A través de un comunicado de prensa, fechado el pasado domingo 11 de febrero, pero conocido este martes, el Ejército Nacional denunció la retención de 14 uniformados en el municipio de La Macarena (Meta). Lo anterior, en desarrollo de un operativo que permitió la captura de un integrante de las disidencias del Estado Mayor Central.
Según el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, los hechos se registraron el pasado sábado 10 de febrero, en la vereda Bocana Caño Gringo, cuando tropas brindaban asistencia en un allanamiento liderado por la Fiscalía. De acuerdo con la institución, los uniformados “fueron retenidos por un grupo de personas de la comunidad”.
Los afectados fueron un oficial, un suboficial y 12 soldados, quienes –denunció la Fuerza de Tarea Conjunta Omega– fueron víctimas de una asonada. Fuentes consultadas por este diario al interior de la institución advirtieron que las disidencias habrían instrumentalizado a la población. Particularmente, la Comisión Edison Cinco Mil, de la Estructura Jorge Suárez Briceño, al mando de alias “Iván Mordisco”.
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“Fue una asonada durante una operación de allanamiento. Es el Estado Mayor Central instrumentalizando a la población, en hechos ocurridos el pasado sábado”, declaró una fuente del Ejército.
De acuerdo con la información oficial divulgada por el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, tras la asonada, “la comunidad se dispersó y las tropas pudieron continuar con sus labores de estabilidad y control en la zona”.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, reclamó que por cuenta de la intervención de la comunidad “no se pudo seguir adelante con esos procedimientos”. Por ello, elevó un llamado a la población para restablecer el orden público en la región.
Concluido el operativo, que permitió también la incautación de material de guerra, el personal del CTI de la Fiscalía y el detenido fueron evacuados mediante un traslado aéreo.
Sin embargo, ante la gravedad de lo sucedido, el Ejército anunció que impulsará un consejo de seguridad extraordinario con las diferentes autoridades regionales, así como con funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
“Estos hechos serán puestos en conocimiento del mecanismo de verificación, ya que podían constituir una violación al cese al fuego por parte del Estado Mayor Central al instrumentalizar a la población e intentar impedir esas acciones judiciales por parte de las autoridades colombianas. Frente a estos hechos, se tomarán las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes”, precisó la institución.
Recién la semana pasada, el Gobierno Nacional anunció el inicio de un proceso de paz con las otras disidencias nacidas del Acuerdo de Paz con las Farc. Se trata de la Segunda Marquetalia —dirigida por Iván Márquez—. Ambas partes coincidieron “en la necesidad de llevar a cabo un proceso de paz ordenado, ágil, riguroso y respetuoso, que brinde tranquilidad y certezas a la sociedad colombiana en el compromiso genuino de la solución política y la construcción de la paz”.
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En noviembre pasado, las disidencias del Estado Mayor Central anunciaron su decisión de retomar los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. El grupo había suspendido las conversaciones el pasado 5 de noviembre, alegando incumplimientos. En el comunicado, el grupo expresó su “compromiso con la paz, la justicia social y ambiental”, señalando que están listos para continuar con las negociaciones.
“Informamos a todo Colombia y a la comunidad internacional que, realizadas las consultas dentro de nuestra organización, estamos listos para continuar, comprometidos con la paz con justicia social y ambiental, nos mantendremos en la creación de condiciones para lograr este objetivo”, señala el comunicado compartido a través de X.
A pesar de que las autoridades han reportado múltiples violaciones al cese de operaciones ofensivas por parte de este grupo armado, como la muerte de un soldado en Cauca o la muerte de dos soldados en Antioquia por una carga explosiva, presuntamente instalado por la estructura 36, la disidencia afirmó que han actuado “en concordancia con los acuerdos surgidos de la Mesa de Diálogos, evitando acciones que incumplan lo ya pactado y firmado”.
