JUDICIAL

Luego de valorar las pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado condenó a 41 años de prisión a Fabio Andrés Garcés Olier, alias Pica o Picapiedra, como responsable de la retención ilegal, tortura y posterior desaparición de dos hombres el 7 de enero de 2023, en Quibdó (Chocó).

Un fiscal Gaula de la Seccional Chocó estableció que las víctimas viajaron por vía terrestre de Cali a Quibdó para atender una supuesta oferta laboral en una mina. Al llegar al lugar acordado con los posibles empleadores fueron abordadas por tres personas que se presentaron como integrantes de la organización delincuencial ‘Los Caparros’ y se las llevaron en contra de su voluntad.

Posteriormente, fueron sometidas a tratos crueles y denigrantes, intimidadas con armas de fuego, golpeadas y sus cuerpos desaparecidos sin que hasta la fecha hayan sido localizados. No obstante, los agresores llamaron a los familiares y exigieron 60 millones de pesos por una liberación que no llegaría.

En el curso de la investigación se estableció que alias Picapiedra, quien se encontraba recluido en la cárcel de Popayán (Cauca) para el momento de los hechos, coordinó y realizó las llamadas extorsivas a la familia. En su momento, luego de ser notificado de que era vinculado penalmente a este caso, aceptó los delitos de secuestro extorsivo, desaparición forzada y tortura, todas las conductas agravadas.

De esta manera, recibió sentencia anticipada y permanecerá privado de en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar (Cesar).

La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete personas capturadas en flagrancia, durante diligencias de registro y allanamiento cumplidas en los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Santuario (Risaralda). 

Se trata de casos independientes en los cuales fiscales de la Seccional Risaralda imputaron a los ahora investigados, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos.

Uno de los casos ocurrió en Santa Rosa de Cabal donde el pasado 7 de abril se adelantaron dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Santa Helena. Fiscales de la Seccional Risaralda presentaron allí a Alejandro Montes Cardona, Guillermo de Jesús Cardona Yepes y Claudia Lorena Cardona Cardona, a quienes un juez de control de garantías les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario. En esas diligencias fueron incautadas diferentes cantidades de bazuco y marihuana, un revólver con munición y un vehículo.

El segundo hecho sucedió en el barrio La Alejandra de Dosquebradas, el 6 de abril anterior. En el sitio se incautaron bazuco, marihuana, dinero en efectivo y una gramera. Daniel Mauricio Quinchía Villegas, fue judicializado ante un juez de control de garantías quien le impuso medida privativa de la libertad en su domicilio.

Finalmente, por hechos ocurridos el 3 de abril en el barrio Marco Fidel Suárez del municipio de Santuario, fueron judicializados Darienson Andrés Henao Correa, alias Dare; Iván Eduardo Díaz Pantoja, alias Caleño, y Nixon Stiven Raigoza Morales, alias Nixon. En la diligencia de allanamiento fueron encontradas dos armas de fuego, estupefacientes, una gramera y dosificadoras.

Díaz Pantoja fue privado de la libertad en centro carcelario mientras que Henao Correa y Raigoza Morales continúan vinculados al proceso, en libertad.

El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de Albert Giovanny Avilés Celis, tutor y supuesto líder espiritual de una fundación, que habría abusado sexualmente de, al menos, cuatro menores de edad, en Jamundí (Valle del Cauca).

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Cali le imputó los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, ambos agravados. El procesado no aceptó cargos y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Los elementos materiales probatorios y evidencia física dan cuenta de que el hoy imputado, de 47 años, al parecer, agredió a cuatro menores de edad entre los 9 y 17 años, en varias oportunidades.

El presunto agresor sexual, en su calidad de tutor de la fundación que atiende niñas en situación de vulnerabilidad, entre 2011 y 2019, habría aprovechado su posición de poder, custodia y cuidado sobre las víctimas, con quienes mantenía contacto directo y frecuente, en diferentes espacios del lugar.

Asimismo, se estableció que las niñas y adolescentes, habrían sido objeto de castigos físicos, manipulación afectiva y ofrecimientos de premios para evitar que denunciaran lo sucedido.

Personal de la Sijín de la Policía Nacional, materializó la orden de captura contra el hombre, el pasado 3 de abril, en una vía pública de Jamundí.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, que habría agredido  sexualmente a su cuñada, una menor de edad, de 12 años, en Dosquebradas (Risaralda).

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Risaralda imputó al hombre, de 26 años, el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el pasado 5 de abril, el hombre, aprovechando la confianza de la familia, llegó a la casa de la víctima y la envió a la calle a comprar algunas cosas. Cuando la niña regresó, el presunto agresor, al parecer, la obligó a ingresar a una habitación y la amenazó con un arma cortopunzante para someterla a todo tipo de vejámenes y agresiones sexuales.

El procesado fue capturado en flagrancia por funcionarios de Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Yulieth Andrea Hernández Bedoya, de 25 años, su presunta responsabilidad en los delitos de proxenetismo con menor de 18 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad Especial de Niños Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Antioquia, el 15 de agosto de 2023, al parecer, la procesada indujo a una menor de edad de 13 años, para que sostuviera relaciones sexuales con un hombre adulto a cambio de dinero o de un celular.

Los hechos se registraron en Apartadó (Antioquia) y presuntamente Hernández Bedoya también habría participado en la agresión sexual a la menor de edad.

La mujer fue capturada el pasado 6 de abril en el mismo municipio, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía de Infancia y Adolescencia.

La procesada en el desarrollo de las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputados y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Luego de valorar las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento condenó a 39 años y 4 meses de prisión a José Leonardo Quevedo Turizo por causarle la muerte a un médico panameño integrante de la población LGBTIQ+, en hechos ocurridos entre el 26 y 27 de octubre de 2022, en la localidad de Chapinero de Bogotá.

En este caso se acreditó que llegó a la residencia de la víctima, la atacó en varias oportunidades con arma cortopunzante. Momentos después generó un incendio para desaparecer la evidencia y huyó del lugar con varios objetos de valor.

Quevedo Turizo también fue declarado responsable de arrebatarle las pertenencias y objetos de valor a un estudiante universitario que igualmente fue encontrado sin vida y con signos de asfixia en su apartamento de la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá, el 11 de mayo de 2023.

Por estos dos eventos delictivos, fue condenado por los delitos de homicidio agravado; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto calificado y agravado.

José Leonardo Quevedo Turizo deberá cumplir la sentencia en establecimiento carcelario. Actualmente, está vinculado por otros dos crímenes de integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Andrés Felipe Moreno Villada, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, en la vereda Baja Sevilla de Supía (Caldas), donde varias personas se encontraban departiendo en una caseta.

En el lugar se presentó una discusión, en la cual, Moreno Villada, al parecer, golpeó a uno de los participantes de la reunión e hizo un disparo al aire. En medio de la pelea, el hoy procesado le disparó en dos oportunidades.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas falleció.

El procesado no aceptó cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.