JUDICIAL

La Secretaría de Integración Social denunció ante la Fiscalía el uso del cepo como castigo a seis menores de entre 11 y 14 años de la comunidad Emberá en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. El caso fue reportado el 28 de noviembre, tras la ausencia de uno de los adolescentes en el Centro Amar.

Uno de los adolescentes fue reportado ausente del Centro Amar por parte del personal de Integración Social y, de acuerdo con la información recibida en la UPI La Rioja, se conoció que la razón era porque se encontraba en el cepo.

De manera inmediata, la entidad procedió con la verificación de la identidad de los niños y activación de las rutas de prevención a vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, que comprendieron las siguientes acciones:

• Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, presentando los hechos para que sean investigados los delitos de violencia intrafamiliar (art.229 C.P.) y/o maltrato mediante restricción de la libertad física (art. 230 C.P.), dado que regularmente este tipo de castigos son impuestos o concertados por los padres y la comunidad como medida de corrección.
• Reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, junto con la defensora de familia de UPI la Rioja, -responsables de la verificación de derechos-, evidenciaron que los jóvenes habían sido liberados recientemente del cepo y se encontraban en sus instituciones educativas.
• Articulación interinstitucional entre Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría Distrital de Integración Social, ya que el castigo fue presuntamente impuesto a los jóvenes por el consumo de sustancias psicoactivas.

Se ha evidenciado de manera recurrente la práctica de castigos físicos mediante el uso del cepo en la unidad operativa en niñas, niños y adolescentes, y con esto un claro incumplimiento de las disposiciones constitucionales, particularmente del articulo 44 en relación al respeto protección de los derechos de los niños y las niñas, así como de las normas referidas a la prohibición del castigo físico y los tratos crueles y humillantes o degradantes a los niños y las niñas contenidos en la Ley 2089 sancionada en Colombia el 14 de mayo de 2021 y en el Código de Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006-

Asimismo, exhortamos a la población Emberá que hace presencia en la UPI La Rioja a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional, como es el uso del cepo, ya que su aplicación en dicho lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional frente a los factores subjetivo, territorial, institucional y objetivo para la activación de la jurisdicción especial indígena, porque dicho predio es un bien fiscal del Distrito por lo que, como mínimo, no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena.

Además, el uso de este predio está destinado a la garantía y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes vulnerables en Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo Distrital 009 de 2022, por lo que allí se encuentra prohibida cualquier práctica que atente o ponga en riesgo sus derechos.

Siendo así, rechazamos estos hechos y reiteramos que las niñas y niños son sujetos de especial protección, sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás y la Secretaría continuará denunciando ante la Fiscalía las situaciones de violencia y vulneraciones, en estricta observancia a nuestra a su competencia y al deber de proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Finalmente, Integración Social insta la población Emberá, que habita en la unidad, a detener estas prácticas de maltrato a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y a utilizar el diálogo y el afecto como las mejores lecciones para la crianza de sus hijos. 

Los uniformados adscritos a la Estación de Policía Puente Aranda capturaron a tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

“Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje por la zona bancaria de la calle 13, observaron un vehículo con varias personas en su interior, al detenerlo y efectuar el registro a este automóvil encontraron en su interior un arma de fuego tipo pistola por lo que fueron capturados y dejados a disposición de autoridad competente”, aseguró el coronel, Pedro Saavedra, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá.

Asimismo, en los alrededores, al verificar dos vehículos, se encontraron cinco personas las cuales, al realizarles el registro a personas, se les halló en su poder cuatro armas de fuego.

Durante el procedimiento se trasladaron estas personas, las armas de fuego y los vehículos para constatar los documentos y permisos de estas.

De acuerdo con las autoridades, estos cuatro ciudadanos fungen como escoltas de una empresa de seguridad de la ciudad de Cali.

La Policía de Bogotá invita a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.

La Policía de Bogotá capturó a dos personas, quienes intentaban hurtar una camioneta de alta gama en la localidad de Engativá, al noroccidente de la ciudad. 

“Estas personas, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida en un vehículo, por lo que se hizo necesario activar el plan candado. Gracias a la oportuna reacción y despliegue de las patrullas, se logró detener este automóvil a la altura de la calle 63 con avenida caracas”, aseguró el teniente coronel Jhon Diaz, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá 

Durante el procedimiento y al efectuar el respectivo registro a personas y del automotor, se les encontró en su poder un arma de fuego tipo pistola y los elementos que minutos antes habían sido hurtados a la víctima.

A continuación, el teniente coronel Jhon Diaz, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, explicando en detalle cómo fue el operativo de captura:

El vehículo inmovilizado habría sido hurtado el pasado octubre en la localidad de Engativá, mediante la modalidad de atraco. De igual manera, estos presuntos delincuentes estarían dedicados al hurto de camionetas de alta gama.

Los capturados, el arma de fuego incautada y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos que se le atribuyen.

En un operativo conjunto liderado por la Alcaldía Local de Engativá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Ambiente, las autoridades lograron la captura de dos personas que fueron sorprendidas disponiendo residuos de construcción y demolición (RCD) de forma ilegal en zonas aledañas al canal Marantá y el humedal Jaboque.

«Estas intervenciones hacen parte de una estrategia integral del Distrito, con el objetivo de reducir el riesgo de disposición inadecuada de residuos. Estos pueden obstruir y generar desbordamientos e inundaciones con las lluvias, en zonas cercanas a cuerpos de agua», indicó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Durante la intervención, se constató la disposición inadecuada de aproximadamente 7 metros cúbicos de escombros, lo que representa un grave riesgo para la biodiversidad, el suelo y las comunidades cercanas. Este tipo de prácticas ilícitas incrementa el peligro de desbordamientos e inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias.

Estas acciones hacen parte de las actividades de control y seguimiento que realiza la autoridad ambiental, en conjunto con otras entidades del Distrito, para prevenir riesgos y mitigar la contaminación durante la época de lluvias. El compromiso interinstitucional busca garantizar la protección de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades.

El punto intervenido es considerado crítico y ha sido objeto de seguimiento y control por parte de la Secretaría de Ambiente desde 2023, con operativos nocturnos diseñados para prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales asociados al arrojo ilegal de residuos.

La Secretaría de Ambiente hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie estas actividades a través de la Línea 123 y reitera la importancia de adoptar prácticas responsables en la disposición de residuos.

La actividad investigativa desplegada por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía de Bogotá permitió poner en evidencia la modalidad delictiva, que estarían utilizando un grupo de personas en la localidad de Kennedy, en Bogotá, para dinamizar el tráfico local de estupefacientes evadiendo el control de las autoridades. Según las investigaciones, eran usados establecimientos comerciales nocturnos o bares, con fachada de sindicatos.

Se trata de Delvis José Leal, Baryan Estiven Gamarra Maurys y Danny Josué Campo Armas, quienes fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los procesados no aceptaron el cargo y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Estas personas comercializarían cocaína, marihuana y drogas sintéticas, en establecimientos comerciales que funcionaban bajo las falsas fachadas de sindicatos.

Las tres personas fueron capturadas por uniformados de la Policía en diligencias de registro y allanamiento en el barrio Provivienda Oriental en Kennedy donde se incautaron de varias dosis de marihuana, cocaína, drogas sintéticas, un arma, cartuchos, dinero en efectivo y licor que era comercializado en estos locales.