Una nueva ola de indignación sacude a la capital colombiana tras la viralización de una denuncia por presunto abuso policial y uso excesivo de la fuerza en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El caso, que involucra agresiones físicas y el uso reiterado de dispositivos de control eléctrico (taser), fue sacado a la luz por la concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez Barreto.
Los hechos: Un control de identidad que terminó en violencia
De acuerdo con el reporte oficial de la cabildante, los sucesos tuvieron lugar el pasado 3 de marzo de 2026, aproximadamente a las 9:40 p. m., en el barrio Santa Librada. La víctima, un joven que acababa de salir de su rutina de entrenamiento en un gimnasio local, fue interceptado por dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá para un procedimiento de rutina.
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A pesar de que el ciudadano no portaba su cédula física en ese instante, ofreció alternativas digitales y verbales para su identificación. No obstante, los agentes procedieron a un registro exhaustivo de sus pertenencias, encontrando un envase de creatina, un suplemento nutricional de venta libre y uso común entre atletas.
Uso desproporcionado de la fuerza y dispositivos taser
La situación escaló de manera alarmante cuando los uniformados calificaron el suplemento como una «sustancia rara». Bajo este argumento, y según testimonios recolectados en la zona, el operativo se transformó en una detención agresiva.
Puntos clave de la denuncia:
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Agresión física: Testigos aseguran que el joven fue empujado y sometido mediante maniobras de asfixia (ahorcamiento).
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Tortura eléctrica: Se denuncia el uso del dispositivo taser en repetidas ocasiones contra la integridad del ciudadano, sin que mediara una situación de peligro inminente.
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Apoyo policial masivo: Minutos después, el lugar se llenó de patrullas y motorizados, incrementando la presión sobre el joven deportista de manera injustificada.
Denuncias de agresiones en el CAI Monteblanco
Tras el arresto, el ciudadano fue trasladado al CAI Monteblanco. Según el relato de la víctima difundido por la concejala Sánchez, las agresiones no cesaron en la unidad policial. El joven afirma haber recibido golpes y amenazas directas contra su vida por parte de los uniformados, quienes le advirtieron sobre las consecuencias de volver a encontrarlos en la calle.
Irregularidades con pertenencias personales
Otro de los puntos críticos de la denuncia apunta a la desaparición temporal del teléfono celular de la víctima mientras estaba bajo custodia oficial. Según el testimonio, los agentes solo accedieron a devolver el dispositivo cuando el joven les informó que el sistema de rastreo GPS y ubicación activa estaba encendido, lo que evidenciaría el paradero del equipo.
«El joven fue dejado en libertad alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente, tras pasar toda la noche bajo custodia oficial sin una justificación legal clara«, señaló la concejala Sánchez en sus redes sociales.
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Reacciones y falta de protocolos técnicos
Este caso ha reavivado el debate nacional sobre los protocolos de actuación de la Policía Nacional y la alarmante falta de capacitación técnica de algunos agentes para identificar sustancias legales de uso cotidiano, como los suplementos deportivos.
La ciudadanía y diversos sectores políticos exigen a la Inspección General de la Policía y a la Personería de Bogotá una investigación inmediata que permita identificar a los responsables de este presunto caso de tortura y extralimitación de funciones.
