JUDICIAL

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, de 51 años, señalado de asesinar a su compañera permanente en San Vicente del Caguán (Caquetá).

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto en el barrio Centro del municipio mencionado, en la vivienda donde residía la pareja. La víctima estaba acompañada por unos familiares; este hombre, al parecer, aprovechó que todos se fueron a descansar e ingresó a la habitación donde descansaba su pareja, a quien atacó con arma cortopunzante.

El presunto atacante huyó por la ventana, después de ser descubierto por un familiar. Se evidenció que la mujer estaba sometida a un ciclo de violencia física, psicológica y verbal. Dicha situación empeoró cuando ella decidió terminar la relación de 33 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional, materializaron la orden de captura contra el procesado, en el barrio Hernández de San Vicente del Caguán, frente a la estación de Policía.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación,  un Juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 4 hombres, como presuntos responsables de secuestrar a uno de sus compañeros de trabajo, de 23 años de edad, a quien señalaron de apropiarse de dineros de la empresa.

Con la medida fueron afectados Christian Hernández Lerma, José Fernando  Buriticá Cuero, Jaime de Jesús  Bedoya y Jimmy Ibarra Núñez, trabajadores de un supuesto call center de inversiones de criptomonedas, y quienes deberán responder por el delito de secuestro extorsivo agravado.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial ubicado en el barrio San Diego de Medellín, el 18 de agosto de este año, cuando los procesados, al parecer, retuvieron en contra de su voluntad a la víctima y le exigieron la suma de 15 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.  El ofendido fue señalado de hurtar dinero producto de las transacciones digitales.

Para presionar el pago del dinero, los ilegales habrían realizado múltiples llamadas a la madre del secuestrado en las que le dejaban escuchar los maltratos físicos a los que era sometido su hijo. 

Diez horas después de su retención, servidores del Gaula de la Policía liberaron a la víctima y capturaron en flagrancia a los 4 procesados. En la acción judicial se logró la incautación de 29 procesadores CPU, 48 monitores, un arma traumática, 6 celulares y el sistema de video vigilancia del inmueble.

Ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados por un fiscal especializado de la Seccional Medellín.

Por petición de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una pareja que estaría comprometida en el tráfico local de estupefacientes en Cartagena.

La decisión judicial afectó a Jorge Luis Herrera Fajardo, alias Changa, y a su esposa Daira Alejandra Oviedo Martínez, ambos de 26 años. Los dos fueron imputados con delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que la pareja rechazó.

Labores de policía judicial establecieron que los procesados desde su vivienda, ubicada en el barrio Pablo Sexto II, al parecer, comercializaban marihuana, cocaína y pastillas sintéticas a habitantes de los sectores Daniel Lemaitre, La María, La Esperanza, Petare y Santa Rita.

Se cree que desde ese punto distribuían más de 10.000 dosis de estupefacientes, cuyas ganancias ascendían aproximadamente a los 50 millones de pesos mensuales.

Los ahora implicados fueron capturados el pasado 14 de agosto en una diligencia de allanamiento y registro realizada por la Policía Nacional en la residencia de los procesados. En el operativo fue hallada una caleta subterránea con 82 bolsas que contenían dosis de marihuana lista para ser distribuida, 49 pastillas sintéticas y una licuadora para procesamiento de estupefacientes.

El principal objetivo es evitar nuevos ataques terroristas en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y suroccidente en general.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al término de un segundo consejo de seguridad que se realizó en Cali tras el ataque terrorista del jueves pasado, que dejó seis personas asesinadas y 79 heridos.

“Hemos definido la Operación Sultana, con tres objetivos. El primero, cero atentados terroristas en esta región. El segundo, desmantelamiento de la estructura criminal ‘Jaime Martínez’, que debe ser llevada a su mínima expresión. Tercero, la transformación social y económica del territorio; aquí interviene la acción unificada del Estado, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y toda Colombia con el sector público y privado», dijo el funcionario en rueda de prensa.

Lo ocurrido en Cali, agregó el ministro, “nos reafirma en la convicción para avanzar con todo el ímpetu y no doblegarnos ante la adversidad. Aquí vamos a avanzar y vamos a doblegar el terrorismo. Ni Colombia ni su Fuerza Pública se doblegará ante el crimen», sostuvo.

El ministro Sánchez explicó que para neutralizar la amenaza terrorista la clave es la anticipación a los atentados. Para ello, pidió la ayuda de la comunidad y de los medios de comunicación. “La valiente comunidad capturó a los dos delincuentes que están en manos de la justicia, pero aún estamos investigando la red que tenían para volarse. Queremos motivar en todos los medios de comunicación una campaña contra el terrorismo, que pongamos mensajes todos los días en las redes sociales para que nos suministren información llamando al 107 o al 157″.

Y reiteró las recompensas que se ofrecen para capturar a los cabecillas de la estructura terrorista ‘Jaime Martínez’: hasta $3.284 millones de recompensa por alias ‘Marlon’, principal cabecilla de ese grupo criminal; hasta $1.641 millones por alias ‘Kevin’; y hasta $4.450 millones por alias ‘Mordisco’.

También anunció el MinDefensa que el Bloque de Búsqueda se fortalecerá con capacidades tecnológicas y de Inteligencia, entre ellas nuevas capacidades para contrarrestar los ataques con drones, para lo cual ya se gestionaron recursos por $380 mil millones para todas las Fuerzas.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, de 40 años, presunto responsable de asesinar a su excompañera sentimental, madre de sus dos hijos, en Granada (Meta).

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El hombre aceptó su responsabilidad en el hecho.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto, en una vivienda ubicada en el barrio La Sabana del mencionado municipio, hasta donde llegó el presunto atacante, aprovechó que una de las ventanas estaba abierta y, al parecer, le disparó a la mujer, en presencia de sus hijos y de un sobrino, todos menores de edad.

Después de lo ocurrido, el hombre huyó en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Los elementos materiales probatorios recolectados evidenciaron que, durante la relación y convivencia, este hombre habría maltratado verbal y psicológicamente a la mujer, quien decidió separarse y se fue a vivir con sus hijos a la casa de su hermana, donde ocurrieron los hechos.

Luego de aceptar voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, Juan David Rodríguez Ochoa fue condenado por un juez penal de conocimiento a 23 años y 5 meses de prisión por su participación en el crimen de la funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ana Isabel Mejía Córdoba, ocurrido el 14 de noviembre de 2024 en Riohacha (La Guajira).

El hombre fue declarado responsable de ser coautor material de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Con ocasión del fallo en su contra, además de cumplir la pena en centro carcelario, deberá atender una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años.

La investigación orientada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial evidenció que Rodríguez Ochoa condujo la motocicleta utilizada para recoger al sicario, llevarlo al barrio Entre Ríos, donde disparó contra la servidora del CTI que conversaba con un familiar en la terraza de su lugar de residencia, y posteriormente facilitar su huida del lugar.

El hoy sentenciado fue capturado el pasado mes de julio por personal del CTI en Riohacha. Durante las audiencias concentradas aceptó su responsabilidad en el crimen y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Desde entonces permanece privado de la libertad.