Un grave caso de violencia de género y agresión en el entorno laboral registrado en el norte de la capital ha encendido las alarmas de las autoridades y de la comunidad comercial de Bogotá. María Quevedo, propietaria de la reconocida pastelería Rü Pâtisserie, ubicada en la localidad de Usaquén, fue víctima de una brutal golpiza a manos de un trabajador de su establecimiento, hecho por el cual recibió una incapacidad médica de 20 días debido a la severidad de las lesiones corporales y faciales que le fueron infligidas.

El presunto agresor, identificado como Jesús Acosta, de 45 años y de nacionalidad venezolana —quien había presentado documentación colombiana durante su contratación—, fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en el lugar de los hechos. Sin embargo, la indignación social y el rechazo institucional se dispararon luego de que un fiscal del caso ordenara su liberación al día siguiente a las 4:00 p.m., tras calificar jurídicamente el ataque como lesiones personales y no como tentativa de feminicidio.

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El origen del ataque: Denuncias de acoso y fijación de límites

En entrevista con medios radiales nacionales, María Quevedo desmintió que el detonante de la agresión haya sido una disputa exclusivamente salarial. La comerciante explicó que el trasfondo real estuvo marcado por un patrón de acoso verbal y físico por parte del sujeto, a quien le había marcado límites claros horas antes de la golpiza.

El establecimiento, que opera desde hace casi cinco años en el sector gastronómico de Usaquén, había contratado a Acosta dos semanas atrás mediante una convocatoria en redes sociales para desempeñarse como comisionista o «jalador» de clientes.

«Él llevaba ya varios días y de manera recurrente haciéndome comentarios como ‘usted está muy bonita’, o justificando que el lugar era pequeño para tocarme y rozarme con su cuerpo (…) En ese momento soy muy clara y le digo: ‘no me toque, no se me acerque, a mí no me gusta que me toque, por favor respete mi espacio’. Él me responde que no me está tocando. Más que un tema de dinero, yo creo que al señor se le cruzó un cable por el freno que le puse en ese momento», declaró la víctima.

En el aspecto financiero, la empresaria precisó que la liquidación pendiente correspondía a siete días de labor, equivalentes a $661.000 pesos colombianos, monto que fue cancelado en su totalidad, añadiendo que con anterioridad le había otorgado adelantos en efectivo a solicitud del propio trabajador.

Retenido en la cocina y bajo amenazas de muerte

El violento suceso se desencadenó hacia las 10:30 p.m., en momentos en que el personal procedía al cierre del local. Tras una fuerte discusión verbal en la entrada principal, Acosta arremetió físicamente contra la propietaria.

Según el testimonio de la mujer, el agresor la arrastró por la fuerza hacia la zona posterior del inmueble, correspondiente a la cocina, con el fin de ocultar el ataque de la vista de los transeúntes y evitar que sus gritos fueran escuchados.

«Él no solamente me golpeó en la puerta del establecimiento como se evidencia en los videos. Después me lleva a la parte de atrás, me esconde donde nadie puede ver ni escuchar lo que está pasando, y me sigue golpeando (…) Él gritaba en ese momento: ‘te voy a matar, maldita, te voy a matar, perra, te voy a matar, puta'», relató Quevedo.

Para lograr alertar a las personas del exterior, la empresaria logró patear una estantería cargada con cristalería. El fuerte estruendo atrajo la atención del arrendador del local, su esposa y empleados de un restaurante contiguo, quienes ingresaron de inmediato y neutralizaron al agresor hasta la llegada de los cuadrantes de la Policía.

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Reacción institucional y revisión del proceso penal

El caso escaló hasta las altas esferas del Distrito. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su desacuerdo con la tipificación inicial del delito, coincidiendo con la víctima en que la severidad de las heridas, la ocultación en la escena y las verbalizaciones del atacante configuran elementos suficientes para investigar el hecho como una tentativa de feminicidio.

Tras la presión mediática y el pronunciamiento de las autoridades distritales, la Fiscalía General de la Nación reanudó la recolección de material probatorio y videos de cámaras de seguridad en la zona de Usaquén para reevaluar la situación jurídica de Acosta.

Por su parte, tras recobrar la libertad, el agresor difundió videos en redes sociales alegando que actuó bajo estados de alteración emocional, agotamiento y presuntos malos tratos laborales. Dichas aseveraciones fueron rotundamente desmentidas por María Quevedo, quien aclaró que no estuvo presente en el local durante la mayor parte de esa jornada y reafirmó que las salidas previas de personal en su empresa respondieron a temas estrictamente operativos y al hurto de un equipo móvil en días pasados, descartando cualquier tipo de abuso laboral en su establecimiento.