Comunidades de Caquetá están afectadas por paro armado de grupos armados
Los alimentos escasean y la gente está atemorizada. Desde el pasado 23 de enero a los habitantes de diferentes comunidades en cuatro municipios de la zona que se conoce como el bajo Caquetá, quienes están confinados en sus territorios y bajo la orden de una especie de paro armado decretado por los grupos armados ilegales que operan en la zona.
La primera en lanzar la alerta fue la coordinación de derechos humanos y paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), que indicó que unas 23 comunidades dispersas de los municipios de Solano, Solanita, Milán y Curillo están confinadas, sin posibilidad de transporte de conexión con la capital del departamento y con desabastecimiento de productos básicos.
La razón para esa delicada situación son las constantes acciones de grupos al margen de la ley que vienen afectando el libre tránsito y la movilidad por los ríos Caquetá y Orteguaza, por lo que la Opiac solicitó a las autoridades locales y nacionales soluciones inmediatas.
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Durante varios días los pobladores de esos municipios recibieron mensajes, de amplia circulación en redes sociales, en donde se les amenazaba sino cumplían con las restricciones.
“Requerimos soluciones definitivas por parte de la institucionalidad para garantizar el respeto de cualquier actor armado por las comunidades y territorios, con el fin de orientar las condiciones para la paz territorial, así como la pervivencia de los pueblos indígenas y comunidades en condiciones de dignidad, seguridad y el pleno cumplimiento con los Acuerdos de Paz”, señaló la Opiac.
A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, especialmente, le solicitaron avances en la instalación de los espacios de negociación y Diálogos de Paz con los actores armados y estructuras presentes en el Caquetá, en las cuales tengan participación activa los pueblos indígenas.
Debido al temor de quedar en medio de fuego cruzado las comunidades indígenas también pidieron a las Fuerzas Armadas cumplir con el mantenimiento del orden público, bajo los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario y el respeto por la neutralidad de sus pueblos durante las hostilidades.
Desde el pasado 23 de enero habitantes de diferentes comunidades en cuatro municipios de la zona que se conoce como el bajo Caquetá están confinados en sus territorios y bajo la orden de una especie de paro armado decretado por los grupos armados ilegales que operan en la zona.
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 2, 2024
Este jueves, Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, también denunció la grave situación que vive esa zona del departamento, que afecta directamente al comercio y que “cada día se recrudece más”.
El gobernador Ruiz dijo, en diálogo con Blu radio que el paro armado es consecuencia de los movimientos de la organización delincuencial denominada como Comandos de Frontera de alias Iván Márquez, que está haciendo movimientos de sus tropas con dirección a Solano, tratando de ganar territorio sobre el Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que ejerce el control en la región, por lo que se cree que los enfrentamientos serán inminentes.
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El mandatario señaló que, debido a las restricciones de movilidad sobre los principales ríos, que son las únicas vías de comunicación, la ciudadanía ya está viviendo un desabastecimiento y un racionamiento de productos básicos. “En los últimos días solo cinco embarcaciones han podido ingresar”, agregó.
Luis Hernando González, alcalde del municipio de Solano, señaló que la situación es bastante compleja y genera mucha preocupación, por lo que reiteró el llamado al Gobierno nacional y departamental.
Para tratar de tomar medidas que permitan recuperar el control de la zona y el transporte por los ríos, el gobernador Ruiz lideró un consejo de seguridad extraordinario en el municipio de Solano, en el que participaron los altos mandos de la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y otras autoridades locales.
Lo delicado del paro armado es que se da cuando el Gobierno y las llamadas disidencias del Estado Mayor Central acaban de anunciar una prorroga del cese al fuego.
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