JUDICIAL

La Fiscalía judicializó a cuatro personas capturadas en zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá) en cuyo poder tendrían material de guerra e intendencia. Los procesados fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.

De acuerdo con la investigación, en dos inmuebles de la vereda El Diamante en la vía que conduce de Cartagena del Chairá a El Paujil (Caquetá); personas al servicio de grupos al margen de la ley estarían almacenando armas de fuego y explosivos.

La Policía de Caquetá con el apoyo del Ejército Nacional, ubicó las viviendas donde eran almacenados más de 300 artefactos explosivos, más de 6.000 cartuchos de diferentes calibres, 100 granadas, cerca de dos toneladas de plomo, pólvora, 650 balines para metralla, tubos para lanzamiento de granadas, un fusil de largo alcance, y pancartas alusivas a grupos disidentes de las Farc.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Alberto Llanos Rodríguez, y detención domiciliaria para Verónica Cuellar Sánchez. Por su parte, Ilda Llanos Rodríguez y José Aldemar Gómez Lozano deberán afrontar el proceso penal en libertad.

Un fiscal de la Seccional Tolima presentó ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a un joven de 17 años, quien fue sorprendido con un dron que habría sido usado para facilitar el ataque terrorista contra la Estación de Policía del municipio de Anzoátegui, ocurrido el pasado 3 de octubre.

El joven fue judicializado como posible responsable de los delitos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, todos agravados, y fue afectado con medida de internamiento por un año.

La aprehensión se concretó la noche del pasado 7 de octubre en la vereda Santa Rita del municipio en mención, por integrantes de la Policía y el Ejército Nacional. En poder del menor infractor fue encontrada, además, una pistola y munición de diferentes calibres.

La investigación evidencia que el procesado, al parecer, hace parte del Frente 26 de Marzo del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc que delinque en el norte del Tolima.

La aeronave fue dejada a disposición de peritos expertos en drones e informática forense de la Fiscalía General de la Nación de la Seccional Tolima, quienes se encargarán de determinar si efectivamente este fue usado para ejecutar el ataque terrorista contra la Policía.

El adolescente no aceptó los cargos en su contra.

El material de prueba presentado por un fiscal de la Seccional Chocó permitió que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Samuel Córdoba López, alias Mala Leche, presunto integrante de la organización criminal Los Rapados.

La investigación evidenció que ‘Mala Leche’ habría participado en un hecho sicarial en el que murieron tres personas y una más resultó herida. Por esto un fiscal de la Seccional Chocó lo imputó con los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos agravados, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 2 de julio cuando Córdoba López, en compañía de tres personas, habría ingresado a un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Obrero de Quibdó. Se cree que dentro del lugar el procesado disparó en contra de tres hombres y una mujer.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Gaula Militar capturaron a Córdoba López el pasado 2 de octubre en vía pública de Quibdó.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Luis Davis Mata Tormet, alias Caín,  presunto responsable del asesinato de un hombre, en hechos ocurridos el pasado 2 de marzo, en Riohacha (La Guajira).

Alias Caín fue imputado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no aceptó.

El ente investigador evidenció que Mata Tormet, habría llegado a  bordo de una motocicleta  en compañía de otra persona al lugar de trabajo de la víctima, ubicado en la glorieta del comando de Policía del departamento, y disparó en varias oportunidades causándole la muerte.

La captura del procesado estuvo a cargo de uniformados del Gaula de la Policía Nacional, el pasado 25 de septiembre, en Riohacha, en cumplimiento de una orden judicial.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Javier Alexander Castellanos Archila, alias Rocola, quien habría participado en el homicidio de un hombre ocurrido el 22 de mayo de 2023 en Villa del Rosario (Norte de Santander).

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones; y hurto calificado y agravado, cargos que no aceptó.

El procesado habría participado con otras personas en el ataque con arma de fuego contra un hombre, a quien además le fue hurtada la motocicleta en que se movilizaba. La investigación da cuenta de que alias Rocola, capturado el pasado 1 de octubre mediante orden judicial, haría parte del grupo delincuencial conocido como La Family que delinque en diferentes zonas de Villa del Rosario (Norte de Santander).

Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Kevin Santiago Díaz Solís, presunto responsable de participar en el asesinato de un vigilante que intentó impedir un hurto a un restaurante en Dosquebradas (Risaralda).

Durante las diligencias judiciales, el procesado aceptó su responsabilidad frente a los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los cuales le imputó la fiscalía.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 7 de agosto cuando Díaz Solís, al parecer, ingresó a un establecimiento comercial del barrio La Pradera para apoderarse de elementos de valor y joyas de los clientes del lugar.

Según la investigación, la víctima intentó evitar el delito, por lo que se cree, que una persona que acompañaba a Díaz Solís le disparó en varias oportunidades. La gravedad de las heridas provocó la muerte del vigilante.