El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este lunes 31 de agosto de 2026 la identificación de nueve de las diez personas fallecidas durante la Operación Amón, la incursión aérea y terrestre ejecutada por las Fuerzas Militares en la madrugada del pasado jueves 27 de agosto en zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare). De acuerdo con el reporte oficial de los peritos, entre las víctimas mortales se encuentran tres niños, niñas y adolescentes.
Los cuerpos recoveredos tras el impacto de la aviación militar en las inmediaciones del río Inírida fueron trasladados inicialmente a las sedes forenses de las ciudades de Florencia (Caquetá) y Villavicencio (Meta) para los correspondientes análisis interdisciplinarios y cotejos dactilares.
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El reporte forense y la incerteza sobre alias ‘Urías Perdomo’
El informe preliminar de Medicina Legal detalla que entre los nueve cuerpos plenamente identificados figuran cuatro personas de sexo femenino y cinco de sexo masculino. Sin embargo, las autoridades forenses se han abstenido de divulgar los nombres de los fallecidos y ratificaron que la identificación del décimo cuerpo continúa pendiente debido al severo estado de destrucción en que quedó tras las detonaciones.
Por esta razón, la dirección de la entidad evalúa trasladar los restos del décimo individuo a los laboratorios centrales de Medicina Legal en Bogotá para adelantar pruebas complejas de perfilamiento genético (ADN).
Una de las principales incógnitas que rodea el procedimiento radica en verificar si el cuerpo sin identificar corresponde a alias ‘Urías Perdomo’, considerado hombre de confianza y mano derecha de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Aunque los informes iniciales de la inteligencia militar indicaban la eventual neutralización del jefe insurgente en el lugar, su identidad no figura dentro del grupo preliminar certificado por los médicos legistas.
#Nacional | @MedLegalColombi confirmó que entre los 10 cuerpos recibidos tras los bombardeos contra las disidencias de alias 'Calarcá' en el Guaviare, se encuentran tres menores de edad. pic.twitter.com/bKq4KLQXK6
— El Espacio Digital (@EspacioDigCol) August 31, 2026
«Eran combatientes»: El Gobierno defiende la legalidad de la Operación Amón
Ante las reacciones generadas por la confirmación de la muerte de los tres menores en el bombardeo, el ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, emitió un pronunciamiento oficial en el que aseguró que las tropas mantuvieron una rigurosa observancia de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante la fase de planeamiento y ejecución de la misión.
El jefe de la cartera militar precisó que la Operación Amón tenía como objetivo estratégico neutralizar una campamento del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ conducido por alias ‘Cotiz’, estructura señalada por actividades de narcotráfico, extorsión y atentados contra la Fuerza Pública en la cuenca amazónica.
El general Mora precisó que, según la verificación oficial realizada en la zona de operaciones, los menores de edad fallecidos en el ataque contaban con edades de dos jóvenes de 15 años y uno de 16 años, sosteniendo que todos ellos se encontraban en «función continua de combate» dentro de la organización armada.
Asimismo, la cartera de Defensa entregó el balance consolidado del material incautado y los resultados operativos en el punto del impacto:
- 1 persona capturada en el sitio de las acciones.
- 1 menor de edad rescatado, a quien se le restablecieron sus derechos tras ser apartado de las filas del grupo ilegal.
- Material de guerra decomisado: 19 fusiles de asalto, 7 ametralladoras, 15 armas cortas, 1 mortero de 60 mm, 22 granadas para mortero, 8 granadas de 40 mm, 174 proveedores y más de 29.000 cartuchos de munición de diferentes calibres.
- Sustancias y explosivos: 184 minas antipersona y 20 granadas adaptadas para el lanzamiento desde dispositivos dron.
Responsabilidad criminal del reclutamiento y reimpulso a reformas penales
El ministro Mora López enfatizó que la presencia de menores en los campamentos delictivos obedece exclusivamente a la conducta sistemática y punible de las organizaciones al margen de la ley.
«El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narco terroristas, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sino también la normatividad nacional», aseveró el ministro de Defensa.
Para hacer frente a este fenómeno, los ministerios de Defensa y Justicia anunciaron la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional junto con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, encaminada a endurecer las penas por reclutamiento ilícito e incrementar el juzgamiento contra las cadenas de mando de las estructuras armadas.
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Por su parte, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, respaldó de manera irrestricta la actuación de los mandos militares en el departamento del Guaviare.
«Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas. Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario», declaró el Jefe de Estado.
Los análisis forenses continuarán en las sedes institucionales para esclarecer totalmente la filiación del décimo cuerpo e informar a los familiares de las víctimas identificadas.
#Nacional | El @mindefensa), entregó detalles sobre la operación conjunta de las Fuerzas Militares
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(@FuerzasMilCol) y la Policía Nacional (@PoliciaColombia) contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de alias 'Calarcá' en el Guaviare. pic.twitter.com/DVE1PadD3G





