JUDICIAL

En once meses, la Operación Themis ha permitido la captura de 131 personas y la identificación de 78 personas declaradas objetivos estratégicos y que, de acuerdo con las labores de inteligencia adelantadas, son señalados como presuntos responsables de estos asesinatos.

Así lo reveló el Gobierno en un informe presentado ante la Corte Constitucional en desarrollo de una sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que declaró el alto tribunal por la crisis humanitaria que atraviesa la población firmante del Acuerdo de Paz de 2016.

Los detenidos están sindicados de participar como autores materiales de más de cien casos de ataques contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinos.

La cifra la entregó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien confirmó que estos resultados se dieron como producto de acciones conjuntas y coordinadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con base en directivas y resoluciones emitidas por el Gobierno nacional para el despliegue de efectivos en zonas de riesgo.

De manera adicional, dijo, el Ejército Nacional ha desplegado 1.084 uniformados para garantizar la seguridad en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), mientras que unidades de Carabineros de la Policía Nacional refuerzan la vigilancia en estas zonas.

“La seguridad y la protección no dependen exclusivamente de la Policía Nacional. Es necesario que las alcaldías, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades asuman también, una tarea más activa en la implementación de medidas y de protección a las comunidades”, enfatizó el Ministro.

Velásquez resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia para la Reincorporación en la identificación de riesgos y el intercambio de información estratégica. 

En cuanto a la respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, Velásquez explicó que la Fuerza Pública diseña y ejecuta planes de acción focalizados que incluyen patrullajes, capturas, registros y otras estrategias de seguridad. 

“Cada alerta activa un protocolo dentro del Sistema Integral de Derechos Humanos, permitiendo una respuesta inmediata en las regiones y departamentos de Policía”, afirmó alto el funcionario.

Aclaró que el Gobierno nacional ha previsto los traslados necesarios para garantizar la operatividad en el segundo semestre del año.

Según el informe oficial presentado al tribunal constitucional, la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa es la instancia responsable de coordinar las acciones relacionadas con el Acuerdo de Paz, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de políticas y programas con otras entidades.

La Operación Themis, liderada por el Ministerio de Defensa, y con un promedio de una captura cada dos días, ha conseguido poner tras las rejas a presuntos responsables de asesinatos como alias ‘Maro’, de la estructura Dagoberto Ramos; alias ‘Flaco Alberto’, cabecilla del grupo 48 Comando de Frontera; alias ‘Ney Segoviano’ y alias ‘Rumba’ del Eln.

Uno de los principales articuladores de una ola de violencia promovida por la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en Tolima y Huila, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en 21 crímenes y otras acciones delictivas en contra de la población civil y la fuerza pública.

Se trata de Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, uno de los cabecillas del grupo armado ilegal que, en virtud de la negociación avalada por un juez penal especializado de Neiva (Huila), fue condenado a 27 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tentativa de homicidio, estas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, hurto calificado y daño en bien ajeno.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que alias Guajiro participó en el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional, el 2 de septiembre de 2022, en el corregimiento de San Luis en Neiva (Huila), que dejó siete uniformados muertos y uno herido. En esa oportunidad los agresores se apoderaron de fusiles, pistolas, granadas, lanzagranadas, chalecos y otros elementos avaluados en más de 82 millones de pesos.

En el curso de la investigación se acreditó que Collo Dagua estuvo involucrado en otras muertes violentas sucedidas entre 2021 y 2023. Entre los eventos que se le atribuye están el perpetrado el 28 de mayo de 2021, en la vereda San Agustín, en Planadas (Tolima), que dejó un hombre muerto; un triple homicidio en el corregimiento de Aipecito, en Neiva (Huila), el 23 de diciembre de 2021; y un asesinato en un billar del corregimiento La Marina, en Chaparral (Tolima), el 15 de mayo de 2023.

Al dar a conocer la sentencia, el juez dispuso que la pena deberá cumplirse en establecimiento carcelario y destacó que no proceden mecanismos sustitutivos. De igual manera, inhabilitó a alias Guajiro para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 328 meses.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Gutiérrez, alias El Zorro, presunto responsable del delito de hurto calificado. Al parecer, venía cometiendo el ilícito de manera continua en la vereda Pringamosal del Guamo (Tolima).

De acuerdo con la investigación, presuntamente, cometió varios robos entre julio y octubre de 2024. En uno de los hechos que se le atribuyen, al parecer, aprovechó que una habitante de la zona salía de una finca para llevar a su hijo al colegio y se apoderó de, al menos, nueve animales de granja, en tres eventos diferentes.

Por otra parte, al parecer, ‘El Zorro’ también se apoderó de varios bultos de limón y yuca, además de herramientas y otros elementos, avaluados en cerca de 6 millones de pesos, de un adulto mayor de la zona.

La Fiscalía asoció los eventos ocurridos, y judicializó al presunto asaltante, quien no aceptó su responsabilidad en el delito.

En un operativo conjunto realizado por la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia y la Estación de Policía del municipio de La Plata, se logró la captura en flagrancia de un dragoneante del INPEC, quien estaba asignado a la seguridad del centro carcelario de esta localidad.

Este importante resultado fue posible gracias a la información oportuna suministrada por el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), lo que permitió a las autoridades actuar de manera inmediata para prevenir el ingreso de elementos ilícitos al penal.

El funcionario fue interceptado cuando intentaba ingresar al establecimiento penitenciario en su vehículo particular. Durante la inspección, se hallaron:

• 31 teléfonos celulares
• 6 cargadores
• 35 tarjetas SIM
• 12 amplificadores de señal
• Material para la dosificación de cigarrillos
• Cantidades significativas de marihuana y cocaína

Estos elementos habrían sido destinados a actividades ilegales dentro del centro penitenciario, lo que representa un grave riesgo para la seguridad y el orden en el lugar.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 38 Local de La Plata y, tras la audiencia respectiva, un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliario.

Este caso pone en evidencia el compromiso conjunto entre la Policía Nacional y el INPEC para combatir la corrupción y cualquier irregularidad que pueda comprometer la seguridad en los centros penitenciarios del país.

La Fiscalía General de la Nación presentó, ante un juez de control de garantías, a Brayan Herney Rosas Mejía, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado, cargo que no fue aceptado.

Rosas Mejía fue capturado, frente a la estación de policía de Inírida y por solicitud de la Fiscalía, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta persona y tres jóvenes menores de edad estarían involucrados en el abuso sexual del que fue víctima una niña de 13 años. Los hechos ocurrieron el 4 de mayo del 2024, en una vivienda de Inírida (Guainía), donde, al parecer, le suministraron una sustancia en polvo, que la habría puesto en estado de indefensión.

Por este hecho, un fiscal seccional judicializó por el mismo delito a los tres adolescentes, quienes, para la fecha de los acontecimientos, tenían entre 15 y 17 años. Dos de ellos fueron aprehendidos en la capital del Guainía y el otro menor de edad fue aprehendido en el aeropuerto de Bogotá, momentos antes de abordar un avión que lo llevaría fuera del país.

Los tres adolescentes fueron cobijados con medida de internamiento preventiva en centro especial para menores en Villavicencio y Bogotá.