El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, abandonó las instalaciones del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá (La Picota). Fuentes de alta fidelidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmaron que el exmandatario departamental obtuvo su boleta de libertad el pasado viernes 22 de mayo de 2026, luego de que su equipo jurídico certificara el cumplimiento total y definitivo de la pena principal impuesta por la justicia nacional.
Lyons Muskus se encontraba recluido en el pabellón de funcionarios públicos (Ere) de la prisión capitalina desde el 4 de agosto de 2025, fecha en la que fue reseñado tras arribar deportado al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo oficial procedente de los Estados Unidos.
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El origen de la condena y el acuerdo con la justicia
El expolítico, quien asumió las riendas de Córdoba con apenas 30 años para el periodo 2012–2015, protagonizó una de las tramas de corrupción administrativa más agresivas del norte del país. En 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo halló penalmente responsable del delito de concierto para delinquir, tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía.
- La sentencia: La pena tasada en su momento fue de 5 años y 3 meses de prisión.
- Paso por EE. UU.: Gran parte de ese tiempo lo cumplió en territorio estadounidense tras convertirse en testigo protegido y colaborador directo de la DEA y el FBI. Su aporte ayudó a desmantelar redes mafiosas que tocaban las más altas esferas del poder judicial colombiano.
- El saldo de la red: El alto tribunal demostró que Lyons lideró un entramado que desvió cerca de $9.000 millones provenientes de las regalías departamentales, recursos que debían ser inyectados en ciencia y tecnología.
Los carteles de la corrupción y el «Cartel de la Toga»
La colaboración de Alejandro Lyons en el exterior fue el detonante para destapar el histórico escándalo del «Cartel de la Toga», una organización delictiva enquistada en la Corte Suprema de Justicia donde magistrados y abogados cobraban millonarias sumas de dinero a cambio de engavetar, dilatar o fallar a favor de congresistas e investigadores. Sus delaciones permitieron procesar a más de 20 personas en Colombia.
Asimismo, bajo su administración se orquestó el repudiable «Cartel de la Hemofilia». De acuerdo con los expedientes de la Procuraduría —que le impuso una drástica inhabilidad—, la Gobernación autorizó pagos superiores a los $7.000 millones a IPS ficticias o sin contratos legales para simular tratamientos médicos a pacientes inexistentes, desangrando el presupuesto de la salud regional. La Fiscalía sostiene que estos desvíos masivos contaron con la coautoría del clan político de los hermanos Edwin y Musa Besaile, este último condenado recientemente por la Corte Suprema a 11 años de prisión por este mismo expediente.
El capítulo no resuelto: El caso Jairo Zapa
A pesar de recobrar su libertad por el delito de concierto para delinquir, sobre el entorno de Alejandro Lyons se mantiene la sombra de un expediente de violencia que la sociedad cordobesa se niega a olvidar: el homicidio de Jairo Zapa Pérez, quien ejercía como director de Regalías del departamento.
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Zapa desapareció misteriosamente el 27 de marzo de 2014 y su cuerpo sin vida fue hallado el 4 de agosto de ese mismo año, enterrado en una fosa clandestina a escasos metros de una propiedad rural perteneciente a la familia del entonces gobernador Lyons.
La principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación vincula la muerte del funcionario con las presiones y denuncias internas que este pretendía realizar sobre las graves anomalías en la adjudicación de los contratos de Ciencia y Tecnología. Aunque Lyons ha rendido declaraciones formales en las que niega su participación en el crimen, la familia de la víctima mantiene un reclamo activo ante los jueces de la República exigiendo que la verdad total salga a la luz y se castigue a los autores intelectuales del asesinato.
