En un espaldarazo clave para la modernización de la defensa nacional, la Contraloría General de la República confirmó este jueves que el proceso de adquisición de las aeronaves Gripen, fabricadas por la empresa sueca Saab, cumplió estrictamente con los estándares legales, técnicos y económicos exigidos por el Estado colombiano.
Tras una exhaustiva auditoría a los documentos clasificados en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el ente de control concluyó que la compra, liderada por el gobierno de Gustavo Petro, responde a una necesidad estratégica urgente: el reemplazo de la obsoleta flota de aviones Kfir.
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Saab vs. Dassault: ¿Por qué ganó la propuesta sueca?
El informe de la Contraloría revela que, aunque se recibieron ofertas de potencias como Estados Unidos, Francia y España, solo las propuestas de Saab (Suecia) y Dassault (Francia) presentaron la información técnica y económica suficiente para una evaluación profunda.
Finalmente, la balanza se inclinó hacia el Gripen por tres factores determinantes:
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Eficiencia económica: Mientras el techo presupuestal era de COP 16,5 billones, el contrato se cerró por cerca de COP 14 billones, representando un ahorro significativo para el erario.
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Tiempos de entrega: Saab garantizó una entrega más temprana de las unidades, alineándose con el cronograma de retiro de los Kfir.
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Capacidad operativa: El paquete incluye 17 aeronaves nuevas, entrenamiento técnico, soporte logístico y armamento de última generación.
Superioridad técnica y adaptabilidad al terreno
La evaluación técnica de la FAC, que contempló 157 subvariables, destacó que el Gripen es el avión que mejor se adapta a la accidentada geografía colombiana. El órgano de control subrayó ventajas comparativas cruciales:
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Costos de operación: Al ser una aeronave monomotor, el costo por hora de vuelo y el sostenimiento a largo plazo son inferiores a los de modelos bimotor.
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Versatilidad logística: El Gripen tiene la capacidad única de operar en pistas cortas e incluso en carreteras convencionales, una ventaja táctica en escenarios de conflicto o infraestructura limitada.
Estructura de pagos y garantías legales
A pesar de la magnitud de la inversión, el contrato establece un esquema de pagos diseñado para no asfixiar las finanzas públicas de forma inmediata:
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Anticipo (40%): Se pagará en seis cuotas anuales entre 2026 y 2031.
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Saldo (60%): Se cancelará contra entrega de los aviones entre 2028 y 2032.
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Marco Legal: La Contraloría destacó que el contrato está blindado bajo la ley colombiana, incluyendo cláusulas penales y garantías de calidad.
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Vigilancia permanente en 2026
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró el pronunciamiento, asegurando que el proceso fue un ejemplo de «transparencia y rigor constitucional». No obstante, la Contraloría advirtió que no bajará la guardia.
Debido a la trascendencia económica de la operación, el ente de control realizará un seguimiento permanente durante el primer semestre de 2026. El objetivo es garantizar que la ejecución del contrato y la transferencia tecnológica se realicen sin contratiempos, asegurando que cada peso invertido contribuya efectivamente a la soberanía nacional.
