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‘Nadie nos va a detener esta reactivación que quiere Colombia’, afirma Duque

El país se reactiva a pesar de “los profetas del desastre”,que apoyaron el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pero ahora salen a “obstruir la reactivación; esa es la mezquidad”, dijo. • Recordó que el PAEF se extenderá hasta marzo del año 2021, porque “necesitamos que Colombia se reactive con ganas, con bríos, con fuerza: 11 meses de ese importante subsidio”. “Nadie nos va a detener esta reactivación que quiere Colombia.
Nadie nos va a arrebatar la reactivación que quiere el Cesar, que quiere Valledupar, porque este país quiere salir adelante”. Así lo enfatizó este jueves el Presidente Iván Duque desde la capital del Cesar, departamento en el que entregó un trayecto de 48 kilómetros de la Ruta del Sol 3 y asistió a la puesta en marcha de la línea de crédito ‘Valledupar Responde’.
El Mandatario sostuvo que el país se reactiva a pesar de “los profetas del desastre”, que apoyaron el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pero ahora salen a “obstruir la reactivación; esa es la mezquidad”.
 
Al dirigirse a los empresarios de Valledupar y del Cesar, el Presidente indicó que el Fondo Nacional de Garantías, en el marco de la emergencia, lanzó unas líneas que garantizan entre el 80 y el 90 por ciento de los créditos para la micro, la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa, así como para los empleadores independientes.
Dicha línea debía terminar en septiembre; sin embargo, “tomamos la decisión de extender el programa de garantías hasta junio del año 2021”. Con respecto al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), señaló que esta iniciativa de subsidio a la nómina -gracias al Congreso- se extenderá hasta marzo del año 2021, porque “necesitamos que Colombia se reactive con ganas, con bríos, con fuerza; 11 meses de ese importante subsidio”.
Reiteró que el PAEF subsidiará el 50% de la prima de Navidad y expresó que “nunca en la historia de Colombia se había visto un apoyo de esa naturaleza por un gobierno para defender a los trabajadores de nuestro país”.
 
En torno de los sectores más vulnerables de la población, el Jefe de Estado indicó que en el Cesar hay 90 mil Familias en Acción, 10 mil Jóvenes en Acción y una amplia cifra de personas en Adultos Mayores cobijadas con este subsidio.
 
Subrayó que para tales programas que los giros extraordinarios se extenderán hasta diciembre de este año para que a “esas familias no les falte el apoyo del Estado”.
También dijo que la Devolución del IVA a un millón de familias, meta alcanzada este año, en el 2021 cubrirá a 2 millones de familias. Así mismo, hizo hincapié en que Ingreso Solidario cubre a 3 millones de familias y se extenderá hasta el mes de junio del 2021, porque “así está asegurado en el Presupuesto Nacional”.
Aseveró, por último, que continuará adelante con el ‘Compromiso por Colombia’, que significa $170 billones en inversión y anunció que en poco tiempo regresará al Cesar para inaugurar “la granja solar más grande que tenga Colombia; ¿por qué? Porque hace parte de la reactivación económica”.

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Virna Jhonson también contrató el desarrollo pedagógico de la IED San Francisco Javier con una fundación creada por los Vives

Sé trata de la Fundación San José, creada por los religiosos católicos del Seminario con apoyo de la familia Vives sus principales benefactores, cuándo éstos construyeron la urbanización Garagoa y donaron el lote para la IED San Francisco Javier. Bien dice el dicho popular que “el ojo nunca mira para adentro” y qué “nada hace el burro diciéndole al puerco orejón, cuándo sus orejas son mucho mas grandes.
La alcaldesa Viena Lizi Jhonson también le otorgó a una fundación católica, creada al parecer por los Vives, un contrató para el desarrollo pedagógico de los estudiantes de la IED San Francisco Javier, la cual cubre a los niños vulnerables del sector de Garagoa y Timayuí.
Se trata de un contrato por la suma de 1.800 millones de pesos suscrito con la Fundación San José, creada por los religiosos católicos del Seminario, cuyos principales benefactores son los Vives y la cual se constituyó cuándo la citada familia construyó la Urbanización Garagoa, donó el terreno y adelantó una campaña para la construcción del colegio, cuyo objetivo fue educar a los niños vulnerables de todo ese sector marginado de la ciudad, incluyendo el barrio Timayuí.
La firma de este contrato por parte de la alcaldesa Johnson no llamara tanto la atención, si desde la alcaldía y la gobernación, no sé hubiera adelantado la semana pasada de manera alevosa y rastrera una campaña de descrédito al alcalde de Ciénaga Luís Tete Samper por haber otorgado un contrató similar y por el mismo valor a otra fundación religiosa pero de origen cristiano, donde aparece como representante legal la pastora Yuritza Del Castillo.
En este contrato la alcaldesa Johnson le otorga la suma de 1.800 millones 893 mil pesos a la Fundación San José, representada legalmente por la hermana Alicia Mercedes de Fátima Valencia Vives, para qué en el término de 310 días a partir del 21 de febrero ejecute la “ promoción e implementación de estrategia de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas en la IED San Francisco Javier conforme a la sección 5 Articulo 2.3.1.3.5.1 del Decreto 1851 de 2015”.
El contrato establece a las claras que debe ejecutarse durante el calendario Escolar de 2020, y se otorgó sin que se hubiera previsto el inició de la pandemia Covid19, precisamente en los mismos días en que el Ministerio de Educación decidió la suspensión de las Clases, por lo que existen dudas del cumplimiento del mismo, ya que el objetó contractual demandaba la realización de actividades presenciales. Asi lo dio a conocer un medio de comunicacion en el Magdalena.

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LEY 010 DEL 2020 Y LAS CONSECUENCIAS A LA LEY ESTATUTARIA 1751 DEL 2015

En las últimas semanas diversas agremiaciones médicas, entre esas la FMC, han sacado a la luz una serie de cartas dirigidas al Congreso de la República con el fin de hacer la petición de archivar o eliminar el Proyecto de Ley 010 del 2020.
Dicho Proyecto parece ser la reglamentación y el desarrollo de la Ley Estatutaria del 2015 pero, por el contrario, se plantea un bloqueo de la atención primaria a la salud, lo que conlleva a que el acceso a los servicios médicos sea más difícil.Este Proyecto de Ley pretende implementar modelos privatizadores en la red de hospitales públicos y omite los determinantes sociales básicos que hacen parte del derecho fundamental a la salud como lo dicta la Observación General N° 14 de la Naciones Unidas.“En suma, el articulado en cuestión no resuelve la profunda crisis de la salud en que venía el sistema actual, que es humanitaria, ética, financiera, de derechos humanos, de salud pública, de transparencia institucional, y profundiza los determinantes de una crisis que ha sido develada por la pandemia, ampliamente vivida, sufrida y conocida por la sociedad colombiana” afirma el documento expedido por diferentes agremiaciones en cabeza de la FMC el pasado 28 de Septiembre. Las “medidas orientadas a la sostenibilidad”, como fue llamado por los Honorables Congresistas, pretende realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social; sin embargo, dichos ajustes contradicen lo estipulado en la Ley Estatutaria 1751 del 2015 al no acatar las necesidades básicas de la salud del pueblo colombiano y, en cambio, clasifican a la ciudadanía en pobres, no pobres y determinan la capacidad de pago de los servicios de la salud de cada ciudadano.Además, según los ajustes realizados no se garantiza la salud como un derecho fundamental y se evidencia la profundización del negocio de la salud tanto en monopolios como en oligopolios de intermediarios financieros.La Federación Médica Colombiana rechaza las condiciones del Proyecto de Ley 010 del 2020 y las graves afectaciones que éste tiene en el sistema de salud del país; a su vez, exige al Congreso de la República retirar o archivar dicho Proyecto para cumplir a cabalidad la Ley Estatutaria 1751; de la mano de agremiaciones y sindicatos se plantea la necesidad y se hace la petición a los Honorables Congresistas de hacer una reforma estructural que verdaderamente pueda reglamentar la salud colombiana para garantizar el derecho fundamental a la salud y formalizar a los trabajadores y trabajadoras como parte constitutiva de ese derecho.

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Gobierno extiende intervención de la Supersalud a la ESE Río Grande de la Magdalena

Buscando la continuidad en la prestación de los servicios y la recuperación y estabilización de los indicadores de atención y gestión, el Gobierno Nacional autorizó por un año, la prórroga a la intervención forzosa administrativa, que viene desarrollando la Superintendencia Nacional de Salud en la ESE Río Grande de la Magdalena en Magangué, Bolívar.
La medida adoptada bajo la resolución ejecutiva No.136 del 28 de septiembre de 2020, indica que la prórroga se extiende hasta el 2 de octubre de 2021, con el fin que la entidad continué con la línea de mejoramiento trazada en la producción de servicios; el plan de saneamiento contable y financiero, y las acciones pendientes por ejecutar para garantizar la prestación del servicio a sus usuarios, en condiciones de calidad y oportunidad. Durante la intervención en curso, la ESE Río Grande de la Magdalena, de primer nivel de atención, desarrolló la apertura y habilitación de nuevos servicios como: psicología, nutrición, toma de muestras COVID-19, consulta telefónica, y atenciones domiciliarias.Con corte a junio de 2020, el centro asistencial generó ingresos promedios mensuales por valor de 898 millones de pesos, y sus costos fijos mensuales promedios (nómina, incluyendo seguridad social; parafiscales; prestaciones sociales; OPS; arrendamientos; mantenimiento; seguros; servicios de vigilancia y aseo, etc.), ascienden a 851 millones de pesos, lo que garantiza la operación. Si bien el hospital no logra el equilibrio financiero a junio de 2020, indica la resolución, sí ha mejorado los niveles de facturación comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019, ascendiendo a 5.353 millones de pesos, con un incremento de 27 millones de pesos. De otro lado, la institución ha ejecutado más de 2.089 millones de pesos gestionados ante el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), y en materia jurídica, recuperó más de 969 millones de pesos en títulos judiciales. Igualmente, ha logrado identificar y reconocer las deudas por concepto de salarios y prestaciones sociales, honorarios y servicios del personal administrativo y asistencial. Gracias a la intervención, el hospital viene garantizando la prestación de los servicios de salud a la población, brindando atención con normas de bioseguridad clínica, calidad, accesibilidad, efectividad y oportunidad; disminuyendo así, los riesgos en salud y fortaleciendo la confianza de los usuarios y sus familias, en sus 12 centros de salud a lo largo del municipio. Según el delegado de Medidas Especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero Gómez, “la ESE debe continuar con la implementación de planes de mejora efectivos en aras del cumplimiento al plan de acción diseñado para enrutar su gestión y estabilizar su operación y, por ende, la recuperación económica y financiera”. Acciones en la lucha contra el coronavirus Desde su nivel primario de atención, la institución insigne en Magangué habilitó los consultorios y delimitó las rutas de atención para los posibles pacientes de COVID-19, en los 12 centros de salud. De igual manera, implementó medidas de bioseguridad para el manejo asistencial a los pacientes. Del mismo modo, mantiene la atención de los pacientes con preexistencias, mediante consulta intramural en sus sedes, y extramural a lo largo de la ribera del río Magdalena. La Superintendencia de Salud ratifica que es vital el compromiso de sus colaboradores para continuar con el proceso de recuperación de la ESE, y que pueda superar así, ciertas dificultades administrativas y financieras que aún presenta.

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LAS MUJERES: ENTRE LA CORRUPCIÓN, LA PANDEMIA Y EL DESENCANTO

La toma de las oficinas de la CNDH a principios de septiembre ha devuelto la agenda feminista a las primeras planas —casi con la misma intensidad que antes de la pandemia. Este movimiento marca el resurgimiento de nuestras demandas por acceso a la justicia y visibilización de siglos de violencia en contra de las mujeres, particularmente de las más vulnerables por su condición social, económica, educativa, cultural o sexual. Es también el resurgimiento de un movimiento que antes de la pandemia ya demandaba atención del gobierno, que exigía menos violencia pero también mejores servicios públicos, que reclamaba un alto a la extorsión en las formas en las que la padecemos las mujeres. Está documentado que las mujeres trabajamos más, ganamos menos y cargamos con el estigma de una feminidad sumisa, que todo lo aguanta, todo lo perdona, todo lo acepta y si sufre, lo hace en silencio. Porque si mostramos rabia o somos violentas, quedamos desacreditadas como si fuéramos títeres de agendas masculinas ocultas. En marzo 2020, se perfilaba una revolución feminista. Éramos millones de mujeres despertando en todo el país, manifestándonos en la arena pública. Pero a las pocas semanas llegó la pandemia y, con ella, la violencia doméstica de exhacerbó. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó en abril 2020 que las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar habrían subido 25% y apenas empezaba el encierro. La Red de Refugios para mujeres víctimas de violencia reportó que en el primer semestre de este año había antendido a más de 14 mil mujeres, niñas y niños. En ese mismo periodo, los feminicidios aumentaron 10% respecto al mismo periodo en el año anterior. Las cifras de violencia callejera y homicidios de mujeres empeoraron. Nada mejoró para nosotras. Incluso la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia doméstica durante este confinamiento. Al término de la jornada de sana distancia (que finalizó la pandemia, pero sí parcialmente el encierro), MCCI levantó una encuesta telefónica para medir la frecuencia con la que ocurrió la corrupción en ese periodo. Éstos fueron algunos de los resultados. 1. La situación económica personal de las mujeres empeoró con que la de los hombres durante el último año. La crisis económica se perfilaba desde finales de 2019. Como suele ocurrir, las crisis ensanchan las brechas salariales entre hombres y mujeres, sobre todo entre las más pobres. El encierro provocó que más mujeres perdieran su empleo y su ingreso, debido a la afectación de los sectores en los que se emplea a una mayor proporción de mujeres, como los servicios, pero también debido a la falta de protección del Estado. Lo mismo ocurrió con el sector informal. En resumen, entre la crisis, la estructura del mercado laboral femenino y la ausencia de programas y apoyos gubernamentales, las más afectadas fueron las mujeres de menores ingresos. Como era de esperarse, las mujeres nos dimos cuenta de ello. La situación económica de las mujeres empeoró en mayor proporción que la de los hombres -con 6 puntos de diferencia entre unos y otros, según los datos de la encuesta telefónica de MCCI, levantada en julio2020. Visto desde otro ángulo, la proporción de mujeres cuya situación económica permaneció igual fue 6 puntos menor que la de los hombres, lo cual significa que menos mujeres conservaron su empleo o mantuvieron sus ingresos intactos. Incluso antes del estancamiento económico que se registró en México a finales de 2019, las mujeres ya ganábamos menos que los hombres y nos empléabamos en trabajos más precarios y sin prestaciones de seguridad social. Para los empleadores siempre ha sido más barato despedir a una mujer que a un hombre. También tenemos menos previsiones económicas para enfrentar una pérdida del empleo, pues con un ingreso hasta 30% menor que el de los hombres, pocas alcanzamos a ahorrar. No sorprende, pues, que ante un escenario de encierro, las mujeres hayamos enfrentado con mayor crudeza la falta de empleo (e ingresos), que los hombres. Sumado a ello, dado el rol tradicional de las mujeres como las cuidadoras de niñas, adultas mayores y enfermas, durante la pandemia muy probablemente muchas mujeres se vieron en la disyuntiva entre cuidar de sus familias o salir a trabajar. 2. Durante el encierro, la corrupción que padecimos las mujeres se incremetó en mayor medida que la que padecieron los hombres, y -sin sorpresas- los servicios de salud fueron en los que más extorsiones pagamos. La experiencia de corrupción de hombres y mujeres es diametralmente distinta, y su evolución tiene causas y efectos relacionados con los roles tradicionales de género. Durante la pandemia, por ejemplo, las mujeres percibimos un mayor aumento en la corrupción que los hombres, que puede deberse a un sesgo en la forma en la que las mujeres interpretamos la corrupción a la luz de los escándalos que se reportan en medios de comunicación -casi todos protagonizados por hombres, que son quienes tradicionalmente tienen el control del poder y del dinero-, pero que también tiene un componente de la experiencia personal de cada una. Las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras de niñas, adultas mayores y enfermas (hablo en femenido pero incluyo a los hombres en las tres categorías), una porción del incremento en la percepción de corrupción en el último año entre las mujeres se vincula a que somos nosotras quienes tenemos mayor contacto con los servicios sanitarios y por lo tanto experimentamos mayor corrupción en los servicios de salud. En plena pandemia, esto se refleja en el reporte de un más corrupción entre las mujeres que entre los hombres. Según la encuesta telefónica de julio 2020, la mitad de las extorsiones padecidas por las mujeres se concentraron en los servicios de salud, con una muy marcada diferencia en la experiencia de los hombres, que reportaron mayores niveles de corrupción en servicios legales y de seguridad pública. Esto se puede atribuir a que la mayor parte de los enfermos graves y fallecidos por Covid-19 son hombres (y por lo tanto la extorsión sobre los servicios la padecieron sus familiares, preponderantemente mujeres). Las mujeres también esperamos que la corrupción se incremente más que los hombres… y esto se traduce en una peor evaluación del presidente. Al igual que antes de la pandemia, las mujeres esperamos que los niveles de corrupción se incrementen en los próximos 12 meses. En ese mismo sentido, las mujeres esperamos que la corrupción disminuya en mucho menor proporción que los hombres. En la medición de marzo 2020, la propoción de mujeres que consideraba que la corrupción dismuniría en el próximo año era de 28%; para julio, esta proporción ya había caído 10 puntos adicionales. Es decir, la pandemia, el encierro y la sucesión de eventos relacionados incrementaron la sensación de que la corrupción aumentaría, sobre todo entre las mujeres. La peor situación económica, la percepción de más corrupción y la extorsión enfocada en los servicios de salud durante la emergencia inevitablemente acabaron por afectar en la forma en la que nosotras desaprobamos la gestión del presidente: desaprobamos en 9 puntos más que los hombres. Sin embargo, a pesar de que la corrupción -al igual que la violencia- no la padecemos igual que los hombres, hay otros elementos que pesan en la opinión que las mexicanas tenemos de nuestro presidente. Es muy probable que la precariedad económica ante la crisis, los 12 o 16 millones de pobres adicionales que dejará la pandemia -una mayoría de las cuales serán mujeres-, así como la falta de empleo, servicios de salud para otras enfermedades distintas a la Covid-19 y sin escuelas, acaben por inclinar la balanza a favor del partido del presidente en las urnas, así sea como resultado de políticas clientelares y no de más y mejores servicios públicos para las mujeres. *Sofía Ramírez Aguilar es investigadora, analista política y es directora adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hasta el 30 de septiembre 2020. @Sofia_RamirezA *Katia Guzmán es investigadora y analista política de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. @guzmart_ Nota metodológica MCCI participó en la segunda encuesta Omnibus Nacional Telefónico de DATA Opinión Pública y Mercados, levantada entre el 1 y el 17 de julio de 2020. La muestra es probabilística representativa de la población de 18 años y más en México, con acceso a un teléfono fijo o móvil. Se realizaron 1002 entrevistas efectivas. Se estima un margen de error de +/- 3.1 con un nivel de confianza estadística del 95%. Para el trabajo de campo se usaron dispositivos electrónicos con el software de aplicación de encuestas SurveyToGo (STG). ¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon. Tomado de: Corrupcion al dia

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Prevención y colaboración, la mejor manera de celebrar a los adultos mayores

El Ministerio de Salud y Protección Social se une a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado desde hace 30 años con el objetivo de sensibilizar sobre las necesidades especiales de salud pertenecientes a esta población y las contribuciones que hacen a su propia salud y al funcionamiento de las sociedades a las que pertenecen.
En Colombia, de acuerdo con el Censo Poblacional DANE 2018, el 13.2% de la población es mayor de 60 años y el índice de envejecimiento pasó de 20.5 en el año 2005 a 40.9 en el año 2018.
 
“Este año nuestro país conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores con la adhesión a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, sancionada por el presidente de la República el pasado 10 de septiembre, mediante la Ley 2055 de 2020”, indicó Óscar Siza, jefe de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social.
Agregó que el proyecto de Ley fue gestionado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores en la pasada legislatura.
La Convención, ratificada inicialmente por parte de Uruguay y Costa Rica, fue depositada en la Organización de Estados Americanos – OEA y entró en vigor el 12 de enero de 2017. Hasta este año ha sido refrendada por Bolivia, Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador y Colombia.
Por medio de este pacto los países firmantes asumen las obligaciones y deberes de respetar, proteger y promover los derechos humanos de las personas adultas mayores.
“Además, se desarrollan los principios de autonomía, independencia, igualdad y no discriminación e integra, especifica y sistematiza un catálogo de derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas adultas mayores, concordantes con los ordenados por la Constitución Política de Colombia”, señaló Siza.
La Organización de las Naciones Unidas estima que en 2020 el número de personas de 60 años o más superará a los niños menores de cinco años.
También prevé que durante las próximas tres décadas el número de personas mayores en todo el mundo se duplique, llegando a más de 1.500 millones en 2050, y el 80% de ellas vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Adultos mayores en pandemia Las personas adultas mayores son la población de mayor vulnerabilidad ante el coronavirus, por lo que se hace necesario extremas las medidas de auto y mutuo cuidado para preservar su salud. Según el Instituto Nacional de Salud, a corte 30 de septiembre, de los 25.998 fallecidos en Colombia por covid-19 el 75.5% eran adultos mayores de 60 años, que equivale a un total de 19.636 personas.
Es importante reforzar los protocolos de bioseguridad en las casas y lugares en los que permanecen o transitan personas pertenecientes a esta población para minimizar los riesgos de transmisión del virus. Asimismo, se deben priorizar las acciones en los Centros de Larga Estancia para adultos mayores. En este sentido, el Ministerio de Salud implementó lineamientos a los más de 1.200 centros de este tipo para minimizar el contagio y gestionar adecuadamente la pandemia. “Por otro lado, el pasado 18 de septiembre el Ministerio de Salud firmó el Convenio 483 con la Fundación Santo Domingo para entregar alrededor de 500 millones en kits sanitarios e implementos de aseo para los residentes y el personal que labora en las 124 instituciones, con los mayores retos frente a la pandemia”, aseguró Siza.

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Tras encuentro con personal retirado y pensionado del Sector Defensa, Ministerio de Defensa establece compromisos para fortalecer su bienestar

Luego de un encuentro con la actual Mesa de Diálogo con el personal retirado y pensionado del Sector Defensa, el Ministerio de Defensa definió una serie de acciones para avanzar en el fortalecimiento del bienestar para esta población.
Como primera medida, se desarrollará una mesa de trabajo técnica a la cual se invitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, así como a las demás entidades pertinentes y a representantes de las partes interesadas, para revisar los temas presupuestales que tienen que ver con las peticiones de los retirados y pensionados. En esta mesa técnica se espera, además, conocer el estado de avance respecto al pago de la deuda del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional por parte del Ministerio de Hacienda. Durante el encuentro, en el que participaron el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, y el Viceministro del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, Almirante (r) David René Moreno, también se resaltó la creación de la Oficina de Atención al Veterano – Servicio Único y Oportuno (SUYO), la cual seguirá fortaleciéndose. Además se continuará con el estudio para la creación de la Dirección del Veterano al interior del Ministerio de Defensa Nacional. Finalmente, el Ministro Holmes Trujillo invitó a mantener una actitud inclusiva en la actual Mesa de Diálogo con retirados y pensionados del Sector, para lograr mayor participación de las asociaciones y agremiaciones.

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Gobernador de La Guajira instaló formalmente el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias 2020.

Instalado hoy 1 de octubre el tercer periodo de sesiones ordinarias 2020, el acto estuvo presidido la mañana de este jueves por el Gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón y la presidente de la Corporación Oriana Zambrano Montoya.
El Gobernador Roys Garzón anunció que presentará varias iniciativas para que sean consideradas y debatidas por los Honorables Diputados y que permitirán en gran parte atender a diferentes sectores en el Departamento de La Guajira.
 
Un proyecto de ordenanza bien importante que quedó en tránsito y es la implementación de Ley 550 con este proyecto se inicia las sesiones ordinarias la continuación de ese trámite de discusión y es vital para el futuro del Departamento de La Guajira, un proyecto difícil y no es una decisión fácil la que toma el Departamento, y tampoco fue fácil para la administración departamental analizar la crisis financiera del Departamento de La Guajira, y se llegó a la conclusión que no hay una mejor opción que la implementación de la ley 550.
Tener a un departamento maniatado por su incapacidad financiera no tiene sentido para un departamento que lo que necesita es desarrollo y progreso, necesita es acción y trabajo, y no podemos simplemente quedarnos en esfuerzos que finalmente no se traducen en resultados a la gente, podemos hacer todo el esfuerzo fiscal que queramos, recaudar todo el impuesto que queramos, pro esos impuestos llegan a unas cuentas y esas cuentas todas se encuentran embargadas.
 
Hoy tenemos sectores como el adulto mayor, como sector de cultura, distintos sectores hasta la misma seguridad del Departamento, los dineros con el cual se fortalece la fiscalia, el ejército, la policía, los bomberos, migración Colombia, dineros que tienen un designación específica han sido llevados para cubrir una deuda histórica que tiene el departamento con la universidad de La Guajira.
 
Y así hay en otros sectores no simplemente es la universidad, en el sector salud tenemos demandas por más de 30 mil millones de pesos,se le debe a las clínicas privadas, se le debe a los hospitales. Entonces este es un departamento que no puede seguir amarrado y quebrando las empresas, porque a las empresas que no se les paga terminan quebrandose y este tiene que ser un Departamento que impulse a las empresas y no que quiebre, por esta razón debemos ponerle un punto final a este desbalance que ha existido históricamente en el Departamento desde que se cambió el sistema de regalías donde los gastos no se ajustaron a los ingresos.
Hoy no hay tiempo para quejarse ni para llorar, hay tiempo para enderezar el caminado y la ley 550 nos va permitir decirle a esas personas que les debe el Departamento que su plata no se va a perder, que tengan un tiempo específico de pago, no van a depender del gobernante que llegue, porque dependerán del ministerio de hacienda que es quien va a garantizar el orden del pago de las acreencias y el Departamento le va a dar la tranquilidad de no tener embargos, de no tener procesos de cobro coactivo, y todo el dinero que se va recaudando se va llevando a una fiducia no va a ser plata que van a quedar en cuentas del Departamento, es la fiducia que controla el ministerio de hacienda y que los recursos no vayan a ser utilizados en otros temas diferentes, es un proceso largo y allí definir cuáles son las condiciones.
 
La ley 550 no toca los recursos del sistema general de regalías que son el 70% de inversión del departamento, y esto nos va a permitir a todos ordenar la casa, pero a la vez hacer toda la inversión que tanto estamos necesitando en el Departamento y cumpliendo con el plan de desarrollo Departamental aprobado por la Honorable Asamblea Departamental de La Guajira.

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Mercure Santa Marta convierte salones en oficinas

El hotel Mercure Santa Marta Emile transforma sus salones en oficinas completamente equipadas, con altos estándares de bioseguridad y adaptadoa para ofrecer un entorno de trabajo tranquilo, cómodo y seguro.

 Mercure Santa Marta Emile, una de las marcas pertenecientes a Accor, anunció el lanzamiento de Room+Office. Bajo su lema “Hacer sentir bien a los huéspedes” esta iniciativa, busca atender las necesidades de ejecutivos y profesionales que debido a la nueva normalidad necesitan teletrabajar, tener reuniones virtuales y seguir atendiendo sus negocios de manera tranquila y segura.

“El 2020 ha sido un año de retos, por esto desde nuestra marca decidimos adaptarnos y restablecer nuestras prioridades pensando siempre en nuestros clientes. Las organizaciones también cambiaron su manera de hacer negocios y por supuesto de trabajar, así que quisimos alinearnos a su nueva normalidad y brindar la mejor estrategia para hacerlos sentir como si estuvieran en un espacio laboral, pero desde la comodidad y el calor de hogar que tendrían desde casa”, aseguró Alejandro Spinelli, gerente general del Mercure Santa Marta Emile.

El servicio Room+Office del Mercure Santa Marta Emile permite que los ejecutivos y profesionales trabajen de una sala de reuniones privada, perfectamente equipada con escritorio y asiento, ideal para quienes buscan un espacio silencioso, cómodo y seguro para trabajar, que se complementa con todos los servicios que estén operando en el hotel.

Room+Office puede reservarse desde las 8:00 am hasta las 8:00pm, incluso hasta con una hora de anticipación. Una vez finalizado el tiempo, el cliente que lo desee puede hospedarse en una habitación para pasar la noche y tener un sueño reparador. Además, esta oferta también puede reservarse por días, semanas o meses y son la mejor opción para quienes tuvieron que reinventarse y cambiar su manera de trabajar.

Finalmente, el servicio de Room+Office, cuenta con los más altos estándares de salubridad, ya que el hotel se encuentra certificado con el sello Allsafe, normas establecidas por Accor y certificadas por Bureau Veritas, las cuales garantizan a los huéspedes que el hotel cumple con todas medidas preventivas obligatorias por el Gobierno Nacional y local.

“Los profesionales están buscando alternativas al trabajo en casa y muchos no están listos o no pueden regresar a las oficinas. Por esto, el Room Office del Mercure Santa Marta Emile es una solución segura y flexible para trabajar en un entorno totalmente equipado y confiable”, comentó Alejandro Spinelli. “Además, muchas organizaciones requieren una solución de espacio de trabajo rentable y sin contratos para su personal que proporcione un desplazamiento reducido, flexible y que promueva la productividad”.

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