desempeñado diversas funciones durante la saliente alcaldía.
En total, para el caso de Medellín, se miden 16 candidatos y el voto en blanco, pero a parte de estos tres aspirantes ningún otro llega si quiera al 3 por ciento. Y quienes prefieren la casilla del voto en blanco está en el 4.7 por ciento.
En ese escenario es que Upegui (de Independientes, el partido de Quintero) y Corredor (de Medellín nos une, también cercano al actual mandatario local) han enfilado sus baterías contra Gutiérrez (de Creemos). Y este último, a su vez, ha decido no validarlos como rivales al no aceptar estar con ellos en debates.
Más allá de la polarización que hay en la ciudad, y en medio de la cual Fico sale aventajada en esta encuesta de Invamer, también se mide la percepción ciudadana sobre la actual administración de Quintero. Todos los resultados le arrojan negativo.
Cuando se preguntó si “¿cree usted que las cosas en Medellín están mejorando o están empeorando?”, el 67 % dijo que empeorando frente a un 22.3 % que contestó que mejorando.
En Bogotá habría segunda vuelta y a esta altura de la campaña, a diferencia de otras de las principales ciudades del país, no hay un candidato a la Alcaldía que tenga un claro favoritismo entre los electores. Esa es la principal conclusión de la encuesta realizada por Invamer, cuyos resultados fueron publicados este miércoles en la noche.
El estudio realizado para Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador midió la intención de voto en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
En lo que tiene que ver con la capital, según los resultados, Carlos Fernando Galán es el candidato que está liderando con 26,6 por ciento; seguido por Gustavo Bolívar (20,3 por ciento); Juan Daniel Oviedo (16,8 por ciento); Diego Molano (7,5 por ciento); Rodrigo Lara (7,4 por ciento); Jorge Luis Vargas (6 por ciento); Jorge Enrique Robledo (5 por ciento); Nicolás Ramos (1,2 por ciento), y Rafael Alfonso Quintero (0,6 por ciento). El voto en blanco, en este caso, registró 8,5 por ciento.
Según los resultados de esta encuesta, ninguno de los candidatos obtendría el 40 por ciento de los votos ni tendría 10 puntos porcentuales sobre su más inmediato competidor, por lo que los ciudadanos tendrían que acudir de nuevo a las urnas para la segunda vuelta.
Teniendo en cuenta el margen de error de la encuesta para Bogotá (5,09 por ciento), tanto Bolívar como Oviedo tendrían posibilidades de llegar a este escenario con Galán, quien, según los resultados, ganaría frente a cualquiera de los dos.
Si se presenta el caso de que la segunda vuelta se dispute entre Galán y Bolívar, el primero registra 63,1 por ciento de intención de voto, mientras que el segundo, 29,5 por ciento, de acuerdo con los resultados de Invamer.
Si por el contrario la confrontación es entre Galán y Oviedo, el primero tiene 59 por ciento de intención de voto y el segundo, 32,4 por ciento.
La encuesta, por otro lado, indagó sobre los principales problemas que, según los ciudadanos, los candidatos tendrán que resolver. La inseguridad es el principal dolor de cabeza de los capitalinos y a lo que el próximo alcalde le tendría que dar prioridad, de acuerdo con los resultados, pues 79,4 por ciento señaló que ese es el problema que más necesita ser atendido.
Otros de los inconvenientes que manifestaron los consultados son movilidad (24,3 por ciento); transporte público (19,6 por ciento); estado de las vías y mantenimiento (19 por ciento); desempleo (14 por ciento) y salud (9,4 por ciento).
Desde que el presidente Gustavo Petro anunció desde Buenaventura que se desarrollaría un programa de incentivos económicos para que los jóvenes se alejen de la delincuencia y las bandas criminales han sido muchas las críticas que se han evidenciado. El rechazo surgió especialmente por una frase controversial de Petro: “Les vamos a pagar por no matar”.
Si bien desde el gobierno Petro se ha reiterado que esta iniciativa definida como “Jóvenes en Paz” no es para que los jóvenes no maten, desde la oposición mencionan que fue el mismo jefe de Estado quien vendió el programa con esas palabras y aseguran, el pago de $1 millón podría incentivar el ingreso o la permanencia de la juventud en la criminalidad. La polémica creció todavía más cuando el Ministerio de Hacienda compartió un documento en el que se menciona que el costo de “Jóvenes en Paz” será de $1.2 billones, que irían destinados en 12 transferencias a 100 mil jóvenes.
La noticia no pasó de agache por el Congreso. Desde el Legislativo, senadores y representantes aprovecharon las sesiones para manifestar su malestar y plantearle preguntas a la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue citada en la Comisión Séptima del Senado para dar cuenta del ministerio de la Igualdad, cartera que manejará el programa.
Hoy defendimos el programa Jóvenes en Paz.
No es pagarle a jóvenes para que no maten, es resarcir años de abandono estatal. ¿Cuántas universidades construyó el uribismo en 20 años?
Por ejemplo; déjenme ver la gran sede universitaria que hicieron en Buenaventura. No existe. pic.twitter.com/Q42eT2Mg7L
El senador del Centro Democrático Miguel Uribe dijo que le preocupaba que se incentivara el crimen con el pago de este incentivo, mientras que su compañero Honorio Henríquez mencionó que se debía mirar una estrategia para generar oportunidades en lugar del asistencialismo y que también le preocupaba cuáles serían las competencias del minIgualdad con “Jóvenes en Paz”, pues se suponía que lo dirigiría Prosperidad Social.
Márquez señaló: “Es doloroso que ustedes, como senadores, digan que la juventud solo es delincuente. Que a los que vamos a beneficiar son delincuentes, no, son jóvenes entre 14 y 28 años que lo que necesitan es atención del Estado. Este no es un incentivo a sicarios”.
Las discusiones se trasladaron a la Plenaria de la Cámara, donde el representante del Pacto Histórico David Racero indicó que con las críticas que hacía la oposición al programa dirigido a jóvenes buscaban perpetuar el sistema de desigualdad. Hernán Cadavid, también del Centro Democrático le replicó: “Si aquí hay alguien que dijo que estaba pagando para no matar es el propio presidente, no esta oposición a la que usted está señalando”.
