JUDICIAL

Ante solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez promiscuo municipal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional, como presuntos responsables del homicidio de once personas en el caserío Alto Remanso de Puerto Leguízamo (Putumayo) en marzo de 2022.

La medida, proferida por los delitos de homicidio en persona protegida consumado y tentado, cobija al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, al capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, al teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, a los sargentos Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, a los cabos Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y a 17 soldados profesionales.

Los 24 uniformados responden en esta investigación penal por hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022 durante la operación militar Mahlon Nro 5, en desarrollo de la cual, al parecer, dispararon de manera indiscriminada durante dos horas y media causando la muerte de once personas. Entre las víctimas registradas se encuentran un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, además de cuatro personas heridas, una de ellas una menor embarazada que dormía en su vivienda.

“Estás once personas murieron como consecuencia directa de la acción de disparos de las tropas especiales del Ejército Nacional, ocho de ellas eran civiles; esto es, no eran combatientes (…) debido a que como población civil no se encontraban participando directamente en las hostilidades”, afirmó en audiencia el fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encargado del caso.

Según la investigación, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo, último día del bazar comunitario en el que participaron alrededor de 300 personas de veredas cercanas al caserío, un tirador de alta precisión inició el ataque contra hombres armados presentes en el Alto Remanso que estaban en medio de la población civil. A partir de ese momento empezó el desarrollo de la operación militar presuntamente indiscriminada y desproporcionada que culminó, dos horas y media después, con la muerte de once personas y cinco heridas

De acuerdo con el relato del fiscal a cargo, al terminar la intervención armada, la tropa habría ingresado al caserío usando sudaderas de color verde oscuro, camisetas negras y pañoletas negras, e identificado como un grupo armado ilegal, reunido a la población civil en la cancha múltiple por varias horas, mientras presuntamente movían los cuerpos de las víctimas y alteraban la escena del crimen.

Labores de policía judicial a cargo de peritos del Centro de Valoración Probatorio (Cevap) de la Fiscalía lograron la reconstrucción en 3D de la escena del crimen, la trayectoria de los disparos y el recaudo de material fotográfico, elementos que darían cuenta de un operativo militar desproporcionado y que no tuvo en cuenta la presencia de población civil en la zona al momento de los disparos.

Los uniformados deberán permanecer en el centro de reclusión militar del Batallón de Ingenieros No 13 de Bogotá mientras avanza la investigación en su contra.

La Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Sijín de la Policía Nacional, judicializó a Juan David Uribe Javela, Deiner Bolaños Bravo y Rolando Ruíz Muñoz, presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Desalmados, presuntamente responsable de hurtos ocurridos en diciembre de 2023 en Acevedo y Pitalito (Huila).

Uno de los hechos atribuidos a los capturados ocurrió el 7 de diciembre de 2023 sobre la vía que conduce del Higuerón al municipio de Acevedo (Huila). Según la investigación, los procesados se desplazaban en motocicletas en las que habrían interceptado, golpeado e intimidado con armas traumáticas a un agricultor para hurtarle 20 millones de pesos.

La Fiscalía evidenció que Uribe Javela, Bolaños Bravo y Ruíz Muñoz estarían vinculados a otros hurtos y lesiones personales con armas de fuego a cafeteros del área urbana y rural de Pitalito (Huila).

Estas personas fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en Bello (Antioquia) y en la vía pública del Valle de Laboyos.

La Fiscalía les imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no  fue aceptado. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Bravo Bolaños y Ruíz Muñoz; Uribe Javela fue cobijado con detención domiciliaria.

La Fiscalía General de la Nación puso a disposición de un juez de Ejecución de Penas a Jhon Carlos Muñoz Cuellar, para el cumplimiento de una sentencia de 5 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en la estafa en la venta de vehículos usados en Popayán (Cauca).

Los hechos por los que Muñoz Cuellar fue condenado y se encontraba prófugo, ocurrieron en septiembre de 2017, cuando un ciudadano denunció ser víctima de una estafa por parte del hombre.

La víctima fue contactada por Muñoz Cuellar con la que coordinó la venta de un vehículo que supuestamente se encontraba con toda la documentación al día. Pero después comprobó en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que el carro presentaba deudas por impuestos y comparendos, además de un gravamen de limitación a la propiedad por 16 millones de pesos.

El hombre se contactó nuevamente con el condenado quien lo habría amenazado si denunciaba lo sucedido, adicionalmente le exigió más dinero ya que supuestamente le había vendido el vehículo por un precio mucho menor.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con uniformados de la Policía y el Ejército Nacional, capturaron a Muñoz cuando se desplazaba por un sector del barrio Los Sauces de Popayán.

El hombre deberá cumplir la condena de 5 años de prisión en la cárcel San Isidro de Popayán.

Las pruebas presentadas por  la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal del circuito condenara a 29 años y 9 meses de prisión a un hombre que intentó asesinar a su compañera sentimental y a sus dos hijos, en Cali (Valle del Cauca).

La Fiscalía demostró que el 27 de agosto de 2021, el hoy sentenciado atacó con un arma blanca a las víctimas dentro de un apartamento ubicado en un conjunto residencial, en el norte de la capital vallecaucana.

El hombre agredió a su compañera sentimental y los hijos, mayores de edad, que intentaron  socorrer a su madre y fueron heridos de gravedad.

Se pudo establecer que el ataque fue sorpresivo y violento, lo que no permitió a las víctimas  defenderse, ocasionándoles múltiples heridas que pusieron en peligro sus vidas. Vecinos del lugar los auxiliaron y el agresor fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

El juez condenó al hombre por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado, ambos en grado de tentativa, y deberá cumplir la sentencia en un centro penitenciario, sin ningún tipo de beneficio.

La sentencia fue apelada por la defensa del condenado.