Nombre del autor:César Botero

Por el crimen de los dos líderes comunales ya existe una condena a 18 años de prisión.

El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Antioquia acogió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro 

carcelario en contra de Weimar Alexánder Díaz Henao, alias Barbas o Tornillo, presunto responsable del homicidio de dos defensores de derechos humanos en hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2019 en Santa Fe de Antioquia (Antioquia).

 

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación evidenció que alias Barbas, presunto integrante del frente Occidente de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, estaría involucrado en el homicidio de Wilder Elías Godoy Restrepo y León Humberto Alcaraz Godoy, expresidente y exvicepresidente, respectivamente, de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Milagrosa de la citada población antioqueña.

 

El ente investigador presentó suficiente material probatorio que permitió al despacho judicial avalar la imputación por los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones.

 

La judicialización de Díaz Henao se suma a la sentencia condenatoria que por los mismos hechos emitió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia en contra de Jaber Antonio Osorio Arias, alias Alexis, a la pena de 18 años de prisión.

 

Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto que busca el esclarecimiento de afectaciones en contra de defensores de derechos humanos y reincorporados en Antioquia, según lo establecido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

 El mejor referente de que el covid19 permanece y es una amenaza es el continente europeo, así lo indicó el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud -OPS, Jarbas Barbosa da Silva, durante su intervención en el programa Prevención y Acción de la Presidencia de la República.

 

En primera medida Barbosa hizo el llamado a evitar las aglomeraciones, por lo que indicó que “hoy que hay un gran riesgo. Si las personas están aglomeradas -por la propia capacidad de transmisión del virus cuando una persona tose, estornuda, habla, o está cantando-, puede transmitir al virus por medio en pequeñas partículas de saliva, así que nadie está seguro”.

 

La advertencia la hace el subdirector en el momento en que, si bien los números de contagios y muertes en Colombia y gran parte de América Latina están mejorando, en algunos países de Europa como Francia, España e Italia viven rebrotes. “Esos países son el mejor ejemplo porque, aunque controlaron la primera oleada del virus, ahora tuvieron que volver a medidas de contención más duras”, indicó.

 

Ante el anterior panorama, el experto hizo la insistencia a la prevención principalmente en los grupos poblacionales más jóvenes que, aunque muchas veces piensan que el virus no los afecta, esta falsa idea puede ser fatal ya que pueden desconocer si tienen algún problema en su sistema inmunológico, lo que les puede generar complicaciones.

 

 

A su cierre, sostuvo que el covid-19 va a permanecer, por lo que hay que mantener todo el cuidado y cumplir con los protocolos. “La propia comunidad, las familias y los empresarios tener esa conciencia para mantener la protección de las personas”, concluyó.

 

 En los últimos días se conoció que la Fiscalía envió a la Fundación para la Liberta de Prensa (Flip) un requerimiento para que la entidad le entregara en “medios magnéticos” una copia de la grabación publicada en diciembre de 2018 en la que Juan Pablo Bieri, entonces gerente de RTVC, pedía a la directora de Señal Colombia que cambiara de horario el programa ‘Los Puros Criollos’ para “matar” la producción que presentaba Santiago Rivas.

 

Además, la Fiscalía le pidió a la Flip el registro de visitas a su sede entre el 6 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019 junto con el reporte de las veces y motivos por los que Diana Díaz, directora de Señal Colombia en el momento, estuvo en ese lugar y le anunció una inspección a sus instalaciones.

 

 

Y, al mismo tiempo, notificó a Diana Díaz de una citación para su imputación de cargos por revelar información privada, ya que ella habría sido quien reveló el audio de su conversación con Juan Pablo Bieri, hoy asesor de comunicaciones de Presidencia, en la que este buscaba “castigar” a Santiago Rivas por sus críticas al actual gobierno.

 

Al respecto, Rivas destacó que la conversación grabada por Díaz se dio en una oficina de una entidad pública, sobre un tema de interés público como lo era la emisión de un programa de televisión, por lo que la información también pertenece al campo del interés común de los colombianos.

 

Ante estos requerimientos, la Flip publicó una carta pública en la que advierte que “el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público puede generar un ambiente de miedo y autocensura”.

 

 

Y en ese sentido, agrega que “la Fiscalía General de la Nación debe actuar con sujeción a los valores y principios constitucionales sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho”, por lo que le pide garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos a la hora de ejecutar sus procedimientos.

 

La Flip agregó que “es de extrema gravedad que en la investigación en contra de Diana Díaz, quien denunció un caso de censura en el sistema de medios públicos de Colombia, se valga de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados”.

 

Horas después, la Fiscalía contestó con un nuevo comunicado en el que señaló que la inspección a la sede de la Flip finalmente no se necesitó dado que en esta no existe registro en video de quiénes visitan la fundación y la información entregada por la misma durante la investigación fue suficiente para el ente acusador.

Por otro lado, la Fiscalía aclaró que el proceso contra Diana Díaz inició con una denuncia de Juan Pablo Bieri ante la entidad “por su supuesta responsabilidad en el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva”.

 

 

Rivas agregó que “están sentando un precedente de hostigamiento en el que no solamente no se deben denunciar las irregularidades potenciales cometidas en el futuro por este gobierno, sino que, en general entidades que defiendan los derechos humanos pueden ver obviamente su labor afectada y pueden sentirse vulnerados en este caso como están haciendo con el hostigamiento a la Flip”.

 

Este caso se reactivó días después de varias quejas públicas de periodistas extranjeros que no han podido renovar sus visas de trabajo en Colombia, algo a lo que organizaciones de defensa de la prensa y la libertad de expresión también han reaccionado con preocupación.

En algunos reportes conocidos por la misma Flip, la Cancillería ha señalado que los periodistas extranjeros necesitan un título oficial de periodistas o comunicadores sociales para ejercer la labor en Colombia, pese a que la ley nacional señala que este es un oficio y por lo tanto quienes la ejercen no necesitan un título profesional.

 

 En cumplimiento del Plan de Campaña Bicentenario ‘Héroes de la Libertad’, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, lograron la captura en flagrancia de alias ‘James o Chamo’ presunto integrante del Grupo Armado Organizado residual ‘Estructura 30’ en el municipio de Olaya Herrera, Nariño.

 

Jaminson Cuero Perlaza alias ‘James o Chamo’ era el encargado de la recolección y procesamiento de estupefacientes con el fin de comercializarlos en el exterior, siendo el enlace de diferentes organizaciones criminales dedicadas a actividades de narcotráfico en la región. Asimismo, es sindicado de ser el coordinador de las rutas y corredores fluviales para el tráfico de estupefacientes hacia países de Centroamérica y Norteamérica.

 

Además, este individuo era el encargado de supervisar la fabricación y adecuación de semisumergibles que tendrían como fin el transporte de clorhidrato de cocaína, así como el transporte del alcaloide en lanchas rápidas hacia países del norte del continente.

 

Gracias a un trabajo de inteligencia se logró establecer que alias ‘James o Chamo’ al momento de su aprehensión contaba con orden de captura con fines de extradición vigente emitida por una corte del distrito de la Florida en los Estados Unidos, desde el año 2018, por vínculos a la violación marítima de drogas consistente en la fabricación distribución y posesión de sustancias narcóticas.

 

El sujeto fue trasladado a la ciudad de Bogotá, por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, para hacer la entrega formal al personal de los Estados Unidos y así cumplir su requerimiento de extradición.

 

La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules mantendrá el desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, atacando todo eslabón del narcotráfico y debilitando el accionar delictivo que permita desarticular a los Grupos Armados Organizados que delinquen en el pacífico nariñense.

 

 Gracias a un minucioso y permanente trabajo de inteligencia e investigación conjunto, coordinado, e interinstitucional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron en las últimas horas la desarticulación de una estructura del grupo armado organizado residual (GAO-r) Segunda Marquetalia en el norte del Cauca, con la captura de 12 sujetos. De acuerdo a lo informado por las autoridades competentes, entre los capturados se encuentra Carlos Andrés Castillo Díaz, conocido con el alias de Meneo, señalado de ser el cabecilla principal de esta estructura delincuencial.

 

La operación se desarrolló en el marco del plan de operaciones bicentenario Héroes de la Libertad, en la cual participaron soldados del Grupo Gaula Militar Cauca y del Batallón de Infantería N. º7 General José Hilario López; unidades de la Vigésima Novena Brigada, del Comando Específico del Cauca, CECAU; la Fuerza Aérea Colombiana; la Sijín de la Policía del Cauca y la Fiscalía General de la Nación.

 

Este resultado fue posible gracias al efectivo y permanente seguimiento de inteligencia militar, que permitió ubicar el lugar donde se instalaban los 12 sujetos que posteriormente fueron capturados, atendiendo las alertas tempranas n.° 026 de 2018 y 018 de 2020.

 

El capturado más importante es alias Meneo, quien tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y fabricación, tráfico y porte de armas. Contaba con un amplio historial delictivo, dentro del cual cabe resaltar su participación en la recolección de dineros producto del narcotráfico, a través de cobros extorsivos en los municipios de Suárez y Morales, en el Cauca. De igual manera habría hecho parte del hostigamiento ejecutado en diciembre de 2018 a una base militar ubicada en La Salvajina, municipio de Suárez; también habría participado en ataques a la Fuerza Pública. Asimismo, es señalado de estar involucrado en varios homicidios selectivos en los municipios de Cajibío, Piendamó y Morales.

 

Junto a estos individuos se logró incautar abundante material de guerra correspondiente a siete fusiles de asalto, un lanzagranadas, dos armas cortas, abundante munición de diferentes calibres y material de intendencia de uso privativo a las Fuerzas Militares. Los capturados y el material de guerra quedaron a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.

 

 

De esta forma, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continúan adelantando operaciones contundentes contra esta organización terrorista, responsable de afectaciones contra la población civil y la Fuerza Pública en esta región del país, con flagrantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

 

 “Construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del covid-19” fue el tema enmarcado esta año para crear conciencia sobre las luchas de estas mujeres, sus necesidades y su papel fundamental y clave en nuestra sociedad. Esto debido a que ONU Mujeres señala que este sector de la población sufre de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza, y de las barreras estructurales y normas sociales discriminatorias que limitan su pleno ejercicio de derechos.

 

El Minsalud y el sistema de salud colombiano en reconocimiento de estas situaciones, ha gestionado el mejoramiento continuo de la salud rural y sus mujeres, incluidas las mujeres indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales, Rom, en la promoción del desarrollo agrícola y rural.

 

 

En el marco de la implementación de la segunda fase del Proyecto Interagencial denominado Salud para la Paz, el Ministerio de Salud, en articulación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud -OPS, la Organización Internacional para las Migraciones –OIM, y el apoyo financiero del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, incorporó acciones que benefician a mujeres de las zonas rurales de los municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Durante el primer semestre del año 2020, el proyecto distribuyó en 26 municipios (de los cuales 25 son de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, y 23 cuentan con los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación-ETCR), “más de 10.000 implantes subdérmicos, favoreciendo el acceso de mujeres de las zonas rurales a métodos anticonceptivos de larga duración”, especificó Siza.

 

Adicionalmente durante el segundo semestre de 2020, complementó Siza, se estará entregando 8.700 implantes más a 145 municipios PDET restantes y de esta forma se favorecerá la disponibilidad de estos insumos en medio de la emergencia generada por el covid-19.

 

El programa también contrató a 26 profesionales de enfermería para apoyar a igual número de hospitales en la atención de programas de planificación familiar y control prenatal.

 

 

Asimismo, a través de Salud para la Paz se conformaron 26 equipos de vigilancia epidemiológica para apoyar la respuesta al covid-19 en igual número de municipios; el 63,2% de las personas beneficiarias de las acciones han sido mujeres, de las cuales 29% pertenecen a la zona rural. En total 1.420 mujeres se han visto beneficiadas con estas acciones.

 

Adicionalmente, se entregarán 8.750 kits que beneficiarán a igual número de mujeres en situación de vulnerabilidad en los 170 municipios PDET. Cada kit contiene elementos de aseo íntimo y elementos de protección personal para la prevención del contagio del covid-19, y son distribuidos a través de organizaciones de mujeres identificadas en cada uno de los municipios priorizados.

 

Finalmente, y en el marco de la promoción de la salud mental de las mujeres rurales, se resalta que en el año 2019 este Ministerio formalizó el Lineamiento para el cuidado de las armonías espirituales y de pensamiento de los pueblos y comunidades indígenas.

 

“Este previamente había sido aprobado por la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, el cual brinda herramientas para el abordaje integral de la salud mental a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como a las entidades territoriales, en el marco de los avances del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural-SISPI y en armonía con el plan de cuidado para la vida colectiva de los pueblos y comunidades indígenas”, concluyó Siza.

 

El cabecilla, conocido como ‘David’, fue capturado en Guaviare junto con cuatro integrantes más del GAO-r E-1, en operación articulada de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. 

En el marco de la ‘Campaña Militar y Policial Zeus’, la Policía Nacional de todos los colombianos, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron capturar en la vereda La Paz, ubicada en zona rural del municipio El Retorno (Guaviare), al sujeto conocido como ‘David’, considerado el hombre de confianza y médico personal del cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) E-1, Néstor Gregorio Vera Fernández o ‘Iván Mordisco’.

 

Las labores de inteligencia permitieron asestar este nuevo golpe que incluyó las capturas de cuatro presuntos integrantes más de la estructura, entre ellos los identificados en el mundo del crimen como ‘Johnier Boyaco’ y ‘Lorena’. ‘David’ o ‘el Médico’, quien hizo parte de distintos frentes de las extintas Farc y que cuenta con una trayectoria criminal de cerca de 18 años, es, además, el cabecilla financiero del GAO-r E-1, lo que le permitía obtener recursos principalmente del narcotráfico.

 

Las informaciones recaudadas indican que, igualmente, era instructor de enfermería y responsable de coordinar el abastecimiento logístico y los víveres para las distintas comisiones de la estructura.

 

Otra de sus funciones era la de adquirir los materiales para la adecuación de artefactos explosivos improvisados, utilizados con el propósito de atacar a la Fuerza Pública y la población civil en los departamentos de Guaviare y Meta, mediante la activación de los mismos, el lanzamiento de cilindros bomba y la instalación de campos minados.

 

También se logró establecer que, por orden directa de ‘Iván Mordisco’, este sujeto ‘David’ o ‘el Médico’ tenía la misión de presionar a campesinos y dirigentes comunales de los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, especialmente, para promover manifestaciones públicas contra los planes de erradicación y de sustitución de cultivos ilícitos.

 

Adicionalmente, su nombre figura en la lista de presuntos responsables del asesinato del excombatiente de las desaparecidas Farc Alexánder Parra, conocido como ‘Rodolfo Fierro’, ocurrido el 24 de octubre del año anterior en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez de Mesetas (Meta).

 

De hecho, ‘David’ alcanzó a formar parte del proceso de paz, aunque hace un año decidió apartarse y seguir delinquiendo.

 

En la actualidad, también efectuaba encuentros en la vereda La Paz para orientar planes de reclutamiento de menores de edad, no solo pertenecientes a familias campesinas sino a comunidades indígenas de Guaviare y Guainía. Contra este cabecilla, que utilizaba el río Inírida para desplazarse en la zona, existía una orden de captura expedida por un juzgado de Puerto Rico (Meta) por los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y uso privativo de las Fuerzas Armadas, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

 

En desarrollo de esta operación articulada se incautaron 2 pistolas, cartuchos y 11 equipos de comunicaciones.

 

Anuncios de casas y apartamentos que ya han sido arrendados, cánones de arrendamiento desconectados con las condiciones de mercado, información escasa e imágenes de poca calidad y dificultad en la comunicación son algunos de los inconvenientes que afrontan las personas al conseguir un sitio en arriendo, y al otro lado del proceso encontramos a los propietarios con tarifas altas por parte de inmobiliarias, procesos extensos que no permiten arrendar con rapidez, en un país donde más de 35% de la población vive en alquiler, según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas.

 

Esta realidad llevó a los jóvenes empresarios Juan Martín Delgado y Alejandro Gómez a crear Aptuno, plataforma web desde la que se realiza todo el proceso de arrendamiento 100% online, desde búsqueda, aplicación, negociación, estudio de riesgo, firma, hasta todos los servicios después de la entrega como reparaciones, pagos, entre otros, con operación en Bogotá y Medellín.

 

Alejandro Gómez, Cofundador de Aptuno, señaló: “a diferencia del proceso tradicional en el que primero se buscan los clasificados, después se habla con un representante de la inmobiliaria, luego con una persona de la aseguradora y al momento de mudarse no hay nadie que intervenga entre propietario e inquilino, nosotros nacimos para hacer fácil el proceso en línea para beneficiar tanto a propietarios de inmuebles como a arrendatarios”.

 

El Cofundador añadió que una de las razones que los llevó a crear Aptuno fue su propia experiencia al momento de buscar un sitio para arrendar y encontrar que hay varias necesidades insatisfechas en quienes buscan casa y en quienes ponen avisos para que sus propiedades se arrienden en el menor tiempo posible.

 

Es así como Aptuno se funda en 2020 con información real del inmueble, fotografías de calidad, modelo de recomendación de precio, de acuerdo con condiciones actuales de mercado, datos que complementan como parques, estaciones de transporte cercanos y promedio de costo mensual que representa vivir en un inmueble, según estrato y consumo de servicios. Esto se logra porque la plataforma web dispone de un equipo de asesores y profesionales que visitan cada una de las propiedades en las que hacen inventario y toman las imágenes.

 

Otro de los valores de la plataforma es guiar y facilitarles a ambas partes el proceso de arriendo con todas las garantías de seguridad y confianza, pero sin trámites demorados que obstaculicen el arrendamiento.

 

“Hacemos uso de pólizas y garantías de arrendamiento, aprobando el estudio de riesgo en dos horas gracias al desarrollo tecnológico. Realizamos el acompañamiento en cada paso para los dos involucrados, gracias a una red de agentes tercerizada y experta. Nuestra solución resuelve y hace el proceso amigable. En algunos casos acudimos a solicitar coarrendatarios, porque estudiamos cada caso”, puntualizó Delgado.

 

De otro lado, la agenda de visitas está automatizada, gracias a la (AI) inteligencia artificial que identifica a la plataforma tecnológica, garantizando que siempre habrá un asesor de la plataforma disponible para atender y programar los encuentros. Al igual, la firma de documentos se realiza en línea, lo que reduce las visitas a notarías y agiliza el procedimiento general de inicio a fin de la firma de contrato entre arrendador y arrendatario, en un país donde las propiedades, afirman los Cofundadores de Aptuno, demoran en arrendarse cerca de cinco meses en promedio.

 

“En Bogotá contamos con el inventario más grande de inmuebles en arriendo, superando los 650. Tenemos un promedio de 80 visitas semanales y 3200 solicitudes de información a cierre de septiembre de 2020. Gracias a nuestra solución logramos arrendar en menos de dos meses”, finalizó Gómez.