La población del municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, enfrenta un grave escenario de vulnerabilidad e inseguridad debido al avance acelerado, la presencia expansiva y la consolidación territorial del grupo armado al margen de la ley conocido como Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Así lo confirmó de manera categórica la Defensoría del Pueblo a través de la publicación de la Alerta Temprana 024 de 2026, un exhaustivo diagnóstico institucional que documenta el deterioro de las garantías de derechos humanos en esta subregión del Caribe colombiano y formula un paquete de 32 recomendaciones urgentes dirigidas al Gobierno Nacional.
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Poblaciones en riesgo: Liderazgos sociales y comunidades étnicas bajo amenaza
De acuerdo con el informe de la entidad, los sectores sociales que enfrentan el mayor nivel de exposición a la violencia armada son las lideresas, los líderes comunitarios y las víctimas del conflicto armado reincorporadas o en proceso de reparación.
Asimismo, la alerta humanitaria enciende las alarmas por el impacto directo sobre la autonomía y seguridad de 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de las etnias Zenú y Malibú. La presión violenta se extiende también hacia el gremio de pescadores artesanales y las personas dedicadas a la defensa de los bienes ambientales y los ecosistemas cenagosos de la región.
Escalada de la violencia: Homicidios al alza y cobro masivo de extorsiones
Las estadísticas recopiladas por la Defensoría reflejan un preocupante incremento en los índices de criminalidad en la jurisdicción:
- Homicidios y atentados: Entre abril y noviembre del año 2025 se registraron 19 homicidios. En contraste, solo en los primeros siete meses de 2026 la cifra ascendió a 23 asesinatos y 11 personas lesionadas en ataques bajo la modalidad de sicariato, afectando predominantemente a jóvenes menores de 35 años.
- Extorsión sistemática: El comercio formal e informal sufre una arremetida constante. Los Comerciantes locales denuncian la recepción de entre 12 y 15 llamadas extorsivas diarias.
- Gobernanza criminal: En los corregimientos de Juan Arias, Tacaloa, Cascajal, Henequén, Barranca de Yuca y el complejo cenagoso de Cascaloa, el EGC impone controles a la movilidad, regulación arbitraria de precios de productos básicos y el cobro obligatorio de las llamadas ‘vacunas’.
Instrumentalización comunitaria, reclutamiento de jóvenes e intimidación a la infraestructura educativa
El organismo de control advirtió sobre complejas dinámicas de instrumentalización forzada a dignatarios de Juntas de Acción Comunal (JAC), a quienes los delincuentes obligan a realizar el cobro de cuotas extorsivas entre los pobladores.
Paralelamente, se identificó la cooptación de adolescentes y jóvenes en barrios periféricos como El Prado y Nueva Colombia, con el propósito de conducirlos de forma coercitiva hacia campamentos de entrenamiento militar en el sur del departamento. A estas acciones se suman actos violentos directos contra la infraestructura comunitaria, como la reciente ocupación e intimidación a la Institución Educativa del centro poblado Las Martas.
La Subestructura Nicolás Antonio Urango y la disputa por el corredor estratégico del Caribe
El escenario de amenaza es ejecutado principalmente por la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo. Debido a su ubicación ribereña y conectividad vial, Magangué representa un nodo geográfico estratégico de disputa entre estructuras ilegales, al facilitar el movimiento de economías ilícitas, armamento y pertrechos militares entre el nororiente y el Caribe colombiano.
Para asegurar el dominio territorial, la subestructura Nicolás Antonio Urango articula acciones con otros frentes del EGC:
- Subestructura Erlyn Pino Duarte: Con radio de influencia en los municipios de Achí y Pinillos.
- Subestructura Edwin José Sierra Regino: Operativa en la Isla de Mompox.
- Subestructuras Manuel José Galán y Sergio Antonio Carrascal Gómez: Desplegadas en áreas de influencia limítrofe.
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Acción institucional: 32 recomendaciones preventivas y de respuesta rápida
Frente al sombrío panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones preventivas y de socorro humanitario, exigiendo un incremento del pie de fuerza pública mediante patrullajes terrestres y fluviales, además del fortalecimiento de las labores de inteligencia policial y militar.
De igual manera, el documento conmina a la activación urgente de rutas de protección individual y colectiva para líderes sociales, así como la puesta en marcha de programas de prevención del reclutamiento infantil.
Entre las entidades exhortadas a responder de manera coordinada se encuentran el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Magangué, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
