En una decisión trascendental que agota la vía administrativa, la Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal en contra de la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., firma que estuvo a cargo de la administración y operación de la red de cementerios públicos de la capital. El organismo de control dejó en firme la existencia de un hallazgo por presunto detrimento patrimonial que asciende a $7.451.331.688,94 pesos.
Con este pronunciamiento, el ente de control distrital ratifica las irregularidades detectadas en el manejo de las cuentas y tarifas cobradas por la prestación de servicios funerarios en la ciudad, cerrando definitivamente la posibilidad de presentar nuevos recursos o apelaciones dentro de la vía ordinaria del proceso fiscal.
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El origen de la investigación: Fallas en el esquema fiduciario
La actuación procesal, adelantada por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, centró su lupa sobre la ejecución del Contrato de Concesión No. 415 de 2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la mencionada empresa contratista. Dicho acuerdo otorgaba a la firma privada la administración integral de los cuatro cementerios del Distrito Capital: Central, Norte, Sur y Serafín.
De acuerdo con el acervo probatorio recopilado por los auditores, la empresa concesionaria incurrió en una falta grave al manejar los dineros provenientes de las tarifas y servicios funerarios a través de cuentas bancarias independientes y privadas, omitiendo la obligación de canalizar dichos fondos mediante el esquema de fiduciaria estipulado de manera explícita en el contrato.
La investigación determinó que esta práctica irregular se mantuvo incluso después de haber vencido el periodo de transición reglamentado, lo que impidió la trazabilidad directa de los dineros públicos y configuró la afectación patrimonial al erario de la ciudad.
Desestimados los argumentos de la defensa del concesionario
Durante la etapa de apelación, los apoderados de la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. argumentaron que las discrepancias operativas surgidas en el desarrollo del contrato, sumadas a supuestos desacuerdos técnicos con la UAESP, justificaron la adopción de mecanismos alternos para administrar los flujos de caja.
Sin embargo, el despacho de segunda instancia de la Contraloría desestimó de forma categórica tales alegatos, señalando que ninguna discrepancia de carácter operativo o administrativo faculta a un contratista a pasar por encima de las cláusulas financieras de un contrato de concesión.
«Las diferencias contractuales no autorizan a un concesionario a administrar recursos públicos por fuera de los mecanismos de control y salvaguarda definidos expresamente en el contrato», enfatizó el ente de control en el cuerpo del fallo.
La entidad recordó que la administración de recursos de origen público debe ceñirse sin excepciones a los principios de transparencia, trazabilidad, legalidad y destinación específica, respetando los canales institucionales previamente acordados.
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Cobro coactivo para recuperar las arcas del Distrito
Con la confirmación del fallo en segunda instancia, la Contraloría de Bogotá queda plenamente facultada para iniciar las gestiones de jurisdicción coactiva y embargo de bienes contra la sociedad sancionada y sus representantes legales.
El objetivo primordial del organismo de control será lograr la recuperación efectiva y el reintegro a las arcas de la capital de los más de $7.451 millones de pesos comprometidos en la gestión de los cementerios distritales.
🚨 #Atención | Ratificamos, en segunda instancia, fallo de responsabilidad fiscal contra concesionario de cementerios públicos de #Bogotá por un detrimento de $7.451 millones ❌
— Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) July 28, 2026
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