En un movimiento clave para la política fiscal de Colombia, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó oficialmente este jueves 27 de agosto de 2026 ante el Congreso de la República el nuevo texto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027. La propuesta fija un monto total de 634,9 billones de pesos, lo que representa un incremento de 58 billones de pesos respecto al borrador inicial presentados por la administración saliente.
El reajuste de las cuentas públicas se produce dos semanas después de que las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara aprobaran, el pasado 11 de agosto, la devolución del proyecto original a solicitud del propio ministro Gómez Martínez, con el fin de sanear inconsistencias macroeconómicas y atender la coyuntura nacional.
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Un faltante de $30,2 billones y desacoples con el Estatuto Orgánico del Presupuesto
De acuerdo con el documento oficial remitido por la Presidencia de la República, la reformulación busca corregir las bases de cálculo del borrador radicado previamente por el exministro de Hacienda Germán Ávila, el cual fijaba una meta presupuestal de 575,6 billones de pesos (equivalente al 27 % del PIB), pero registraba ingresos proyectados de tan solo 545,4 billones de pesos, dejando al descubierto un faltante de caja de 30,2 billones de pesos.
El Gobierno argumentó que el texto devuelto infringía los artículos 20 y 21 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) al desalinearse de las metas de inflación, crecimiento económico y balance externo:
- Subestimación de la inflación: El texto anterior fijó la inflación de cierre de 2026 en 6,0 %, pese a que el registro observado a julio ya alcanzaba el 6,03 % y el Banco de la República proyectaba un 6,9 %. Esta brecha de 90 puntos básicos distorsionaba negativamente el cálculo de indexación legal de los gastos públicos.
- Sobreestimación del crecimiento económico: Se proyectó un crecimiento del PIB del 2,2 % para 2027, en contraste con el 1,9 % estimado en el Informe de Política Monetaria del emisor, inflando ficticiamente el recaudo tributario y la base gravable del Estado.
“La reformulación de este proyecto de ley tiene, por tanto, un propósito preciso: poner la casa en orden”, precisa el articulado justificativo de la Casa de Nariño.
La atención a la emergencia del terremoto y el nuevo trámite legislativo
A los desajustes en el cálculo de las variables macrofiscales se suma el impacto económico derivado del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Esta emergencia motivó la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica bajo el Decreto 1261 de 2026, la cual exige canalizar partidas presupuestales extraordinarias para la reconstrucción física de infraestructura, la atención humanitaria y el soporte de las zonas damnificadas, articuladas a un proceso estricto de consolidación fiscal.
Con la radicación formal del nuevo texto por $634,9 billones, las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes iniciarán la fase de ponencias, debates y eventuales modificaciones para definir el monto definitivo que pasará a sanción presidencial.
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Radiografía de la propuesta presupuestal devuelta
Para entender el margen de reajuste en las partidas, el proyecto presentado en la administración anterior establecía la siguiente distribución del gasto:
- Funcionamiento: $367,6 billones (donde el 75,4 % correspondía a transferencias de ley).
- Servicio de la deuda: $118 billones de pesos.
- Inversión pública: $90 billones de pesos.
Las comisiones económicas del Congreso comenzarán el estudio de las nuevas tablas de apropiación en los próximos días para garantizar que el techo de gasto de 2027 cumpla con la Regla Fiscal y la sostenibilidad macroeconómica de la nación.
