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Las mujeres iraníes que no lleven velo en público se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel en virtud de un proyecto de ley que, según la ONU, podría suponer un “apartheid de género” en el país persa.

Desde la revolución islámica de 1979, las mujeres iraníes deben cubrirse el pelo y el cuello en público, y las infractoras se enfrentan a multas o penas de prisión de hasta dos meses. Cada vez son más las mujeres que desafían la ley y aparecen con la cabeza descubierta, sobre todo desde las protestas nacionales desencadenadas por la muerte bajo custodia el año pasado de la kurda iraní Mahsa Amini, de 22 años, detenida por presunta violación de la ley.

Los conservadores iraníes, que dominan el Parlamento y la dirección del país, han defendido apasionadamente el código de vestimenta. En mayo, el poder judicial y el gobierno propusieron un proyecto de ley de “Apoyo a la cultura del hiyab y la castidad”, que insta a endurecer las penas por incumplimiento.

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Según la organización Activistas por los Derechos Humanos en Irán (HRA), la nueva ley estaba siendo revisada por el Consejo de Guardianes de Irán, un poderoso órgano que examina la legislación y supervisa las elecciones. Está compuesto por 12 hombres y presidido por Ahmad Jannati, clérigo de 97 años recientemente reelegido, que lo preside desde 1988. Su misión es revisar las disposiciones del proyecto de ley y garantizar su conformidad con la ley islámica. Una vez aprobado, el proyecto volverá al Parlamento y podría entrar en vigor en octubre, según la HRA.

El proyecto detalla castigos que incluyen más de 60 latigazos, fuertes multas, la confiscación temporal del vehículo de la mujer y penas de prisión de hasta 10 años.

También advierte a las empresas del cierre y otras graves consecuencias si se descubre que prestan servicios a mujeres con un “código de vestimenta inadecuado”.

La duración de las penas de prisión contenidas en el proyecto de ley era comparable a la de delitos graves como el asesinato y el tráfico de drogas, afirmó al diario The Guardian un abogado iraní de derechos humanos, Hossein Raeesi. “Es ridículo siquiera pensarlo”.

Elnaz, una periodista iraní, dijo al medio británico: “Con la nueva ley, el gobierno nos dice a las mujeres que iremos a la cárcel hasta 10 años si no llevamos hiyab. ¿Y ahora qué? ¿Pena de muerte por desafiar la nueva ley del hiyab?”.

Farah, estudiante de finanzas de Teherán, declaró por su parte: “La República Islámica ha tomado ejemplo de los talibanes para prohibirnos poco a poco el acceso a los lugares públicos. Quieren borrar a las mujeres de la sociedad”.

Las autoridades iraníes están además realizando grandes inversiones en cámaras inteligentes que utilizan tecnología de reconocimiento facial, según activistas de la seguridad y de los derechos de la mujer. Se dice que las cámaras también son capaces de enviar alertas cuando detectan un gran número de personas reunidas en un mismo lugar.

El proyecto de ley es consecuencia de las renovadas patrullas de la “policía de la moralidad” y amplía la “segregación por sexos” en universidades, hospitales, parques y lugares de trabajo.

Según advirtieron la semana pasada ocho expertos en derechos de la ONU, el proyecto iraní “podría describirse como una forma de apartheid de género”.

“Las autoridades parecen estar gobernando mediante la discriminación sistémica con la intención de reprimir a las mujeres y las niñas hasta la sumisión total”, dijeron los expertos, entre los que se encuentran el relator especial sobre la situación de los derechos en Irán y miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

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El proyecto de ley y las restricciones de facto existentes, agregaron, “son intrínsecamente discriminatorios y pueden equivaler a una persecución por motivos de género”.

Los expertos independientes, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de Naciones Unidas, advirtieron de que los severos castigos que contempla el proyecto de ley “pueden llevar a su aplicación violenta”.

“El proyecto de ley también viola derechos fundamentales, como el derecho a participar en la vida cultural, la prohibición de la discriminación por motivos de género, la libertad de opinión y expresión, el derecho a la protesta pacífica y el derecho a acceder a servicios sociales, educativos y sanitarios, así como la libertad de circulación”, afirmaron.

Los expertos criticaron el uso de términos como “desnudez” y “falta de castidad” en el proyecto de ley, que, según ellos, pretende autorizar a las instituciones públicas a negar servicios y oportunidades esenciales a las mujeres y niñas sin velo.

“La utilización de la ‘moral pública’ como arma para negar a las mujeres y las niñas su libertad de expresión es profundamente desempoderadora y afianzará y ampliará la discriminación de género y la marginación”, afirmaron, advirtiendo de “consecuencias negativas más amplias para los niños y la sociedad en su conjunto”.