JUDICIAL

Un fiscal de la Seccional Huila judicializó a dos mujeres y un hombre, presuntamente implicados en el asesinato de Yeison Fernando Díaz Fierro, en hechos ocurridos el pasado 20 de abril en el barrio Villa Café de Pitalito.

De acuerdo con la investigación, un cruce de disparos entre dos organizaciones criminales habría terminado impactando a Díaz Fierro. Se cree que los hechos ocurrieron en lo que sería una disputa territorial de dos redes criminales.

Entre los procesados figuran William Alexis Cañar Calderón, Kerly Tatiana Valencia Figueroa y Luisa Fernanda Zúñiga Claros, quienes fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Estas personas fueron capturadas por la Sijin de la Policía Nacional en desarrollo de dos diligencias de registro y allanamiento cumplidas en dos inmuebles en los barrios San Antonio y El Porvenir del Valle de Laboyos.

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Cañar Calderón. Las otras dos personas fueron cobijadas con detención domiciliaria.

Ninguno se allanó  a los cargos imputados por el ente investigador.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que, al parecer, venían extorsionando a un comerciante de Cúcuta (Norte de Santander) desde el pasado 17 de agosto. El ente acusador evidenció que los hombres exigirían el pago de un millón de pesos mensuales a cambio de no atentar contra su vida y su negocio.

Se trata de Gustavo Antonio Barrios Sánchez, alias Sicario, y Keivi Alexánder Domínguez Canelo, alias Barbas, presuntos integrantes del grupo delincuencial AK- 47, a quienes se les imputaron los delitos de extorsión agravada y homicidio en grado de tentativa.

Según las indagaciones, estos dos hombres también habrían participado en un atentado con disparos contra empleados del comerciante, hechos ocurridos el pasado 21 de agosto. El ataque no dejó personas heridas.

Una vez que la víctima expuso el caso ante el Gaula de la Policía Nacional se coordinó la entrega del dinero, de manera controlada. El procedimiento permitió que los procesados fueran capturados este 27 de agosto.

Los imputados no aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel Modelo de Cúcuta.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Atlántico logró que un juez de control de garantías de Barranquilla enviara a la cárcel a un hombre presuntamente responsable de someter, durante ochos años, a múltiples vejámenes sexualmente a sus cinco hijos, cuyas edades, para la época de los hechos, oscilaban entre 8 y 14 años.

El material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió imputar al procesado los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, cargos a los cuales no se allanó.

Pruebas testimoniales en poder del ente acusador evidenciaron que el procesado habría aprovechado su condición de padre para someter a los menores, a quienes además habría obligado a incurrir en distintas prácticas de índole sexual.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Villa de San Pedro II al suroccidente de la capital del Atlántico, donde el investigado vivía junto con las víctimas.

En cumplimiento de una orden judicial, el procesado, de 45 años, fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional el pasado 20 de agosto en el lugar donde se presume sucedieron las agresiones.

Una fiscal de la Seccional Bolívar presentó ante un juez de control de garantías a Fernando León Palacios y a Jhosep Cabrera Smith, presuntamente implicados en las extorsiones que desde julio pasado se vendrían realizando a un comerciante en Cartagena.

El trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional permitió la captura de los ahora procesados en el barrio Villa Estrella, en momentos en que León Palacios y Cabrera Smith recibían de manos del dueño de un restaurante una suma de dinero, presumiblemente relacionada con exigencias económicas ilegales.

La fiscalía imputó al procesado el delito de extorsión agravada, el cual no fue aceptado. La denuncia evidenció que los procesados, simulando integrar una organización ilegal, le exigían al comerciante cinco millones de pesos a cambio de brindarle seguridad y no atentar contra él, su negocio o sus trabajadores.

Por determinación del juez, los hoy implicados deberán cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel San Sebastián Ternera de la capital de Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de que Jenner Gómez Márquez, alias El Negro, sería el jefe de sicarios Clan del Golfo en el bajo Cauca Antioqueño y el presunto responsable de varios crímenes ocurridos, especialmente, en El Bagre y Zaragoza (Antioquia).

En el 2022, este hombre habría ordenado y participado en, por lo menos, siete homicidios y nueve secuestros, en medio de una disputa armada que tenía con otras estructuras ilegales que delinquen en la región, como ‘Los Caparros’.

Adicionalmente, las investigaciones indican que estaría involucrado en desplazamientos, secuestros y otras conductas delictivas en contra de la población.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias El Negro los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Una fiscal de la Seccional Putumayo judicializó el subintendente de la Policía Nacional Julián Hernando Urquijo Castillo y al ciudadano Daniel Andrés Urbano Meneses, como posibles responsables de los delitos de cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer, en los que habrían incurrido el pasado 24 de enero en Mocoa.

El procesado, junto a otros uniformados, instaló un puesto de registro y control en la variante La Catleya, en el que realizó una señal de pare a Urbano Meneses, quien conducía una motocicleta. Al parecer, el conductor llevaba una bolsa plástica con una sustancia similar a clorhidrato de cocaína, y para evitar su judicialización habría ofrecido al uniformado 1’500.000 pesos.

Los procesados fueron capturados por servidores de la Dijin el pasado 15 de agosto en Popayán y Mocoa. Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.

Por decisión del juez de control de garantías, los dos procesados deberán afrontar el proceso en libertad.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar judicializó al exdirector de la oficina jurídica del Distrito de Cartagena Jorge Camilo Carrillo Padrón; a la excontratista Analicia Milena Martelo del Río; y al abogado Jorge Adib Blell Cervantes, presuntamente implicados en el delito de peculado por apropiación.

La investigación la originó una denuncia en la que se advertía que para julio de 2019 los procesados se habrían apropiado de 4.236’222.346 del Distrito. Según el material probatorio, el dinero se encontraba constituido en títulos de depósitos judiciales dentro de un proceso que se adelantaba ante un juzgado civil del circuito de Cartagena.

El ente acusador evidenció que Carrillo Padrón, al parecer, le otorgó poderes a Martelo del Río y a Blell Cervantes para que cobraran dichos títulos y que el dinero ingresara a las arcas de la alcaldía. Sin embargo, pese a que las sumas fueron cobradas, nunca ingresaron al presupuesto distrital.

Servidores del CTI capturaron a Martelo del Río en la vía que conduce de Cartagena a Barranquilla; y a Blell Cervantes en el corregimiento de La Boquilla. Carrillo Padrón se entregó voluntariamente a la Fiscalía en Bogotá.

Los tres procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía

Por disposición judicial, a Blell Cervantes fue afectado con detención domiciliaria. Los otros dos procesados deberán afrontar el proceso en libertad.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad en establecimiento carcelario a Laura Estefanía Barrero Reyes, como posible responsable del delito de homicidio de su padre, en hechos ocurridos en Madrid (Cundinamarca) el pasado 18 de agosto.

La investigación evidenció que la supuesta victimaria sostuvo una discusión con su progenitor, a quien, se cree, hirió en varias oportunidades hasta quitarle la vida. Una vez la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, la procesada habría tratado de librarse de su responsabilidad inculpando a su mamá. Finalmente, fue capturada en flagrancia.

Barrero Reyes negó su responsabilidad en cuanto a los delitos imputados por una fiscal de la Seccional Cundinamarca.