Lo que debía ser una jornada de recogimiento y tradición en el corazón de la capital colombiana se ha transformado en un proceso judicial de alto perfil. Este lunes (06.04.2026), el concejal Andrés Barrios radicó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando una investigación exhaustiva tras los incidentes que interrumpieron las celebraciones de Semana Santa en el centro histórico de Bogotá.
Los hechos, ocurridos el pasado 2 de abril frente a la emblemática Iglesia de San Francisco, involucraron el bloqueo y la alteración de un viacrucis por parte de un grupo de manifestantes, lo que generó momentos de tensión y temor entre los feligreses.
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Crónica de una ceremonia vulnerada
El incidente se registró en plena carrera Séptima, cuando la procesión religiosa fue interceptada por una marcha que avanzaba con consignas y cánticos. Según los testimonios recopilados en la denuncia, los manifestantes irrumpieron en el espacio de culto, obligando a los sacerdotes y fieles a detener la liturgia de forma abrupta.
Ante la escalada de la tensión, los asistentes se vieron forzados a refugiarse dentro del templo y cerrar las puertas, mientras unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá intervenían en el exterior para contener a la multitud y evitar enfrentamientos físicos.
Fundamentos jurídicos de la denuncia
La acción judicial interpuesta por el cabildante Barrios se ampara en el Código Penal Colombiano, específicamente en dos tipos penales que buscan proteger la convivencia y la libertad de cultos:
- Artículo 134A (Actos de discriminación): Se argumenta una conducta dirigida a menoscabar los derechos de un grupo por sus creencias.
- Artículo 202 (Perturbación de ceremonias religiosas): Sanciona a quien, por medio de violencia o ruidos, impida o perturbe un culto permitido.
“En Bogotá se está normalizando el vandalismo contra templos y la burla hacia la fe, mientras la institucionalidad permanece de brazos cruzados. Este hecho es grave y no puede quedar en la impunidad”, declaró el concejal Barrios tras salir del búnker de la Fiscalía.
Críticas a la administración distrital y libertad de cultos
Más allá de la responsabilidad individual de los manifestantes, la denuncia pone bajo la lupa la gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Barrios calificó la reacción del Distrito como «tardía» y exigió garantías reales para que el ejercicio de la libertad religiosa no se vea supeditado a las dinámicas de la protesta social en el espacio público.
El cabildante advirtió que la capital colombiana necesita protocolos claros que prevengan ataques contra la fe de millones de ciudadanos, asegurando que el respeto a la manifestación no puede pasar por encima del respeto al culto.
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Hacia una mesa ciudadana contra el «sesgo anti-creyente»
Como respuesta política a este suceso, el concejal anunció el radicado de un proyecto de acuerdo que busca combatir lo que denomina el «sesgo anti-creyente» en la ciudad. La iniciativa contempla:
- Creación de una Mesa Ciudadana: Un espacio de diálogo donde participen líderes religiosos, pastores y feligreses de distintas denominaciones.
- Protocolos de Protección: Medidas concretas para blindar los centros de culto y las procesiones en fechas de alta afluencia.
- Promoción de la Tolerancia: Campañas educativas para fomentar el respeto mutuo en el uso del espacio público.
Mientras la Fiscalía General define si existen méritos suficientes para avanzar en la imputación de cargos, el caso ha reabierto el debate nacional sobre los límites de la protesta y la protección de los derechos fundamentales en sociedades diversas.
Hoy radiqué ante la @FiscaliaCol la denuncia penal por perturbación de ceremonias religiosas y actos de discriminación; luego de los terribles hechos ocurridos el Jueves Santo por un grupo qué atacó con ofensas e intimidación a Creyentes en el centro de Bogotá.
— Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) April 6, 2026
Los responsables… pic.twitter.com/vC1BdEgRce
