Colombia

En el ejercicio de control y en el marco de sus funciones preventivas, la Procuraduría General de la Nación presentó las conclusiones de su informe de seguimiento a la Ley de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia sexual, a fin de revisar el estado actual de cumplimiento por parte de las entidades responsables y emitir las recomendaciones correspondientes en materia de garantía del derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Para la elaboración del robusto estudio, realizado con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, se requirió información de seguimiento a 13* entidades competentes y responsables de cumplir la Ley 1719 de 2014.

Para el ente de control, es preocupante que, del total de casos reportados, las principales víctimas de violencia sexual siguen siendo las mujeres y dentro de este grupo las niñas y las adolescentes. Para el caso de violencia contra hombres, el mayor número de víctimas fueron los niños. Se evidenció también que, los lugares de mayor riesgo para las víctimas son el hogar y los espacios de cuidado; y los hombres adultos, familiares o conocidos, los principales agresores.

Gracias a las cifras reportadas por las diferentes entidades competentes, la Procuraduría identificó que el mayor número de casos de violencia sexual se presentan en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca; mientras que Amazonas, Guainía, Vaupés y Guaviare, son los departamentos donde se registró mayor tasa de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes por cada 100.000 mujeres.

El ente de control también manifestó con preocupación, que las entidades reportaron aumento en delitos sexuales contra menores de edad, particularmente por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El informe también analizó el abordaje de violencia sexual por parte de la justicia transicional, bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz, reconociendo el gran avance que significa el macrocaso no. 11, pero también los grandes retos para abordar los casos de violencia sexual dentro del conflicto armado.

Para la Procuraduría se evidencian esfuerzos institucionales, pero se presentan situaciones que pueden conllevar a mayores índices de impunidad de la violencia sexual y deben revisarse, tales como el alto porcentaje de archivos, el aumento de absoluciones y preclusiones, el bajo número de sentencias y de capturas; y la dificultad en el avance procesal de los casos, ya que la mayoría se encuentran en etapa de indagación.

El Ministerio Público alertó sobre la necesidad de fortalecer la reparación en la justicia ordinaria y la urgente necesidad de aumentar las indemnizaciones a las víctimas.

En el informe, la Procuraduría efectuó recomendaciones a las entidades competentes en materia de garantía del derecho de acceso a la justicia de las víctimas enfocadas en garantizar la identificación de los casos de violencia sexual y el reporte de información, el fortalecimiento de las entidades y de sus sistemas de información, garantizar las medidas de atención en el territorio nacional, con enfoque territorial, entre otras disposiciones.

Finalmente, la Procuraduría exhortó a las entidades a revisar el informe y a atender las recomendaciones referenciadas, que permitan adoptar medidas urgentes ante la grave situación que se evidencia en el documento, que demanda una respuesta institucional para la judicialización de agresores, la prevención efectiva y la atención oportuna en condiciones de dignidad.

Este miércoles, la ministra de Salud y Protección Social, posesionó a Giovanny Rubiano García, como el nuevo director del Instituto Nacional de Salud (INS).

«Tenemos muchos retos por delante en el Instituto, pero concentraremos nuestros principales esfuerzos en el fortalecimiento de los laboratorios de salud pública, la vigilancia epidemiológica real y la producción de vacunas. Asimismo, trabajaremos de la manos con los territorios y produciremos de manera autónoma medicamentos genéricos, económicos y de fácil acceso para la ciudadanía», informó el director del INS.

Rubiano García nació en Bogotá, es médico cirujano, especialista en Salud Familiar, Gerencia de la Salud Pública y Auditoría en Servicios de Salud. Además, tiene estudios de maestría en Administración de Servicios de Salud.

Cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector público y privado específicamente en el área de la salud. Fue subsecretario de Prestación de Servicios y Aseguramiento, y secretario de salud encargado en la administración de la Bogotá Humana (2012-2015).

Es consultor y asesor del sector salud, líder, formador y veedor por el derecho a la salud pública del país.

Durante el tiempo solicitado se formularán nuevas recomendaciones técnicas, fi​nancieras y jurídicas necesarias a este proceso que supera los $ 148 mil millones.

La Procuraduría efectuó las primeras observaciones sobre la modalidad de contratación escogida, pues debería realizarse mediante licitación pública.

El ente de control manifestó su preocupación porque la selección del operador inició desde el 21 de noviembre, situación que pone en riesgo la prestación de los servicios de agua y alcantarillado.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Sincelejo ampliar en 10 días hábiles la invitación pública que busca contratar al operador de acueducto y alcantarillado sanitario en esa ciudad por un valor que supera los $ 148 mil millones de pesos, con el propósito de presentar observaciones.

El Ministerio Público señaló que durante el tiempo solicitado formulará las recomendaciones y/o observaciones técnicas, financieras y jurídicas necesarias y planteará los interrogantes correspondientes mediante mesas de trabajo con las dependencias de la alcaldía y la gerencia Empresa Oficial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sincelejo EMPAS E.S.P. encargadas de la estructuración legal, financiera y técnica.

Mediante comunicación enviada al mandatario de los sincelejanos, Andrés Gómez Martínez, el ente de control manifestó su preocupación por el hecho de que la selección del operador inició desde el 21 de noviembre, pese a que el contrato con el operador Veolia finaliza en enero de 2023, situación que pone en riesgo la prestación de los servicios fundamentales de agua y alcantarillado.

Adicionalmente, la Procuraduría efectuó las primeras observaciones sobre la modalidad de contratación escogida pues, de acuerdo con el régimen de servicios públicos domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el proceso debería realizarse mediante licitación pública y no por invitación pública como está planteado en la actualidad.

Por último, el Ministerio Público manifestó que esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los sincelejanos, y no implica en modo alguno coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de la Alcaldía de Sincelejo, Sucre.