La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador y exaspirante presidencial Iván Cepeda Castro. La determinación judicial busca esclarecer la existencia de presuntas irregularidades en el reporte de ingresos y gastos de la campaña con la que participó en la consulta interna del colectivo político Pacto Histórico, celebrada en octubre de 2025.
La decisión quedó radicada en el despacho del magistrado Francisco Farfán, desde donde se dispuso un paquete de pruebas documentales y testimoniales de oficio para verificar la veracidad de los hechos denunciados y determinar si existe mérito para avanzar hacia una investigación formal.
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«El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones», confirmó el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria a través de un comunicado de prensa.
Los montos bajo la lupa: Aportes de persona natural y jurídica
El expediente que ahora analiza la alta corte se centra en las presuntas anomalías detectadas en los reportes presentados ante la organización electoral respecto a las contribuciones de dos aportantes en la ciudad de Barranquilla: el particular Javier Antonio Pérez Páez y la firma comercial Samat Publicidad S.A.S.
- Aporte de Javier Antonio Pérez Páez: Las denuncias advierten sobre una presunta donación por 116 millones de pesos, suma que habría sobrepasado el límite máximo permitido por la legislación colombiana para los aportes individuales de personas naturales a campañas políticas.
- Contribución de Samat Publicidad S.A.S.: Las alarmas se encendieron debido a un registro por 609.399.000 pesos. La ley electoral prohíbe de manera taxativa que las personas jurídicas (empresas) efectúen donaciones o aportes directos a las precandidaturas y campañas presidenciales.
Los hechos bajo examen corresponden a la jornada en la que el senador Iván Cepeda consolidó la victoria interna en el Pacto Histórico tras obtener cerca del 65% de los votos, superando a las precandidaturas de la exministra Carolina Corcho y el exalcalde Daniel Quintero.
La controversia jurídica y el antecedente en el CNE
El trámite en la Corte Suprema de Justicia se produce meses después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abordara el mismo paquete de inconsistencias financieras en enero de este año. En aquella oportunidad, la autoridad electoral resolvió abstenerse de abrir una investigación administrativa al concluir que los señalamientos obedecieron a un error formal en la categorización de los reportes de ingresos y gastos.
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Tras revisar los contratos y libros contables, el tribunal electoral dictaminó que los recursos no constituían donaciones a título gratuito, sino obligaciones crediticias derivadas de servicios publicitarios e impresión de material impreso:
«Se logró acreditar que entre Samat Publicidad S.A.S. y el candidato no existió un bien transferido a título gratuito por la suma de $609.399.000, sino una suma que, producto de la prestación de un servicio de elaboración de propaganda electoral, el candidato adeuda», precisó la resolución del CNE en su momento.
Bajo este argumento, el CNE determinó que no existía mérito para sancionar la campaña. Sin embargo, en el ámbito penal e disciplinario de la Corte Suprema, el magistrado instructor evaluará si el manejo contractual y los pasivos reportados se ajustaron a los marcos legales de financiación o si se configuró algún tipo de infracción a la norma penal aplicable a los congresistas.
#Política | La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda para determinar si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
— El Espacio Digital (@EspacioDigCol) September 14, 2026
