El reloj ya empezó a correr para TELEPERFORMANCE SE. La compañía tiene tres meses para responder a un requerimiento presentado por la CGT-FAPT, Data Labelers Association y The Oversight Lab, que cuestionan la capacidad de su plan de vigilancia para identificar y prevenir riesgos que afectarían a trabajadores dedicados al etiquetado de datos y la moderación de contenidos.
El requerimiento se apoya, entre otros elementos, en investigaciones realizadas con empleados y ex empleados del grupo TP en Nairobi, Kenia, vinculados a labores de moderación de contenidos para una plataforma de redes sociales. Las organizaciones sostienen que existen situaciones que deberían ser identificadas y atendidas dentro de las obligaciones de vigilancia que corresponden a la empresa matriz.
Entre los riesgos señalados aparecen la situación administrativa de trabajadores migrantes que habrían laborado sin permiso, denuncias sobre falta de pago o pago tardío de cotizaciones sociales, mecanismos de reclamación considerados insuficientes y condiciones de trabajo particularmente exigentes para los moderadores de contenido. Para las organizaciones firmantes, estas situaciones podrían incrementar la exposición a afectaciones relacionadas con este tipo de actividad.
La discusión tiene una dimensión empresarial importante porque TELEPERFORMANCE SE no es señalada únicamente por lo que ocurre en una operación concreta. El requerimiento plantea que la compañía debe revisar las condiciones en sus filiales directas e indirectas y también frente a los socios comerciales con los que mantiene relaciones establecidas.
Ephantus Kanyugi, vicepresidente y responsable de programas de Data Labelers Association, resume el reclamo desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial. Su planteamiento es que una compañía no debería ser evaluada solamente por los principios que declara, sino por la manera en que actúa cuando los derechos y la dignidad de las personas de su cadena de valor están en riesgo.
Las organizaciones solicitan que TELEPERFORMANCE SE identifique los riesgos con precisión, los clasifique según su gravedad y realice evaluaciones periódicas sobre el terreno, con participación de organizaciones sindicales representativas. También piden un mecanismo de alerta accesible que permita a los trabajadores reportar posibles infracciones sin temor a represalias.
El plazo de tres meses convierte el requerimiento en un asunto con una fecha concreta de respuesta. Si las organizaciones consideran que TELEPERFORMANCE SE no cumple con sus obligaciones, podrían presentar una demanda ante el Tribunal Judicial de París, llevando la discusión sobre la vigilancia laboral y los trabajadores de datos a una nueva instancia.
