JUDICIAL

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yeison Emel Sabogal Solano, alias Yeison, quien habría participado en el secuestro de un odontólogo en El Banco (Magdalena), el 18 de octubre de 2023.

Según la investigación, la víctima, un odontólogo de 38 años, fue interceptada cuando salía de su casa por varias personas, entre ellas alias Yeison. Posteriormente, fue retenida y trasladada en una lancha hasta un sector despoblado, donde habría sido entregada a integrantes de una estructura criminal.

Un fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de secuestro simple y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados. Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El material probatorio indica que alias Yeison, presuntamente, realizó labores de inteligencia para identificar a la víctima y coordinar su secuestro, así como gestionó el cobro de 3.500 millones de pesos por su liberación.

El odontólogo fue liberado el 18 de febrero de 2024, tras 122 días de cautiverio.  

El procesado fue capturado por la Policía Nacional en La Mesa (Cesar) el pasado 4 de febrero, en cumplimiento de una orden judicial.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a uno de los presuntos involucrados en la violenta confrontación entre estructuras de las disidencias de las Farc, por el control de las rentas ilícitas en Guaviare y otros departamentos del oriente del país.

Se trata de Manuel Caicedo Sinisterra, quien fue capturado en un procedimiento realizado por el Ejército Nacional y la Policía Nacional en Calamar (Guaviare), en el que también fueron recuperados seis menores de edad, murieron dos señalados integrantes del grupo armado ilegal a cargo de alias Paisa Duver, y se incautaron 6 fusiles, 2 pistolas, 14 morrales de campaña, 30 proveedores, 715 cartuchos de calibres 5.56 y 9 mm, y 3 artefactos explosivos improvisados

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que este hombre haría parte de la denominada estructura primera de las disidencias de las Farc, y tendría a su disposición 30 hombres en armas que estarían involucrados en homicidios selectivos, reclutamiento forzado, cobro de extorsiones, desplazamiento, tráfico de estupefacientes y actos terroristas contra la fuerza pública y la población civil.

En ese sentido, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

El investigado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un fiscal de la Seccional Amazonas presentó ante un juez de control de garantías en Leticia a cinco presuntos integrantes de la organización ilegal Los del Progreso, red dedicada a comercializar marihuana y cocaína en barrios vulnerables del municipio de Puerto Nariño (Amazonas).

Se trata de los hermanos Ever y Germán Castillo Peña, quienes en compañía de Luis Ricardo Ríos Macho, Luis Alberto Salazar Sánchez, José Manuel Pinedo Santos y Sander Ángel Meléndez Silvano vendrían distribuyendo estupefacientes al menudeo en sus viviendas.

Labores de policía judicial evidenciaron que en varias de las acciones ilegales eran instrumentalizados menores de edad. Esta última conducta fue atribuida a Meléndez Silvano, quien se cree recurría a su hijo para distribuir las sustancias ilícitas con valores de entre 5.000 y 10.000 pesos.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, delitos como destinación ilícita de muebles o inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de un delito.

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en el municipio de Puerto Nariño (Amazonas). Con este procedimiento fue desmantelada la organización ilegal.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, a los investigados le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Ninguno aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.

José Julián Rendón Cardona, alias Tote, quien es investigado como presunto responsable del crimen de un líder sindical del sector transporte de Cali, aceptó haber incurrido en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego o municiones, ambos agravados.

El reconocimiento de responsabilidad se relaciona con el crimen ocurrido el 10 de noviembre de 2024 en Cali (Valle del Cauca) donde el ahora procesado, se habría acercado a la víctima que transitaba, cerca de una panadería del barrio San Nicolás de la capital vallecaucana, para allí dispararle en varias ocasiones por la espalda.

El trabajo coordinado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura de Rendón Cardona, el pasado 4 de febrero en el Sector Los Mangos, oriente de la capital vallecaucana.

El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso a alias Tote medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a Harold Santiago Barón Ramírez, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargo que no fue aceptado por el procesado.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero, cuando Barón Ramírez, a bordo de un vehículo, fue requerido en un puesto de control de la policía de carreteras en la vía que de Monterrey conduce a Yopal (Casanare).

Durante la inspección, los uniformados habrían encontrado, en el filtro de aire del carro, dos paquetes con 2.009 gramos de clorhidrato de cocaína; además, en la parte trasera, una caneca con 110 kilogramos de marihuana.

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Casanare, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En once meses, la Operación Themis ha permitido la captura de 131 personas y la identificación de 78 personas declaradas objetivos estratégicos y que, de acuerdo con las labores de inteligencia adelantadas, son señalados como presuntos responsables de estos asesinatos.

Así lo reveló el Gobierno en un informe presentado ante la Corte Constitucional en desarrollo de una sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que declaró el alto tribunal por la crisis humanitaria que atraviesa la población firmante del Acuerdo de Paz de 2016.

Los detenidos están sindicados de participar como autores materiales de más de cien casos de ataques contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinos.

La cifra la entregó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien confirmó que estos resultados se dieron como producto de acciones conjuntas y coordinadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con base en directivas y resoluciones emitidas por el Gobierno nacional para el despliegue de efectivos en zonas de riesgo.

De manera adicional, dijo, el Ejército Nacional ha desplegado 1.084 uniformados para garantizar la seguridad en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), mientras que unidades de Carabineros de la Policía Nacional refuerzan la vigilancia en estas zonas.

“La seguridad y la protección no dependen exclusivamente de la Policía Nacional. Es necesario que las alcaldías, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades asuman también, una tarea más activa en la implementación de medidas y de protección a las comunidades”, enfatizó el Ministro.

Velásquez resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia para la Reincorporación en la identificación de riesgos y el intercambio de información estratégica. 

En cuanto a la respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, Velásquez explicó que la Fuerza Pública diseña y ejecuta planes de acción focalizados que incluyen patrullajes, capturas, registros y otras estrategias de seguridad. 

“Cada alerta activa un protocolo dentro del Sistema Integral de Derechos Humanos, permitiendo una respuesta inmediata en las regiones y departamentos de Policía”, afirmó alto el funcionario.

Aclaró que el Gobierno nacional ha previsto los traslados necesarios para garantizar la operatividad en el segundo semestre del año.

Según el informe oficial presentado al tribunal constitucional, la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa es la instancia responsable de coordinar las acciones relacionadas con el Acuerdo de Paz, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de políticas y programas con otras entidades.

La Operación Themis, liderada por el Ministerio de Defensa, y con un promedio de una captura cada dos días, ha conseguido poner tras las rejas a presuntos responsables de asesinatos como alias ‘Maro’, de la estructura Dagoberto Ramos; alias ‘Flaco Alberto’, cabecilla del grupo 48 Comando de Frontera; alias ‘Ney Segoviano’ y alias ‘Rumba’ del Eln.