JUDICIAL

El Ministerio de Defensa Nacional puso en marcha una estrategia tendiente a reducir los índices de inseguridad en los departamentos de la costa, en especial Atlántico y Magdalena.

El anuncio de la nueva estrategia para combatir el delito lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al término de un consejo de seguridad en la sede del Comando Aéreo de Combate No. 3 (Cacom), en el municipio de Malambo, Atlántico, en el que participaron la cúpula militar y policial, autoridades civiles de los dos departamentos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El ministro Sánchez anunció algunas de las medidas que ya comenzaron a implementarse:

– Fortalecimiento del sistema de monitoreo y vigilancia. Se promoverá la instalación de cámaras de seguridad mediante el Fondo para la Seguridad y Convivencia (Fonsecon) del Ministerio del Interior.

– La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están articulando una estrategia que contempla el aumento de 50 funcionarios especializados en Inteligencia y Policía Judicial.

– Ofensiva sostenida contra las estructuras criminales.

– Campañas pedagógicas para fomentar la denuncia ciudadana y fortalecer la confianza en las autoridades.

Durante el consejo de seguridad también se plantearon lineamientos del entorno actual del área metropolitana de Barranquilla, para combatir la delincuencia y otros factores de inestabilidad que afectan a la población.

También se analizaron diferentes estrategias de seguridad para afrontar el impacto por la presencia de grupos armados organizados en las zonas rurales y urbanas del departamento del Atlántico, y se hizo un balance de la política de seguridad y convivencia establecida por la Gobernación para reducir la violencia en la región.

Por su parte, el ministro del Interior aseguró en su cuenta de la red social X: “El Atlántico está en el pódium de asesinatos, robos, extorsiones y armas ilegales incautadas del país. Barranquilla y Soledad tienen el 80% de los casos. Es impresionante cómo ha venido creciendo como nunca antes en la historia”.

Sobre el tema, el ministro de Defensa agregó durante el consejo de seguridad que “96% de estos actos ilícitos están ocurriendo en zonas pobladas”.

Agregó el funcionario que en Atlántico operan las bandas ‘los Costeños’ y el ‘clan del Golfo’ que han mantenido enfrentamientos entre sí, aumentando en 8 % la tasa de homicidios con respecto a 2024. El ministro Sánchez también se refirió al aumento de la extorsión en 24 %.

“El Eln arrasa con la población civil”

De otro lado, el ministro de Defensa rechazó en su cuenta de la red social x que los crímenes que ha cometido el proscrito Eln en la región del Catatumbo.

“La vida de cada colombiano es sagrada. Rechazamos y condenamos enérgicamente el vil asesinato de dos mujeres y un hombre que transitaban de civil en el Catatumbo. El Eln ha llevado la violencia contra Colombia a su más alto nivel de degradación”, escribió el ministro.

Agregó en su mensaje: “Si alguna vez tuvieron un sentido de humanidad, hoy lo han perdido por completo. Lo único que han demostrado es su capacidad de arrasar con la población civil para subsistir del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Avanzaremos con mayor firmeza y sin pausa para proteger nuestro pueblo”. 

El ministro Sánchez pidió a la comunidad del Catatumbo denunciar a los autores de estos crímenes. “Hoy más que nunca reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la transformación social y económica del Catatumbo, donde cada niño, cada joven y cada campesino pueda crecer sin miedo y con esperanza. No descansaremos hasta devolverle a esta tierra la tranquilidad, la dignidad y el progreso que merecen. 

Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen! 

Contra el terrorismo: 323 273 4707 

Contra el crimen: 314 358 7212 

Línea 107

Absoluta reserva.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Giovanny Sebastián Ortiz Bravo, presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

De acuerdo con la investigación, el 18 de febrero de 2023, en el barrio Playa Verde de Ambalema (Tolima), una mujer fue abordada por tres hombres, quienes le dispararon por la espalda, ocasionándole la muerte. En la acción sicarial, resultaron heridas otras dos personas, entre ellas una menor de edad de 7 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, capturaron a Ortiz Bravo en el barrio Kennedy de Ibagué. El procesado no aceptó los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima.

Al parecer, estos hechos se presentaron por problemas personales que existían entre los presuntos atacantes y las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Eduardo Salazar García por su presunta responsabilidad en el delito de violencia contra servidor público por los hechos ocurridos el pasado 22 de abril cuando, al parecer, arrolló a una agente de tránsito que le solicitó la documentación del vehículo que manejaba.

La investigación adelantada por una fiscal de la Seccional, puso en evidencia  que Salazar García transitaba por el barrio San Fernando, intersección con Cuba, en Pereira (Risaralda), en ese momento la agente de tránsito le hizo una señal de pare para solicitarle el SOAT; sin embargo, no lo tenía.

Mientras la uniformada adelantaba sus labores, el ahora investigado habría puesto en marcha en vehículo atropellando a la funcionaria quien quedó sobre el capó del carro, agarrada de las plumillas durante varios metros, hasta que logró lanzarse al asfalto.

La acción del presunto responsable le causó varias contusiones en diferentes partes de su cuerpo.

El hoy procesado fue capturado en vía pública del barrio Las Mercedes por uniformados de la Policía Nacional mientras, al parecer, huía del sitio en el que ocurrieron los hechos.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.

Por solicitud de la Fiscalía General  de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Carlos Iván Palacio Rodríguez, Carlos Manuel Padilla Gamarra, Rubén Darío Noreña Gómez, Esneider Franjader Vásquez Arboleda y Borys Manuel Arroyo Genez, por su presunta responsabilidad, al menos, 21 hurtos de mercancía a almacenes de cadena de Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, estas personas integrarían un grupo delincuencial, conocido como Los Biónicos, y los robos registrados entre 2021 y 2023, ascenderían a una cuantía de 20 millones de pesos. 

El trabajo investigativo evidenció que los elementos hurtados habrían sido sustraídos de los establecimientos comerciales en bolsas recubiertas con aluminio para no ser detectados por los sistemas electrónicos de seguridad.

Los procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

En los operativos de captura, los investigadores incautaron varias botellas de licor importado y 17 cajas de medicamentos, que, al parecer, eran hurtados. También fueron  decomisados varios celulares y  una de las bolsas utilizadas para los presuntos hurtos.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Eduardo Torres González, por su presunta participación en diversos hurtos mediante la modalidad de ‘cambiazo’ de tarjetas, entre agosto de 2023 y junio de 2024, en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

En ese sentido, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), de la Seccional Córdoba, le imputó los delitos de concierto para delinquir; obstaculización ilegítima al sistema informático o red de telecomunicaciones; y hurto por medios informáticos y semejantes.

De acuerdo con las investigaciones, Torres González haría parte de un grupo delincuencial denominado Los Ilusionistas, señalado de incurrir en daños a cajeros automáticos y hurto a ciudadanos, a través de medios informáticos.

Según la investigación, la organización sería la responsable de vandalizar cajeros electrónicos y luego, ofrecían su ayuda a usuarios de la tercera edad, a quienes les cambiaban sus tarjetas, débito o crédito. Así lograban realizar retiros, transferencias y compras sin autorización de los ciudadanos. Mediante estas prácticas se habrían apropiado de más de 100’000.000 de pesos.

Entre las víctimas se encuentra un ciudadano de 60 años, a quien le hurtaron 19 millones de pesos; además de un funcionario judicial, con cuyas tarjetas realizaron compras por 17 millones de pesos.

El procesado fue capturado en Barranquilla por uniformados de la Policía Nacional. En medio de las audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

En desarrollo de esta investigación han sido judicializadas 11 personas de la misma red criminal.